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Caso Acuamed: denuncian un sobrecoste de 16 millones en la desaladora de Torrevieja
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Caso Acuamed: denuncian un sobrecoste de 16 millones en la desaladora de Torrevieja

La empresa que supervisaba la obra asegura al juez Velasco que avisó a la sociedad pública de que la liquidación final estaba inflada. Sus ingenieros se negaron a firmarla al considerarla irregular

Foto: Registro de la Guardia Civil en la sede de Acuamed. (EFE)
Registro de la Guardia Civil en la sede de Acuamed. (EFE)

La empresa de ingeniería Typsa, que se encargó la supervisión técnica de las obras de la desaladora de Torrevieja (Alicante), se negó a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona, la adjudicataria del proyecto, a Acuamed al considerar que estaba inflada en 16 millones de euros. Así lo declaró el pasado martes uno de sus ingenieros ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga las irregularidades en la contratación en esa sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura. El magistrado ha imputado a varios de sus directivos y a cargos de Acciona y FCC por malversación, cohecho, prevaricación y fraude a la administración, entre otros delitos.

Typsa, en unión temporal de empresas (UTE) con Inalsa realizó, por encargo de Acuamed, la supervisión de la redacción del proyecto y, posteriormente, la de la ejecución de las obras. Su cometido consistía en realizar el control cuantitativo y cualitativo de las obras durante su ejecución así la realización de informes para la empresa pública sobre su marcha, entre otras funciones. Por las manos de sus empleados pasaron todas las certificaciones presentadas por la adjudicataria de la obra, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua. También la liquidación final de la obra. La desaladora se puso en marcha en agosto de 2015.

Fue precisamente esta liquidación final la que sorprendió a la empresa de ingeniería contratada por Acuamed. Sus empleados estimaban que su coste final rebajaría en dos millones el presupuesto de la obra que, según fuentes de la investigación, estaría en torno a los 180 millones de euros descontando las expropiaciones de los terrenos en los que se construyó. Su sorpresa fue que, la dirección de la obra, es decir Acuamed, le presentó una liquidación final propuesta por Acciona que incrementaba la valoración hecha por Typsa en 18 millones de euros.

Declaran ante el juez los detenidos por el caso Acuamed

El ingeniero encargado de la supervisión de la obra, que declaró el martes ante el juez Velasco como testigo, aseguró que, por esa razón, se negó a firmar la liquidación al apreciar que no se correspondía con la realidad de los trabajos realizados que ellos habían supervisado. Y así se lo hicieron saber a Acuamed. El testigo afirmó además que desconoce si, finalmente, esa cantidad se abonó a la adjudicataria de la obra, la UTE de Acciona. Entre los más de 13 detenidos en la operación Fontino, la que destapó el fraude en las adjudicaciones de Acuamed, se encuentra el director de infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras Justo Vicente Pelegrini.

La mayor desaladora de Europa

La construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja, que entró en servicio en 2015, fue adjudicada por Acuamed a una UTE formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua con un presupuesto total de 260 millones de euros, incluidas las expropiaciones de los terrenos y los impuestos. Se trata de la desaladora más grande de Europa con una capacidad de producción de 240.000 metros cúbicos al día.

Otra de las obras investigadas por el juez Eloy Velasco es un contrato de 10,9 millones de euros para la construcción de un sistema de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable de los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel. Las obras se licitaron en octubre de 2013 y fueron adjudicadas en julio de 2014. Todavía no han concluido, pero los investigadores de la UCO tienen indicios de que los directivos de Acuamed adjudicaron fraudulentamente ese proyecto a la empresa Altyum Proyectos y Obras, que publicita el logro en su propia página web.

También se han detectado irregularidades en las certificaciones de obra de la desaladora de Carboneras (Almería). La construcción de la planta finalizó en 2009, pero aún están pendientes de pago facturas que habrían sido infladas por la firma adjudicataria con la connivencia de los responsables de la empresa pública dependiente de Agricultura. Otros proyectos de menor envergadura siguen bajo investigación y podrían acabar elevando el fraude de 20 millones de euros contabilizado hasta ahora.

El origen de la denuncia que provocó la apertura de este caso en septiembre de 2014 partió de la propia Acuamed, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas. El anterior director de Ingeniería y Obras de la sociedad dependiente de Agricultura, Francisco Valiente, denunció ante su consejo de administración estas supuestas prácticas corruptas, pero la advertencia fue ignorada y Valiente acabó siendo relevado del cargo. El directivo decidió entonces reiterar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que tras estudiar su contenido decidió abrir un procedimiento tutelado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha acabado desembocando en la operación Frontino.

La empresa de ingeniería Typsa, que se encargó la supervisión técnica de las obras de la desaladora de Torrevieja (Alicante), se negó a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona, la adjudicataria del proyecto, a Acuamed al considerar que estaba inflada en 16 millones de euros. Así lo declaró el pasado martes uno de sus ingenieros ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga las irregularidades en la contratación en esa sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura. El magistrado ha imputado a varios de sus directivos y a cargos de Acciona y FCC por malversación, cohecho, prevaricación y fraude a la administración, entre otros delitos.

Operación Frontino Acuamed Ministerio de Agricultura Audiencia Nacional Fiscalía Anticorrupción UCO Almería
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