Ofensiva jurídica para que declare Granados y deje al margen de Púnica la trama 'online'

El experto en reputación 'online' imputado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, ha lanzado una ofensiva jurídica para tratar de desgajar la parte del sumario que le afecta de la investigación que instruye desde junio de 2014 el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. La defensa de De Pedro ha solicitado al juez Eloy Velasco que tome declaración de nuevo a los dos supuestos cabecillas de la red, el exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y su socio David Marjaliza, para intentar demostrar que los hipotéticos hechos delictivos en los que habría incurrido el informático no guardan relación con la actividad fundamental de la red corrupta.

El experto en reputación 'online' fue detenido en la primera fase de la operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, acusado de haber realizado trabajos para mejorar la imagen de políticos en internet y redes sociales que eran costeados con fondos públicos. Como adelantó El Confidencial, entre sus clientes figuraban el Gobierno madrileño de Ignacio González, además de numerosos ayuntamientos de toda España y también grandes empresas del Ibex 35. Velasco lo envió automáticamente a prisión provisional tras imputarle los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información y fraude, aunque dos meses después lo dejó en libertad sin fianza.

El juez puso en marcha una segunda fase del caso Púnica en junio de 2015 centrada en los contratos públicos que habrían recibido las dos empresas de De Pedro, Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, para realizar labores de reputación en internet. Desde entonces, el peso de las investigaciones se ha desplazado hacia los dos principales negocios de la red corrupta: el amaño de contratos de eficiencia energética para la multinacional francesa Cofely y el pago de comisiones a cambio de suelo público para construir vivienda protegida.

De Pedro intenta ahora que Granados y Marjaliza admitan ante el juez que los trabajos que realizaban sus dos empresas de consultoría 'online' para administraciones públicas no tienen ninguna conexión con la actividad esencial de la trama ni con sus prácticas delictivas. “Consideramos dichas declaraciones necesarias, útiles y adecuadas a fin de acreditar convenientemente la inexistencia de relación alguna de los hechos que se imputan a nuestro defendido con actividades o hechos que se imputan a los solicitados”, consta en el documento que ha recibido el juez Velasco y al que ha tenido acceso este diario.

En el mismo escrito, el representante de De Pedro también solicita al instructor de la causa que devuelva al acusado los documentos y los soportes informáticos que le fueron incautados a su cliente durante el registro de sus oficinas. Como reveló este diario, el informático habría sido contratado por el CNI para tratar de combatir ataques a España en páginas web y foros radicales de contenido independentista y yihadista. Parte de esos trabajos realizados para los servicios de inteligencia estarían almacenados en el teléfono móvil y el ordenador personal que se llevó la Guardia Civil cuando lo detuvo.