La Audiencia Nacional da 24 horas a los directivos de Abengoa para pagar 15 millones

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado las pólizas de seguros presentadas por el expresidente del Consejo de Administración de Abengoa, Felipe Benjumea, y por el exconsejero delegado de la mercantil, Manuel Sánchez Ortega, para cubrir el pago de las fianzas impuestas a ambos directivos. La magistrada, en línea con lo que recomendó la Fiscalía, ha dado 24 horas para que los dos hagan frente a los 11,5 y 4,5 millones que se les impusieron si no quieren que el Juzgado ordene el embargo de bienes por valor de las mencionadas cantidades.

La instructora recuerda que las fianzas deben ser soportadas por Benjumea y Sánchez Ortega, no por la mercantil. Argumenta que "Abengoa, como tomadora del seguro, no es inmune a las excepciones que frente a ella pudieran oponerse por las aseguradoras como consecuencia del contrato entre ellas celebrado".

La póliza suscrita por la empresa -continúa- "y las compañías aseguradoras podrían garantizar las indemnizaciones que pudieran declararse procedentes respecto a terceros perjudicados, pero nunca garantizaría la pérdida sufrida por la propia Abengoa no solo como consecuencia de los fondos que salieron de la sociedad para el impago a los querellados de las cantidades cobradas (...), sino que la misma podría incluso responder frente a terceros como responsable civil en determinados supuestos de los perjuicios a ellos ocasionados".

Tanto Benjumea como Sánchez Ortega aportaron avales de AIG Europe Limited y XL Insurance a través de los cuales cada compañía cubría la mitad de las fianzas de cada uno gracias a las pólizas que Abengoa había suscrito con éstas por responsabilidades de sus directivos y en las que aparece la mercantil como tomadora. La decisión de la juez Lamela, por lo tanto, obliga a ambos a abonar la totalidad de la fianza de su bolsillo y no solo la mitad, como pretendían los investigados.

La juez apunta que los delitos de administración desleal y uso de información privilegiada que se le atribuyen a ambos son dolosos y recuerda que, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la aseguradora asume la obligación de indemnizar. Sin embargo, recuerda también que el alto tribunal añade que en las relaciones internas y contractuales con el asegurado "la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado".