Las 10 horas en que la Monarquía se sentó en el banquillo

Seria, con gesto impasible. Como si fuera consciente de que cualquier mueca suya pudiera dar lugar a cientos de interpretaciones, Cristina de Borbón, infanta de España y hermana e hija de reyes, permaneció durante casi 10 horas sentada en la última fila del banquillo de los acusados. Con su chaqueta oscura y su pantalón gris, a tres sillas del puesto que ocupaba su marido, Iñaki Urdangarin, se mantuvo casi inmóvil. Mirada fija y manos entre las piernas. Inexpresiva, sin apenas mostrar emoción. Solo cuando pasadas las nueve y cuarto de la mañana el secretario judicial procedió a leer los delitos de los que se le acusa, pudo verse cierto brillo en sus ojos que apenas podía adivinarse.

Acababa de empezar el juicio del caso Nóos. Un proceso histórico en el que, por primera vez, un miembro de la familia real se enfrenta a penas de cárcel. A ocho años, concretamente. El sindicato Manos Limpias acusa a Cristina de Borbón de dos delitos contra la Hacienda Pública como cooperadora necesaria de su esposo a través de la sociedad patrimonial de ambos, Aizoon. A dicha sociedad, de la que ambos eran propietarios, habrían llegado parte de los fondos obtenidos por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, y que habrían desviado de diversas administraciones públicas a través del Instituto Nóos. En total, la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda durante dos ejercicios asciende a 337.000 euros. Su marido, Iñaki Urdangarin, se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel.

Pero el principal asunto a tratar en la jornada de ayer, la primera de una vista que se extenderá durante seis meses, fue si se archivaba el caso contra ella. Dos acusaciones en última instancia dependientes del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, solicitaron al tribunal que le aplicara la doctrina Botín. Esa doctrina del Supremo, creada en 2007 en el caso de las cesiones de crédito y que sirvió para absolver al presidente del Santander Emilio Botín, establece que la acusación popular -en el caso Nóos, Manos Limpias- no puede instar la apertura de juicio contra un acusado si el Ministerio Público y el perjudicado por el delito se oponen. Y el principal perjudicado por los presuntos delitos de la infanta, la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, quiere exonerar a Cristina de Borbón. Lo mismo el fiscal Pedro Horrach.

Horrach ya había solicitado que la Infanta no se sentase en el banquillo en su escrito de acusación. “La legitimación en solitario de la acusación popular“, es decir, de Manos Limpias, “para instar la apertura de juicio oral exige la concurrencia de las dos siguientes circunstancias: que se trate de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos y que no exista posibilidad de personación de un interés (acusación) particular”, advirtió Horrach. “Es evidente que no concurre la segunda circunstancia, puesto que el interés particular se halla representado por la Abogacía del Estado como acusación particular”, añadió.

Ayer, el fiscal del caso Nóos combatió los argumentos con los que el juez instructor del caso, José Castro, desestimó su petición. El magistrado rechazó la aplicación de esa doctrina al entender que el fiscal, en realidad, sí acusaba por los delitos fiscales que Manos Limpias imputa a la Infanta, con la única diferencia de que no lo hacía respecto de su esposa como cooperadora necesaria, sino solo contra Iñaki Urdangarin. Horrach invocó un caso similar en el que la Audiencia de Vizcaya archivó la causa respecto a una persona contra la que ni el fiscal ni la acusación particular acusaban. "No es posible que en idénticas circunstancias un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y uno de Baleares sí", aseguró.

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También se refirió a los intereses que, desde el punto de vista jurídico, protegen el delito que Manos Limpias imputa a la Infanta, el delito contra la Hacienda Pública. El Supremo, en la doctrina Atutxa, que modificó parcialmente la doctrina Botín solo cuatro meses después de establecerla, aseguró que solo en los casos en que esos intereses fueran "difusos" y afectaran a todos los ciudadanos, la acusación popular podría acusar en solitario. "El caracter difuso de los delitos contra la Hacienda Pública solo es posible mantenerlo desde un punto de vista sociológico", aseguró Horrach, que defiende que el único perjudicado de ese delito es la Agencia Tributaria, y no la sociedad en general.

Hasta ayer, el segundo requisito de la doctrina Botín, es decir, que la acusación particular -en este caso la Agencia Tributaria representada por la Abogacía del Estado- no hubiera pedido la apertura de juicio a la Infanta, no se había producido. Su representante, Dolores Ripoll, se había limitado a no acusarla sin pedir expresamente que se archivara el caso respecto a ella. Pero ayer se adhirió sin dudarlo a las tesis del fiscal y pidió que se aplicara.

"No existe la acusación pública en materia tributaria", defendió Ripoll. Para la abogada del Estado, una acusación popular como Manos Limpias puede denunciar una infracción tributaria, aunque según la letrada, debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esa actuación es únicamente del erario público cuya defensa corresponde en exclusiva a la Abogacía del Estado. "Hacienda somos todos solo es un eslogan publicitario", subrayó.

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Ambas acusaciones públicas coincidieron en este punto con la defensa de Cristina de Borbón. Su abogado, Jesús María Silva, que acudió al juicio acompañado del padre de la Constitución Miquel Roca, afirmó que de no apreciarse la doctrina Botín, se vulnerarían los derechos fundamentales de la Infanta a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías. Por tres veces consecutivas, elevando el tono de forma vehemente, el letrado advirtió al tribunal de que esa doctrina "es vinculante para los órganos de la jurisdicción".

Así pues, la semilla para el inmediato archivo del juicio a la infanta quedó plantada en la primera jornada del juicio. Pero los ataques a la Corona no cesaron. Sobre todo por parte del exsocio de Urdagarin. Su abogado, Manuel González Peeters, volvió a solicitar que el Rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I -se refirió a ellos como "el cuñado y el suegro de Urdangarin"- comparezcan como testigos ante el tribunal. Este había rechazado la prueba el pasado 2 de octubre al recordar que la ley los dispensa de declarar ante cualquier tribunal. También reclamó la presencia de la reina Sofia o de Corinna Zu Sayn Wittgenstein, la amiga del Rey emérito.

Esas peticiones de declaraciones le ocasionaron un agrio debate con el fiscal. Horrach le respondió que el juicio "ya tenía suficiente interés mediático como para convertirlo en una ceremonia para la distracción del vecindario" y acusó a González Peeters de querer convertir el proceso en "un reality show con la declaración de Corinna". El abogado de Torres protestó por el trato recibido por el Ministerio Público. Al final, Horrach fue advertido por el tribunal por sus modales.

En uno de los días más negros para la Monarquía desde su restauración, en la Escuela Balear de Administración Pública, la sede en la que se celebra el juicio situada en un polígono industrial a las afueras de Palma, también resonaron las palabras del último presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. El fiscal Horrach, al iniciar su alegato para exonerar a la hermana del rey Felipe VI, recordó su discurso 'Paz, piedad y perdón', pronunciado por Azaña en Barcelona el 18 de julio de 1938. "Lo que importa es tener razón. Y después de tener razón, lo que importa casi tanto es saber defenderla", dijo el fiscal. La sección primera de la Audiencia de Palma tiene ahora la última palabra.