La familia de dos guardias civiles asesinados por ETA recusa a la jueza que instruye el caso

Los padres de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palma Nova (Baleares) en 2009, han recusado a la jueza que instruye la causa que investiga a cinco jefes de la banda por lesa humanidad, Carmen Lamela, por entender que las últimas decisiones de la magistrada han mostrado una falta de imparcialidad por su parte. La titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, ante la solicitud presentada el pasado viernes por los padres de los dos guardias, por la Fundación Luis Portero y la asociación Dignidad y Justicia, que se unieron a la reclamación, decidió retirarse del caso hasta que la Sala de lo Penal decida al respecto.

Este martes estaba previsto que declarara ante la jueza Lamela el exjefe de ETA Aitor Elizarán, procesado por lesa humanidad por la Audiencia Nacional junto a otros cuatro exdirigentes de la organización. El testimonio, sin embargo, no ha llegado a producirse debido a la decisión de la instructora de apartarse temporalmente de la causa, que ha recaido por normas de reparto internas en el titular del Juzgado Central número 6, Eloy Velasco.

Los recusantes han argumentado que Lamela no ha guardado la apariencia de imparcialidad que se exige a un magistrado, ya que la instructora entró en contacto con la defensa de Elizarán, como publicó 'La Razón', antes de ordenar la entrada en el domicilio del etarra, exjefe político y de logística del aparato directivo de la banda, extremo que no se comunicó a las acusaciones (padres y asociaciones) personadas en la causa, lo que a juicio del recurrente vulnera el principio de igualdad de armas, que vela por que todas las partes tengan toda la información del proceso judicial.

Las víctimas también se quejan de que la magistrada tampoco notificó a las partes la entrada en el supuesto domicilio de Elizarán el pasado 12 de diciembre, a pesar de que el Estatuto de la Víctima (en vigor desde octubre) indica expresamente que debía hacerlo. Argumentan también que, una vez que la Guardia Civil comprobó que el exjefe de ETA no se encontraba en la vivienda, como supuestamente había comunicado la abogada de Elizarán al juzgado, la magistrada debería haber dictado "inmediatamente" -como indica el artículo 836 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- una orden de detención, cosa que no hizo Lamela.

Según los recurrentes, la instructora tampoco informó a las partes de que el exdirigente etarra no se encontraba en su domicilio, extremo del que las víctimas aseguran haber tenido conocimiento por la prensa, no por el Juzgado, y que vendría a demostrar esa apariencia de parcialidad que estaría demostrando Lamela. Los padres de los guardias civiles acusan también a la magistrada de haber sido asesora del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se posicionó a favor de los contactos con la banda terrorista, y del exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que criticó abiertamente en el Congreso de los Diputados a la asociación Dignidad y Justicia, que conforma la acusación popular en la causa junto a la Fundación Luis Portero.

Los argumentos esgrimidos por las acusaciones, según ellas mismas, aventuran que el resto de la instrucción no se desarrollará bajo el principio de apariencia de imparcilidad, por lo que no contará previsiblemente, por lo tanto, con todas las garantías. La jueza ordenó el pasado diciembre trocear el caso de lesa humanidad con el fin de repartirlo entre los distintos juzgados que han entendido en algún momento respecto a los cinco procesados y, según arguyó la magistrada, agilizar el proceso. La decisión fue recurrida por las acusaciones, por lo que la Sala de lo Penal también está pendiente de decidir sobre el asunto.

Elizarán se personó el pasado viernes en la Audiencia Nacional tras llevar un mes y medio desaparecido. El Juzgado le notificó su procesamiento y la Fiscalía evitó pedir prisión, a pesar de que el Ministerio Público ya se había posicionado a favor de detenerle cuando tuvo conocimiento de que el exjefe de ETA había cumplido su pena en Francia y había sido trasladado a España. En concreto, esto último ocurrió el pasado 4 de diciembre, viernes, y al día siguiente el juez José de la Mata -que estaba de guardia- ordenó la detención de Elizarán con el respaldo del Ministerio Público.

Elizarán y José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera' -que está en paradero desconocido- son los únicos exdirigentes de ETA procesados por lesa humanidad por el juez Juan Pablo González, predecesor de Lamela, que se encuentran fuera de prisión. Los otros tres -Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Aitxol Iriondo Yarza y Mikel Carrera Sarobe 'Ata'- aún están entre rejas por otros delitos.