Ático de González: el USBank borra el rastro de los pagos tras meses de retraso judicial

Sigan el rastro del dinero. La recomendación que Garganta Profunda dio a los periodistas Robert Woodward y Carl Bernstein hizo que ambos destaparan el caso Watergate y forzaran la dimisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Se trata del mismo criterio que hoy siguen policías y fiscales para averiguar la verdad en pesquisas que implican sobornos, cohechos, corrupción o delitos fiscales. La aparición de obstáculos imprevistos, sin embargo, impide que algunas de estas últimas investigaciones tengan el mismo final que la historia destapada por el Washington Post.

Es el caso de la instrucción que se sigue en el Juzgado número 5 de Estepona por el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Las pesquisas han encontrado una barrera que podría paralizar definitivamente la búsqueda de la verdad. La comisión rogatoria solicitada por el Juzgado al USBank de Estados Unidos -desde donde se pagó el inmueble ubicado en la localidad malagueña- y remitida al Juzgado arroja datos poco alentadores para los que quieren conocer lo que realmente ocurrió.

La entidad financiera norteamericana ha borrado todos los datos relativos a las dos transferencias (de 100.000 y de 650.000 euros) por medio de las cuales Rudy Valner, el supuesto testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid, abonó el coste del ático, situado en la lujosa urbanización Alhambra del Golf III de Estepona.

Así lo admite el propio USBank en la comisión rogatoria remitida al Juzgado número 5 de Estepona a través de las autoridades políticas de ambos países. En su escrito, la entidad responde que la información relativa a las transferencias ya ha sido eliminada en cumplimiento con la legislación de protección de datos norteamericana. No en vano, se trata de movimientos bancarios que tuvieron lugar en 2008 y ya han pasado más de siete años desde entonces.

El banco suscribe la contestación después de recibir del Juzgado más documentación relativa a estas transferencias. Esta última fue solicitada por el propio USBank después de reconocer que no era capaz de encontrar ningún registro de los movimientos con los datos ofrecidos en primera instancia. Una vez que llegaron a EEUU copias de las transferencias remitidas por el Juzgado, el banco pudo finalmente determinar que efectivamente las cuentas desde las que tuvieron lugar los movimientos existieron, pero que tanto estas como las transferencias fueron suprimidas por imperativo legal y, por lo tanto, no era posible acceder a ellas después de ser eliminadas.

Valner desembolsó 100.000 euros el 31 de marzo de 2008 y 650.000 euros más cinco meses después, el 5 de septiembre del mismo año, a través del mencionado banco para pagar el ático, pero por el momento ha sido imposible determinar la procedencia del dinero y la respuesta del USBank pone las cosas aún más difíciles. Tan solo quedaría el resquicio de que sean las declaraciones de los implicados las que consigan resolver el dilema de quién está detrás de los misteriosos ingresos. El propio Valner, de hecho, desveló en su declaración voluntaria ante el FBI que el primer pago lo hizo él y que el segundo lo ejecutó una empresa panameña propiedad del productor de cine argentino Luis Osvaldo Repetto.

La comisión rogatoria, por otro lado, ha tardado más de dos años en ser resuelta, fundamentalmente por la tardanza de la Justicia española en tramitarla y por la escasez de información que contenía, dado que el USBank tuvo que pedir más datos. No en vano, fue remitida por el Juzgado número 5 de Estepona en marzo de 2013. Sin embargo, la información exacta sobre las transferencias y las cuentas no llegó a las autoridades americanas completa hasta el 21 de agosto pasado.

La comisión rogatoria llegó el 18 de septiembre de 2014, un año y medio después de que la solicitara el Juzgado, pero se alargó un año más porque el USBank se quejó de que no tenía toda la documentación necesaria para localizar la cuenta, por lo que volvió a pedir más datos que no llegaron hasta el mencionado 21 de agosto.

Todos estos retrasos habrían influido definitivamente en que la información no haya podido ser adjuntada al sumario y, por lo tanto, no haya podido determinarse el origen del dinero ingresado para pagar el ático, que la acusación situaba en el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, amigo personal de González y socio de Repetto en puntuales negocios audiovisuales.

Cerezo, de hecho, es uno de los protagonistas de la trama. El máximo representante del club del Manzanares por fin ha sido localizado por la Policía Nacional en el marco de las diligencias que sigue el Juzgado número 5 de Estepona. Este último llevaba cuatro meses esperando a que la Dirección General de la Policía le comunicara las direcciones de Cerezo, del supercomisario José Manuel Villarejo y de otros dos comisarios más con el fin de citar a todos ellos como testigos del caso.

El Juzgado, por lo tanto, tomará declaración a los cuatro en los próximos días. Según fuentes jurídicas, todos ellos podrían prestar testimonio por escrito, por lo que no tendrían que desplazarse hasta la sede judicial de Estepona, sino que bastaría con que contestaran las preguntas que les remitiera el Juzgado, que tendría que determinar desde qué sede responderían a las mencionadas cuestiones.

La investigación judicial del ático de Ignacio González va camino de cumplir cinco años de instrucción, y por el momento no hay ninguna persona imputada ni visos de que vaya a haberla en el corto o medio plazo. El fiscal anticorrupción del caso, Juan Carlos López Caballero, sin embargo, no tiene prisa. Considera que el ritmo es el adecuado y que no debe haber temor a que prescriban los delitos.

La lentitud, en cualquier caso, ha sido patente en el desarrollo de la instrucción. Y no solo por las mencionadas comisiones rogatorias o los retrasos en la identificación de domicilios, sino también por los obstáculos que ha encontrado la investigación en la propia policía.

El actual director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, por ejemplo, paralizó las pesquisas en marzo de 2012, después de enterarse por la prensa de que el comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, investigaba el caso desde el verano del año anterior. Pino argumentó que no estaba judicializado. El propio Hermes de Dios denunció poco después de comenzar las diligencias haber sufrido un robo de documentación relativa al caso en su propio despacho. Posteriormente, fue relegado como número dos a una comisaría de distrito de Madrid.