El juez Andreu concluye la instrucción del caso de las tarjetas black de Blesa y Rato

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido este miércoles la instrucción del caso de las tarjetas black de Caja Madrid y ha ordenado continuar la tramitación del procedimiento en el que están imputados el exministro Rodrigo Rato, el expresidente de la entidad Miguel Blesa y otras 64 personas. El titular del Juzgado Central número 4 concluye que los hechos investigados podrían constituir delitos de administración desleal -respecto a aquellos imputados que ocuparon cargos en el Consejo de Administración de la entidad- y apropiación indebida, para el resto.

El instructor considera que existen indicios racionales de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como contra los ejecutivos tanto de Caja Madrid como de Bankia que recibieron las tarjetas opacas a su nombre y sin respaldo contractual alguno para ser destinadas a gastos personales.

Andreu rechaza el sobreseimiento de la causa solicitado por algunos de los afectados y la práctica de más pesquisas, ya que -según dice en su auto de conclusión de la instrucción- se han podido practicar todas las diligencias esenciales para determinar la naturaleza y las circuntancias en las que se cometieron los hechos. El magistrado ha dado traslado de la causa al fiscal y a las acusaciones personadas con el fin de que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El juez recuerda que el auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del pasado 3 de julio determinó que entre 2003 y 2009 la entidad repartió, bajo la presidencia de Blesa, "tarjetas de crédito fuera del circuito ordinario (...) sin ningún tipo de soporte legal, estatutario o contractual y al margen de cualquier acuerdo o decisión adoptados por los órganos directivos". "Determinados directivos y altos cargos de la caja -continuaba el escrito- dispusieron de fondos de la entidad que destinaron al pago de gastos propios y ajenos a cualquier actividad de representación de la misma o al desempeño de la función que en ella tenían encomendada".

El mismo auto destaca que estos directivos que utilizaron las tarjetas opacas llegaron a gastar entre todos más de 15 millones de euros. "Casi todos" los afectados declararon en sede judicial que agotaban el saldo de las black antes de que venciera el año y reconocieron que no firmaron contrato alguno antes de que la entidad se las entregara. Admitieron también, recuerda Andreu, que la retribución de la tarjeta no figuraba en las nóminas ni en las certificaciones de haberes que les entregaba anualmente por parte de la caja.