La UDEF investiga a filiales de ACS por amañar los contratos públicos en Cádiz

Un conjunto de empresas del grupo ACS en concierto con otras sociedades mercantiles ajenas al conglomerado dirigido por Florentino Pérez han estado repartiéndose el pastel de los contratos vinculados al alumbrado del Ayuntamiento de Cádiz durante un periodo aún no determinado en colaboración con un funcionario del consistorio. Es la tesis que defienden los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigan los hechos desde 2014 y que acaban de concluir el grueso de las pesquisas de la denominada operación Led.

El titular del Juzgado número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, tomó declaración el pasado noviembre en calidad de investigadas a seis personas vinculadas con la trama. El juez les imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.

En concreto, al director de la Delegación de Tráfico, Alumbrado Público y Protección Civil del ayuntamiento, Germán Molina, considerado por la Policía como el principal artífice de la red, y jubilado desde 2014; al responsable del Área de Patrimonio, Contratación y Compras del consistorio, F. M. P., quien dimitió de su cargo tras conocer que la investigación estaba abierta; al ingeniero delegado de la empresa Imes, J. F. L. F., y a un subordinado, que denunciaron la primera adjudicación presuntamente irregular ante la Fiscalía Provincial en 2011 por despecho, al ser apartados del reparto; a otro ingeniero del grupo ETRA, especializado en la implantación de servicios tecnológicos de tráfico y perteneciente al conglomerado ACS, P. S., y a otra empresaria.

La investigación comenzó tras la denuncia de los dos trabajadores de Imes, quienes pusieron de manifiesto supuestas irregularidades cometidas por la Delegación de Tráfico en la adjudicación del concurso del 15 de octubre de 2008 a la unión temporal de empresas Monelec Electromur, del grupo ACS. Los denunciantes presentaron un conjunto de grabaciones realizadas por ellos mismos de los encuentros que mantenían los representantes de las mercantiles con el funcionario Molina, supuestamente para conocer las condiciones de los concursos y repartirse los que se iban a llevar cada uno. En esas conversaciones se habló del mencionado contrato de 2008 que da origen a la indagación de la Fiscalía.

Este concurso -según los investigadores- iba a ser ganado presumiblemente por Indra, que había presentado la mejor oferta económica. La aparición de la multinacional descolocó los planes de los ahora investigados, que tuvieron que buscar una "argucia legal" -como la denominan los agentes de la UDEF- para revertir la situación y que el servicio fuera adjudicado finalmente a Monelec Electromur, como pretendían. La investigación apunta a que Molina, en concierto con los representantes de Imes y presumiblemente de la filial de ACS, habría modificado los baremos de puntuación para que fuera esta última la que ganara el concurso.

La UDEF de la Comisaría Provincial de Cádiz ha solicitado al ayuntamiento más documentación relativa a otros contratos sospechosos a los que también hacen referencia los interlocutores de las conversaciones grabadas, que se refieren tanto a reuniones en despachos como a diálogos telefónicos. En concreto, se trata de media docena de concursos sobre cuya legalidad los investigadores tienen dudas y que se produjeron de 2008 en adelante. La Policía descarta de momento investigar los casos anteriores a ese año porque existen muchas probabilidades de que hayan prescrito.

Los agentes rastrean también los concursos a los que se presentó el grupo ETRA (ACS), ya que entienden que algunas de sus mercantiles recibían adjudicaciones a pesar de tener procedimientos sancionadores abiertos, cosa que está expresamente prohibida en la legislación. No en vano, un ingeniero del conglomerado se encuentra entre los seis investigados.

Los dos denunciantes que efectuaron las grabaciones y las pusieron a disposición de la Fiscalía, sin embargo, han modificado su actitud una vez que han sido imputados. Sobre todo el ingeniero delegado -que era el representante de Imes que acudía a las reuniones con otros delegados y con el funcionario Molina-, quien al conocer que el juez quería investigarle optó por no declarar. Fuentes de la investigación aseguran que la decisión del juez no podía ser otra que la de acusar también al denunciante, ya que el ingeniero conocía el amaño de los concursos desde un tiempo aún sin determinar y, sin embargo, no hizo nada, sino que, al contrario, se aprovechó presuntamente de la situación.

Las mismas fuentes aseguran que ahora comienza una segunda fase de las pesquisas, que tendrá su base en la documentación solicitada al ayuntamiento referente a otros concursos públicos adjudicados por el mismo departamento. Esta operación tendrá otro nombre -no será Led- e investigará a las empresas que presuntamente se hayan aprovechado a lo largo del tiempo de este modo irregular de funcionar que tenía Molina.

Los investigadores, por el momento, tienen serias sospechas de que empresas del grupo ACS en concierto con otras hayan estado durante un periodo prolongado amañando las adjudicaciones en concierto con Molina. En concreto, algunas de esas mercantiles estaban vinculadas entre sí a través de sus cargos sociales (administrador, apoderado, etc.); otras no tenían relación mercantil, pero sí se ponían de acuerdo entre sí para ir siendo elegidas alternativamente como adjudicatarias de diferentes servicios.

Por el momento, la Policía no ha encontrado pruebas que determinen qué tipo de beneficios recibía el director del departamento de alumbrado público del ayuntamiento a cambio de facilitar estas adjudicaciones al conjunto de empresas afines. Sí tienen indicios que apuntan a que algunos de los servicios que prestaban los adjudicatarios no llegaban a realizarse, así como a que existían facturaciones falsas. Las grabaciones presentadas ante la Fiscalía, por ejemplo, aportan conversaciones en las que Molina indica cómo contabilizar las facturas y realizar los supuestos servicios.

Tras la denuncia de 2011, el Juzgado número 2 de Cádiz encargó las pesquisas a la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco). Después de los primeros informes presentados por este último departamento policial, que también apuntaban a que existían indicios de amaño, el caso entró en 'stand by', ya que el juez López Marchena apenas ordenaba diligencias debido a los continuos recursos que ponían sobre la mesa las defensas. En 2014, el instructor decidió encargar las pesquisas a la UDEF de Cádiz por entender que necesitaba policías especializados en delitos económicos y las diligencias experimentaron un impulso que acaba de dar resultados.