comienza la vista del caso nóos

Dos acusaciones dependientes del Gobierno tratan de dar carpetazo al juicio a la Infanta

El fiscal negará que Manos Limpias pueda acusar a Cristina de Borbón en solitario, y el abogado del Estado no le imputa delitos. La sala estudiará si archiva el caso con la doctrina Botín
Foto: La infanta Cristina, en una foto de archivo. (EFE)
La infanta Cristina, en una foto de archivo. (EFE)

Dos acusaciones dependientes en última instancia del Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, intentarán previsiblemente forzar el carpetazo al juicio contra Cristina de Borbón en la primera jornada de la vista del caso Nóos que se celebra en la Audiencia de Palma. El hecho de que ambas partes no acusen a la Infanta puede dar lugar a la aplicación por el tribunal de la doctrina Botín, es decir, a archivar el caso respecto a ella al considerar insuficiente la acusación popular del sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Por primera vez en la historia de España, un miembro de la familia real, hermana e hija de reyes, se sienta en el banquillo. Cristina de Borbón está acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública como cooperadora necesaria de su esposo, Iñaki Urdangarin. Ambos eran copropietarios de la sociedad Aizoon, la firma mediante la cual habrían cobrado parte de los fondos públicos presuntamente malversados a través el instituto Nóos, con la que habrían defraudado a Hacienda 337.000 euros.

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La primera jornada del juicio está reservada a las cuestiones previas. En ella, tanto la defensa de la Infanta como el Ministerio Fiscal se agarrarán previsiblemente a la doctrina Botín para sacarla del banquillo. La Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria, no ha pedido el archivo del caso respecto a ella, aunque no la acusa de ningún delito. Solo la acusación popular de Manos Limpias señala a la Infanta, para la que pide ocho años de cárcel. El tribunal se ha dado un mes, hasta el 9 de febrero, para estudiar el asunto antes de que empiecen las declaraciones de los 17 acusados.

Dos acusaciones dependientes del Gobierno tratan de dar carpetazo al juicio a la Infanta

La doctrina Botín, creada en diciembre de 2007 por el Supremo en el caso de las cesiones de crédito contra el banquero, mantiene que una acusación popular (la de cualquier ciudadano que trate de defender un interés público, en el caso Nóos, Manos Limpias), no puede instar la apertura de juicio contra un imputado si el fiscal o la acusación particular (la ejercida por el perjudicado directo del delito, en el caso de la infanta, Hacienda a través del abogado del Estado) han pedido el archivo del caso.

La sentencia por la que fue absuelto el presidente del Santander ya fallecido se basaba en una interpretación literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (…) lo acordará el juez”.

Sin legitimación para acusar

El fiscal anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, ya defendió la aplicación de esa doctrina en su escrito de acusación. “La legitimación en solitario de la acusación popular“, es decir, de Manos Limpias, “para instar la apertura de juicio oral exige la concurrencia de las dos siguientes circunstancias: que se trate de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos y que no exista posibilidad de personación de un interés (acusación) particular”, advirtió Horrach. “Es evidente que no concurre la segunda circunstancia puesto que el interés particular se halla representado por la Abogacía del Estado como acusación particular”, añadió.

La Abogacía del Estado, sin embargo, no pidió expresamente que se archivara el caso respecto de la hermana del Rey. En su escrito de conclusiones provisionales, se limitó a no acusarla. Si lo hace, se completarían supuestamente los requisitos para la aplicación de la doctrina Botín. El Ministerio de Justicia, del que depende ese organismo, ha manifestado por activa y por pasiva que su interés es que Cristina de Borbón no sea juzgada, al entender que no cometió ningún delito.

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Los abogados de la Infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, han anunciado que expondrán sus razones para rechazar la posibilidad de que Manos Limpias actúe en solitario contra ella, pero en cada una de las alegaciones de su escrito de defensa niegan la “legitimación procesal” de Manos Limpias para acusar a su cliente. Así pues, se espera que usen argumentos similares a los del fiscal. El viernes, Roca y Silva se mostraron seguros de que el caso se archivaría. “La doctrina Botín es la ley”, aseguraron.

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Delitos que protegen intereses generales

Apenas cuatro meses después de instaurar la doctrina Botín, el Supremo la rectificó sustancialmente. Fue lo que se conoció entonces como la doctrina Atutxa, en honor al expresidente del Parlamento vasco del PNV. Con ella los magistrados del alto tribunal llegaron a la conclusión opuesta. Es decir, que la acusación popular sí podía pedir la apertura de juicio aunque el fiscal se opusiera a ello. El único requisito era que el delito investigado afectara “a bienes jurídicos de titularidad colectiva o de naturaleza difusa”, es decir, que el delito protegiera intereses generales de la sociedad en su conjunto.

Esta última doctrina fue la que el Supremo aplicó al exjuez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, caso en el que finalmente fue absuelto. El exmagistrado de la Audiencia Nacional pidió la aplicación de la doctrina Botín, ya que el fiscal no le acusaba sino que el caso se sostuvo únicamente con la acusación popular de Manos Limpias y otra asociación, Libertad e Identidad. El Supremo rechazó aplicarle la misma solución que al banquero porque, según los magistrados, el delito que se le imputaba protegía “bienes jurídicos de naturaleza pública”, la excepción prevista en la doctrina Atutxa.

Varios magistrados consultados por este diario consideran que las deliberaciones que sus compañeras de Palma mantendrán a partir del lunes en el caso Nóos se centrarán en ese debate: si los presuntos delitos fiscales de la infanta Cristina afectan a la sociedad en general o solo de manera particular a la Agencia Tributaria, representada en el caso por el abogado del Estado.

“Es muy difícil sostener que un delito fiscal no tenga una trascendencia social más allá del propio perjuicio a la Hacienda Pública”, sostiene uno de ellos. Otro recuerda que tanto el fiscal como la Abogacía del Estado son organismos que en última instancia dependen del Ejecutivo, por lo que, al pedir el archivo, podrían estar defendiendo los intereses de este en lugar de la estricta aplicación de la legalidad. “Es algo que tendría que valorar el tribunal durante el juicio, en el que solo estará la Infanta si se permite acusar a la acción popular”.

Diego Torres, en 2013. (EFE)
Diego Torres, en 2013. (EFE)

19 años para Urdangarin y 16 para su exsocio

Además de la Infanta, en el banquillo se sentarán su esposo, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de este Diego Torres, los supuestos cerebros de la trama corrupta. Ambos están acusados de utilizar el Instituto Nóos -una fundación especializada en eventos relacionados con el mundo de la empresa, el mecenazgo y el deporte- para obtener fondos públicos de distintas administraciones como Baleares, la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de Madrid, y destinarlos a su propio lucro a través de un entramado de empresas pantalla. Horrach pide 19 años para el primero de ellos y 16 para el segundo. Entre los acusados también se encuentran el expresidente balear Jaume Matas y la esposa de Torres, Ana María Tejeiro.

El macrojuicio se extenderá casi seis meses, hasta el 30 de junio, y se celebrará en la Escuela Balear de Administración Pública, a las afueras de Palma

La nómina de testigos también incluye nombres importantes. Desde dos exjefes de la Casa Real, Alberto Aza y su antecesor, Fernando Almansa, hasta el secretario personal de las infantas y consejero del Instituto Nóos, Carlos García Revenga, o el exasesor legal de Juan Carlos I José Manuel Romero Moreno. También declararán el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, dos expresidentes autonómicos, Francisco Camps y Alberto Ruiz-Gallardón, cinco consejeros de distintas comunidades (Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña), la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.

El macrojuicio, pues, lo tiene todo. Se extenderá durante casi seis meses hasta el próximo 30 de junio y se celebrará en la Escuela Balear de Administración Pública, situada en un polígono a las afueras de Palma, debido a la gran expectación mediática que ha generado y a las excepcionales medidas de seguridad que se han tenido que adoptar. Pero el primer examen público al que tendrán que someterse las tres magistradas que forman el tribunal -Samantha Romero (presidenta y ponente), Eleonor Moyà y Rocío Martín- será si siguen el juicio contra la hermana de Felipe VI e hija de Juan Carlos I o la apartan del banquillo en el primer acto. En este último caso, seguro que habrá quien, en las próximas semanas, bautice los argumentos de su resolución como la doctrina de la Infanta.

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