De la Mata admite una querella de Anticorrupción contra Arístegui y De la Serna

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido este martes a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y otras seis personas más por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales e integración en organización cirminal.

El Juzgado número 5 se ha hecho cargo del asunto por estar en funciones de guardia en el momento en que se presentó la querella, que además de contra Gómez de la Serna y Arístegui, también se dirige contra José Faya López, Germán Junquera Palomares, Ramón López Lax, Borja de Arístegui, Cristóbal Tomé y José Félix González Noriega.

La querella de Anticorrupción también se dirigía contra otras seis personas jurídicas vinculadas a los mencionados. En concreto, se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca SL, Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte y Karistia Maroc.

La Policía ha registrado la mañana de este martes las sedes de estas mercantiles (salvo la última mencionada) y los domicilios de los investigados, salvo la de Karistia Maroc y la vivienda de Gómez de la Serna, con el fin de encontrar pruebas que ayuden a la investigación.

Respecto a Gómez de la Serna, el juez se limita a darle traslado de las actuación, dada su condición de aforado, con el fin de que el diputado del Partido Popular pueda ejercer su defensa de la forma que considere oportuna. El magistrado no descarta recibir declaración a Gómez de la Serna, siempre que el aforado se preste a ello de forma voluntaria, con objeto de que se pueda defender.

De la Mata admite que la investigación de la Fiscalía concluye que es posible que se hayan producido pagos a autoridades y funcionarios públicos argelinos

Asegura en el auto de admisión a trámite haber sido "especialmente cuidadoso" durante el registro de las sedes de la sociedad Scardovi y del despacho Voltar Lassen, vinculados a Gómez de la Serna. De ahí que haya pedido expresamente guardar un "escrupuloso" respeto a las garantías constitucionalmente establecidas, dado que un congresista goza de prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento especial reconocidas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El magistrado considera necesario llevar a cabo estas pesquisas "a fin de permitirse una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de la infracción penal, sino de los que pudiera haber de participación en ella de la persona aforada". De ahí que haya ordenado practicar "cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y así constatar suficientemente los hechos que son la base de las presuntas infracciones penales, al efecto no solo de acreditar los mismos, sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada".

De la Mata admite que la investigación preliminar de la Fiscalía concluye que es posible que se hayan producido pagos a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares (lo que implicaría un delito de corrupción en las transacciones económicas) en relación con dos adjudicaciones: la Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta (un concurso de 250 millones de euros) y el Tranvía de Ouargla (230 millones). Ambas fueron adjudicados a las mercantiles Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor a través del despacho Voltar Lassen, dirigido por Gómez de la Serna y Arístegui, y el agente externo Cristóbal Tomé.

El juez también afirma que podría haber un delito de cohecho que vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y a Arístegui, directamente o a través de las sociedades Scardovi y Karistia. Además, añade que podría haberse cometido blanqueo de capitales como delito conexo al cohecho y a la corrupción en las transacciones dado que toda la trama se habría estructurado a nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla que no tenían actividad mercantil y movimientos internacionales de capital "que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento de dinero".

El juez afirma que podría haber un delito de cohecho que vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a De la Serna y a Arístegui

Este último sería presumiblemente el caso, según el auto, de las empresas Arroyo de Lagasca, Karisita Maroc o Castelino. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, "tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".

De la Mata no descarta que los querellados hayan incurrido también en un delito tributario por la apropiación de los fondos dinerarios objeto del blanqueo ni tampoco en otro de integración en organización o grupo criminal, ya que -según el juez- existen indicios de que las mercantiles y sus administradores, junto con funcionarios extranjeros, "se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de empresas españolas en atención a su función pública con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir contratos; y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".