La policía amplía la investigación de los cursos a la Cámara de Madrid y las patronales

El caso Aneri ha pasado a ser oficialmente el caso de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, un enorme fraude en las subvenciones que concedía el Gobierno regional y del que se deconoce todavía su auténtica dimensión. La policía ha ampliado su investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal CEIM, utilizaban el dinero de las ayudas de los cursos para financiarse ilegalmente. En el centro de las investigaciones se encuentra la Cámara de Comercio y su Instituto de Formación Empresarial (IFE), los encargados de impartir la formación.

Por ahora, los agentes de la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla se centran en los convenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios. A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. Esas ayudas se obtienen sobre todo de las cuotas que pagan todas las empresas y trabajadores a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial y, en ocasiones, de fondos europeos. El IFE sería el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos, se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa o la campaña de Navidad.

La policía investiga los convenios irregulares en los que la Cámara derivaba un porcentaje de las ayudas para cursos a las organizaciones empresariales

Esas devoluciones, llamadas retornos en el sector de la formación, son ilegales. La ley no permite ese tipo de pagos. Las asociaciones que delegan en academias o en la Cámara la impartición de los cursos pueden obtener unos retornos de hasta el 10% del coste de los cursos (hasta agosto de 2012 el porcentaje era del 20%) pero siempre que ese dinero se emplee para algo relacionado con la formación (anuncios de los cursos, facturas de luz, mensajería o una telefonista de la asociación que atienda a los alumnos).

Pero lo que se ha encontrado la policía es que existe una gran cantidad de convenios en los últimos ocho años en los que el dinero que la Cámara retorna a las asociaciones se utiliza para actividades que nada tienen que ver con la formación, como esas ferias de la tapa o jornadas gastronómicas. Además, los porcentajes superan con creces el 20%. En ocasiones es de más del 50%.

El caso Aneri está probando que muchas de las asociaciones empresariales madrileñas se crearon solamente para recibir fondos de la formación

Todos esos acuerdos están además puestos por escrito y tenían la autorización de los consejeros de Economía de los gobiernos de Esperanza Aguirre. Es la propia Cámara la que, en las actas de sus plenos de los últimos años, vincula la formación a esas actividades que nada tienen que ver. En algunas de esas actas, cuyo contenido fue publicado por El Confidencial la semana pasada, se anotan acuerdos con ayuntamientos como los de Leganés, Alcalá de Henares, Aranjuez o Arganda del Rey y las organizaciones empresariales que solían operar en esos municipios. La Cámara, sin embargo, no registra a qué se destina finalmente ese dinero.

Un vistazo a esas actas muestra la impunidad con que se firmaban esos acuerdos. De puertas adentro, muchos de los empresarios madrileños implicados en los escándalos de la formación consideran que es legítimo destinar unos porcentajes de esas subvenciones a los gastos de las asociaciones, puesto que proceden de las cuotas que pagan a la Seguridad Social. Lo que el caso Aneri ha probado es que, en realidad, era la formación la que sustentaba a muchas organizaciones empresariales y que sin los retornos, no tenían sentido. Algunas de ellas solo han sido creadas, de hecho, para conseguir esos retornos de la formación.

El caso Aneri estalló en diciembre de 2013 con la publicación de un informe de la Comunidad de Madrid en el diario 'El País'. En ese estudio se hablaba del posible fraude que estaba cometiendo José Luis Aneri, un empresario cordobés que había gestionado las ayudas para cursos 'online' de una treintena de asociaciones. Aneri no daba los cursos; se los inventaba y colocaba lo que en el sector se llaman alumnos clavo, es decir, identidades y datos de personas que no han realizado la formación. La Comunidad de Madrid trató de contener el escándalo y solo echó la culpa a Aneri y a algunas organizaciones. Pero lo que Aneri hacía era algo bastante frecuente en el sector de la formación en Madrid. El caso salpicó poco después a Alfonso Tezanos, un directivo de CEIM y miembro de la Cámara de Comercio.

La Cámara no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto. La policía ha empezado a llamar ya a algunos de sus miembros para ver si pueden aportar información sobre la manera de operar de la entidad y estudia el contenido de los irregulares acuerdos firmados entre esta y las organizaciones empresariales.

La Cámara recuperará con despidos el millón de euros que donó a CEIM

La Cámara de Comercio de Madrid ha comunicado a sus empleados la apertura de un proceso de bajas incentivadas con el que los directivos pretenden ahorrar un millón de euros. A los trabajadores se les da la opción de marcharse con 33 días de salario por año trabajado. Se pretende que unas 25personas salgan voluntariamente antes de enero. Si no es así, habrá despidos hasta que se alcance esa cifra, señalan fuentes de los trabajadores.

El anuncio llega casi un mes después de que la Cámara,que presideArturo Fernández, aprobaseun rescate de precisamente un millón de eurosa la patronal madrileña CEIM. Esta organización empresarial, que pasa por grandes dificultades económicas y que en 2014 tuvo un déficit de 1.600.000 euros, recibirá esos fondos en virtud de un oscuro convenio aprobado el pasado 27 de octubre con el título genérico de "Desarrollo de actuaciones conjuntas para el cumplimiento de los objetivos comunes de promoción e impulso de las pymes". Ese acuerdo no se presentó con un presupuesto desglosado a los miembros de la Cámara ni tampoco a El Confidencial, que lo solicitó.

La semana pasada, los trabajadores preguntaron al director gerente de la Cámara,Carlos Prieto, si pretendían recuperar ese millón donado a CEIM con los despidos de los trabajadores. El directivo les dijo que no tenía nada que ver una cosa con la otra.

Estos no serán los primeros despidos de la Cámara de Comercio en los últimos años. Desde que el presidenteJosé Luis Rodríguez Zapateroeliminara los recursos camerales en 2011, varias Cámaras españolas han recurrido a los ERE para reducir sus costes. Los recursos camerales eran la cuotas que debían pagar a las Cámaras todos los empresarios por el hecho de serlo. Esa fuente de financiación les hizo poseer unos ingentes recursos económicos que, en el caso de la Cámara de Madrid, llegaron a ser de hasta 60 millones de euros. Trabajadores y extrabajadores de la Cámara han señalado a CEIM y a otras organizaciones empresariales como los culpables del saqueode los recursos de la Cámara. "La están dejando morir poco a poco. Ya no tiene sentido", señala un trabajador jubilado hace poco.