El Supremo reabre el caso del pederasta que acosó a 14 niños y fue liberado por un error

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo deliberó ayer sobre el caso del monitor de ciclismo de Valdemoro acusado de abusar de 14 menores. Los magistrados José Manuel Maza, Andrés Martínez, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Saavedra deberán decidir ahora si aceptan el recurso de la Fiscalía y de cuatro familiares contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que puso en libertad a Javier G. V. S. al considerar que la Policía Nacional registró su domicilio sin contar con indicios suficientes.

La entrada en el domicilio del acusado, autorizada por el Juzgado número 7 de Valdemoro, facilitó a la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía un gran número de pruebas en forma de vídeos e imágenes tomadas a menores en actitudes obscenas que presumiblemente valdrían para condenar al procesado. Sin embargo, la Audiencia Provincial anuló todas ellas por considerar que el registro no estaba suficientemente motivado. Según la Sección Quinta, el acceso a la vivienda se hizo "sin autorización judicial válida".

El delito por el que el Juzgado número 7 permitió la entrada a la casa, explicó la Audiencia Provincial, no era grave, pues en un principio la Policía únicamente tenía indicios de que existía una "mera posesión" de pornografía infantil, castigada en el Código Penal con entre tres meses y un año de prisión. "No cabe duda -señaló la sala- de que ese comportamiento es merecedor de reproche penal, pero no puede hablarse de unos hechos delictivos graves, sobre todo cuando no consta que el acusado estuviera compartiendo" esos archivos.

La Fiscalía pidió 90 años de prisión para el acusado y posteriormente liberado. El Ministerio Público le consideró culpable de haber abusado de 14 menores

La visión de los tres magistrados de la Sección Quinta sorprendió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que recurrió el caso al entender que el nuevo criterio del tribunal sentaría un peligroso precedente que podría provocar que no salieran adelante numerosas investigaciones contra pederastas emprendidas desde el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.

Desde la Fiscalía consideraron que se trata de delitos muy "sigilosos" que únicamente pueden ser evidenciados gracias a las entradas y registros de los domicilios investigados, que es donde los sospechosos esconden las pruebas en archivos digitales. Su comportamiento delictivo está oculto y, por lo tanto, se torna imposible recabar pruebas sin entrar a inspeccionar el material informático.

El Supremo admitió a trámite tanto el recurso de la Fiscalía como el de los familiares, y tendrá que decidir ahora si la Audiencia Provincial debe retomar el proceso judicial contra el acusado teniendo en cuenta las pruebas anuladas. En caso de seguir el criterio del Ministerio Público, la Sección Quinta debería dictar una nueva sentencia valorando el material incautado en el registro al domicilio de Javier G. V. S.

La Fiscalía pidió 90 años de prisión para el acusado y posteriormente liberado por la Audiencia Provincial. El Ministerio Público le consideró culpable de abusar de 14 menores durante 18 años, mientras trabajaba en el club ciclista de Valdemoro. La Policía, que llegó hasta el sospechoso por una investigación internacional, se incautó en su casa de varias "cámaras ocultas" presuntamente instaladas por el sospechoso para filmar a los menores en situaciones comprometidas que él mismo provocaba.

Además de estos dispositivos espía, los investigadores también encontraron 11 discos duros y dos cedés -que almacenaban el material filmado-, una cámara de fotos y otra de vídeo, así como tres teléfonos móviles. En todos estos aparatos había imágenes y vídeos de los niños en actitudes obscenas.