Dos seguros de Abengoa cargan con la fianza millonaria de Benjumea y Sánchez

Da igual que sean condenados por delitos dolosos. La ley permite que las dos compañías de seguros contratadas por Abengoa para cubrir la responsabilidad civil de sus directivos y administradores -AIG y XL- hagan frente a las indemnizaciones por los daños causados por Felipe Benjumea y Manuel Sánchez en el caso abierto contra ellos en la Audiencia Nacional por administración desleal y uso de información privilegiada por sus desorbitados cobros tras dejar la compañía. Las aseguradoras podrán después reclamar por lo civil a ambos exdirectivos las cantidades que finalmente paguen a los damnificados, aunque es una incógnita lo que finalmente puedan recuperar.

Benjumea y Sánchez han sido imputados por esos delitos después de que la titular del juzgado, Carmen Lamela, haya admitido a trámite la querella presentada por el abogado Felipe Izquierdo en nombre de dos titulares de bonos de la compañía por las escandalosas indemnizaciones que se llevaron tras su salida de la empresa, en situación preconcursal. La de Benjumea ascendió a 11,4 millones y la de Sánchez, a 4,8 millones. Este último, días después de dejar su puesto en Abengoa, fichó por la gestora de fondos Blackrock que, solo un mes después de su incorporación, apostó por posiciones bajistas de la energética al conocer supuestamente de primera mano la mala situación económica en la que se encontraba.

En el auto de admisión a trámite de la querella, la jueza Lamela estableció una fianza de responsabilidad civil contra cada uno de ellos -la destinada a cubrir los daños provocados a los perjudicados por sus delitos- por el valor exacto de sus indemnizaciones millonarias. Benjumea y Sánchez intentaron cubrirla el pasado lunes mediante la presentación, cada uno de ellos, de dos avales de las aseguradoras AIG y XL Catlin. Es decir, que pretenden que sean esas dos compañías, contratadas por Abengoa, las que corran en principio con los perjuicios originados por ellos. Lamela decidirá si esa fórmula para hacer efectiva la fianza es válida después de que le informe sobre ello el Ministerio Fiscal.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, lo más probable es que la jueza tenga que aceptarla. El Tribunal Supremo ha establecido en múltiples sentencias que los seguros de responsabilidad civil profesionales sí cubren frente a terceros damnificados los delitos dolosos que los asegurados puedan cometer. Es decir, que AIG y XL Catlin, ambas contratadas por Abengoa, tendrán supuestamente que pagar los daños y perjuicios generados por Benjumea y Sánchez en caso de que sean condenados. Luego, serán esas aseguradoras las que podrán reclamar todo ese dinero a los exdirectivos de Abengoa. El problema es que, en muchos de estos casos, la aseguradora no llega a cobrar del condenado la totalidad de lo pagado.

Los actos dolosos están cubiertos

Una de las últimas sentencias que avalaron esta posibilidad fue la de una procuradora condenada por apropiación indebida. La Audiencia de Madrid obligó a su aseguradora a hacer frente a los daños y perjuicios provocados por la condenada con su delito, pero la compañía recurrió al Supremo argumentando que el seguro no podía cubrir los actos dolosos. El alto tribunal, sin embargo no le dio la razón y la obligó a correr con las indemnizaciones a los clientes perjudicados, aunque le reconoció el derecho a reclamar después todo ese dinero a la procuradora condenada.

"El sentido del seguro de responsabilidad civil profesional es, precisamente, dotar a las actividades desempeñadas por los profesionales de una garantía eficiente de responsabilidad frente a terceros", aseguró el alto tribunal. "De ese modo, quienes contraten a estos profesionales y les confíen sus intereses patrimoniales cuentan con la seguridad de que serán resarcidos en caso de pérdidas derivadas directamente de una mala praxis profesional negligente o voluntaria", añadió la sentencia. Todo ello, prosigue, "sin perjuicio del derecho de la aseguradora a repetir contra el asegurado en caso de que el daño o perjuicio causado al tercero sea debido a la conducta dolosa del asegurado".

El único caso en que las aseguradoras no están obligadas a pagar es cuando es el propio asegurado el que debería cobrar pero los daños han sido ocasionados por él de mala fe. En el caso de un seguro de coche, por ejemplo, la aseguradora no tiene por qué abonar ninguna cantidad al conductor asegurado en caso de que haya sido él mismo el que haya estrellado voluntariamente su vehículo.

La Audiencia Nacional ya se enfrentó en 2013 a una situación similar al abordar las indemnizaciones millonarias de varios directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En ese caso, los imputados también presentaron avales de una aseguradora, en ese caso Caser, que fueron aceptados para la fianza. El tribunal lo aceptó al entender que primaba el derecho de los perjudicados a cobrar, algo más facil de garantizar con un seguro que embargando bienes a los imputados. En el caso de Abengoa, es ahora la jueza Lamela la que tiene la última palabra.