caso ellacuría

El juez reitera la orden de detención de los presuntos asesinos del misionero español

El juez ordena de nuevo los arrestos ante un cambio de postura de la Justicia salvadoreña, que ha decidido permitir las capturas

Foto: Vista del Jardin de la Rosas, el lugar donde un grupo del Ejército asesinó a los españoles. (EFE)
Vista del Jardin de la Rosas, el lugar donde un grupo del Ejército asesinó a los españoles. (EFE)

El caso abierto en España por el asesinato del sacerdote Ignacio Ellacuría y otros cuatro religiosos españoles el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador ha dado un nuevo giro. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reiterado las órdenes internacionales de detención que había decretado en 2011 contra los 17 exmilitares acusados de urdir la muerte del misionero. Velasco toma esta decisión ante el cambio de postura de las autoridades salvadoreñas sobre estas detenciones que, ahora sí, reconocen que estas órdenes permiten la captura de los investigados.

Velasco emitió las órdenes de detención con distintivo rojo contra los exmilitares que planearon, ordenaron y ejecutaron la muerte de Ellacuría el 30 de mayo de 2011. Pero solo dos meses después, la Corte Suprema de El Salvador denegó el arresto al considerar que esas órdenes solo habilitaban a las autoridades de ese país a buscar y localizar a los investigados, pero no a capturarlos. La Corte argumentó que las reclamaciones de Interpol no explicaban que su finalidad era la detención de los procesados con la intención de extraditarlos a España.

Han pasado cuatro años y la postura de la Corte Suprema ha dado un giro de 180 grados y se ha mostrado mucho más colaboradora. En una resolución del pasado 24 de agosto, su Sala Constitucional ha reconocido que las órdenes internacionales de detención con distintivo rojo, como las cursadas en 2011 por España, sí permiten llevar a cabo el arresto de las personas perseguidas por la ley. Ese cambio de doctrina ha llevado a Velasco a reiterar las órdenes "con el compromiso de formalizar las demandas extradicionales en caso de que haya detenciones". Lo hace a petición de la Asociación pro Derechos Humanos de España y con el apoyo del fiscal.

Entre los procesados por Velasco, por asesinato terrorista y delitos de lesa humanidad, se encuentran el ministro salvadoreño de Defensa cuando se produjeron los hechos, Rafael Humberto Larios, y los 16 militares que supuestamente idearon, organizaron y perpetraron la matanza. El magistrado considera que todos ellos habrían cometido los presuntos delitos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad al haber aprovechado un "contexto inicial de guerra" para culminar una "vulneración de derechos humanos" de carácter "xenófobo" que tuvo como único objetivo a los jesuitas. En total, les corresponderían hasta 270 años de cárcel.

El juez sostuvo entonces que a finales de octubre de 1989, el Ejército salvadoreño lanzó una "operación psicológica" consistente en emitir amenazas a través de todas las emisoras de radio, muchas de las cuales iban contra Ellacuría, al que se acusaba de "cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)", lo que, según el juez, tenía por objeto "crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándolos como el enemigo".

Los soldados registraron la Universidad Centroamericana considerada desde el Gobierno como "centro de planificación" y refugio del FMLN. Una unidad de élite del batallón Atlacatl organizó una redada en busca de terroristas. En su camino hacia la residencia de los sacerdotes, los militares se encontraron con la esposa y la hija del guarda de la universidad, que trataban de protegerse junto a los religiosos. Uno de los soldados disparó contra Ellacuría y sus compañeros Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un fusil AK-47 (soviético) para simular que los asesinatos los había cometido la guerrilla.

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