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El Canal adjudicó 361.000 euros a la firma que pagó la imagen de Ignacio González
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solo un mes antes de que estallara la púnica

El Canal adjudicó 361.000 euros a la firma que pagó la imagen de Ignacio González

Una adjudicación del Canal de Isabel II habría servido para que un proveedor de esa empresa pública se hiciera cargo de las facturas de reputación 'online' que no podía pagar directamente el Ejecutivo

Foto: Ignacio González y Lucía Figar. (EFE)
Ignacio González y Lucía Figar. (EFE)

Los investigadores están desentrañando los últimos flecos de la parte de Púnica relacionada con el presunto desvío de fondos públicos para financiar campañas de imagen de políticos del Partido Popular. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que el Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión del agua de la Comunidad de Madrid, adjudicó en septiembre de 2014 un contrato de 361.306 euros a la misma empresa que pagó en negro los servicios de reputación 'online' de los que se habrían beneficiado el expresidente autonómico Ignacio González y la exconsejera de Educación, Juventud y Deporte Lucía Figar, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación.

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE)
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El contrato complica la situación procesal del exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, imputado por su presunta implicación en la trama desde el pasado junio, al igual que su compañera Figar. El instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, le atribuye indiciariamente los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Los agentes consideran acreditado por diversas intervenciones telefónicas que Victoria intervino en el verano de 2014 para que varias empresas abonaran de su bolsillo las facturas que la comunidad adeudaba por tensiones de tesorería a Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, las firmas contratadas por el Gobierno del PP para mejorar la reputación en internet de varios miembros del Gabinete.

​Victoria niega las acusaciones

Victoria ha negado en sede judicial que efectuara algún tipo de gestión para que terceras empresas abonaran esas deudas. Ha reconocido que habló con los responsables de Eico y Madiva, también imputados, pero asegura que solo les atendió para calmarles y garantizarles que la Administración madrileña terminaría pagándoles los servicios que habían realizado. Pero el juez no solo ha asumido las tesis de la UCO, sino que considera que Victoria tuvo un papel decisivo en esta parte de la trama. Le acusa de haber empleado su cargo en el Gobierno madrileño para que proveedores de organismos públicos encuadrados en su consejería abonaran las facturas que en ese momento no podía pagar la Administración autonómica.

El contrato complica la situación procesal del exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, imputado desde junio, al igual que su compañera Figar

Un contrato incluido en el sumario refuerza ahora esa acusación. Los investigadores han comprobado que el Canal de Isabel II, un organismo dependiente de la consejería de Victoria, adjudicó un contrato de 361.306 euros a Imagen de Síntesis Digital SL, una de las compañías que habrían puesto dinero de su bolsillo para costear los gastos de reputación de González y Figar, como ya han podido acreditar los investigadores.

Publicación en el Boletín Oficial

La adjudicación bajo sospecha se hizo oficial el 23 de septiembre de 2014, solo un mes antes de que estallara el caso Púnica con las primeras detenciones. El Boletín de la Comunidad de Madrid (BOCM) anunció ese día que Imagen de Síntesis Digital SL se había impuesto en el concurso para ejecutar “servicios de diseño y producción de web interactiva con recorridos virtuales y audiovisuales de procesos e infraestructuras del ciclo integral del agua”. Supuestamente, su oferta había sido la más ventajosa económicamente (298.600 euros más el 21% de IVA).

La concesión no fue firmada por Victoria, sino por el subdirector de Contratación del Canal de Isabel II, Miguel Ángel Casanueva, pero el juez Velasco considera que el dirigente del PP madrileño pudo influir en ese concurso, aprovechando el cargo que ocupaba en ese momento, para tratar de favorecer a las empresas que estaban dispuestas a ayudarle a mantener el servicio de reputación 'online' con el pago de las facturas atrasadas. Según fuentes próximas al caso, los agentes ya han establecido una relación causa-efecto entre esa adjudicación de la empresa pública del agua y la aparición de Imagen de Síntesis Digital SL en la trama Púnica.

Dos pagos de 7.000 euros

Lo cierto es que ambos procesos ocurrieron de forma casi simultánea. De la parte del sumario ya desvelada se desprende que, apenas unas semanas después de que el Canal de Isabel II iniciara el concurso de adjudicación, el administrador de Imagen de Síntesis Digital, Sergio Ortega, y un colaborador, Víctor Torres, realizaron dos pagos por un valor total de 7.000 euros a Eico y Madiva, las firmas que llevaban la imagen de González y Figar y que amenazaban con suspender ese servicio si no cobraban.

Los responsables de Imagen de Síntesis Digital SL, una modesta consultora tecnológica con solo tres empleados, tenían motivos económicos para prestarse a participar en esos pagos, aunque tras su imputación les parecerán probablemente menos consistentes. Solo esa adjudicación del Canal de Isabel II de 361.306 euros ya supera por sí sola la facturación que logró la empresa durante todo 2013, cuando cerró con unos ingresos de 293.188,90 euros.

Los investigadores están desentrañando los últimos flecos de la parte de Púnica relacionada con el presunto desvío de fondos públicos para financiar campañas de imagen de políticos del Partido Popular. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que el Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión del agua de la Comunidad de Madrid, adjudicó en septiembre de 2014 un contrato de 361.306 euros a la misma empresa que pagó en negro los servicios de reputación 'online' de los que se habrían beneficiado el expresidente autonómico Ignacio González y la exconsejera de Educación, Juventud y Deporte Lucía Figar, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación.

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