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El fiscal apoya la querella contra Benjumea y Sánchez por sus indemnizaciones
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El fiscal apoya la querella contra Benjumea y Sánchez por sus indemnizaciones

El Ministerio Público considera que ambos directivos antepusieron sus intereses a los de la compañía, que se encuentra sumida en pleno concurso de acreedores

Foto: El complejo de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Reuters)
El complejo de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Reuters)

La fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la querella presentada por dos tiutulares de bonos de Abengoa contra el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y su exconsejero delegado, Manuel Sánchez, por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras dejar la energética poco tiempo antes de que esta presentara el concurso de acreedores. La querella les atribuye los delitos de administración desleal y delito de uso de información privilegiada.

El escrito, firmado por el fiscal José Perals, afirma que ambos directivos, supuestamente, "realizaron conscientemente una administración de la compañía en la que han antepuesto sus intereses patrimoniales a los de la sociedad". Y lo hicieron "pese a la confianza que tenían en ellos depositada los propietarios de la empresa que gestionaban", prosigue. El caso ha recaído en la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Carmen Lamela, a la que el Ministerio Público solicita que inicie la investigación de esos hechos.

En su escrito a la Audiencia Nacional, Izquierdo criticaba con dureza que Felipe Benjumea hubiera cobrado una indemnización de más de 11,4 millones de euros pese a ser el máximo responsable de la situación de insolvencia del grupo sevillana. Sánchez, por su parte, se llevó 4,4 millones. El blindaje fue aprobado el pasado marzo sin previa comunicación a la CNMV.

Además de esos directivos, entre sus receptores se encuentra Santiago Seage, el consejero delegado que sustitutyó Sánchez tras su marcha. En total, todos ellos en conjunto van a percibir cerca de 25 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial en junio.

La querella de Felipe Izquierdo también cargaba contra Manuel Sánchez Ortega quién, tras dejar Abengoa por motivos de salud en abril, fichó al mes siguiente por Blackrock, una de las mayores gestoras de fondos del mundo. Esta firma atacó la cotización de Abengoa en agosto tras hacerse pública las primeras dificultades financieras al apostar a la baja. Es decir, al ponerse corto o vender títulos con el compromiso de comprarlos si caían en Bolsa.

Pide informes a la CNMV

El Ministerio Público pide además que se practiquen todas las diligencias recogidas en la querella. Entre ellas, que Abengoa remita toda la información sobre las indemnizaciones. También que se pida a la CNMV que mande al juzgado toda la documentación que tenga sobre esos pagos, así como sobre todas las operaciones de compraventa de acciones de la renovable realizadas por Blackrock desde el pasado 1 de agosto.

También solicita que el juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla facilite a la Audiencia Nacional el expediente sobre el preconcurso de la compañía. A Deloitte, el fiscal reclama que se le pida una copia del último informe sobre las cuentas y resultados de Abengoa.

El fiscal, sin embargo, se opone a que Lamela admita a trámite una segunda querella presentada contra Abengoa y Deloitte, así como contra miembros y exmiembros de sus respectivos consejos de administración por un delito relativo al mercado y los consumidores y por falsedad de cuentas anuales. Los hechos denunciados en este caso se derivan de las supuestas pérdidas de una filial de Abengoa, Abengoa Greenfield, que fueron imputadas a la matriz. El escrito considera que estos hechos ya fueron objeto de otra querella presentada en 2014 y que fue archivada.

La fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la querella presentada por dos tiutulares de bonos de Abengoa contra el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y su exconsejero delegado, Manuel Sánchez, por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras dejar la energética poco tiempo antes de que esta presentara el concurso de acreedores. La querella les atribuye los delitos de administración desleal y delito de uso de información privilegiada.

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