El TC advierte a Mas de "responsabilidades penales" si sigue adelante con el proceso

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán. La resolución del tribunal, que implica necesariamente la suspensión cautelar del texto como siempre que el Gobierno impugna actos de las comunidades autónomas, se notifica personalmente a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 19 cargos del Parlamento y la Generalitat a los que advierte de eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en caso de desobediencia. Es la primera vez que el tribunal efectúa estos apercibimientos, que se incluyeron en la reforma de la ley que lo rige, aprobada el pasado octubre.

Además de los dos antes citados, y como solicitó la Abogacía del Estado en su recurso interpuesto en nombre del Ejecutivo, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana, y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.

La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; a la consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau i Oliver; al consejero de Salud, Boi Ruiz i García; al consejero de Interior, Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila i Vicente; al consejero de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda; al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; al consejero de Empleo y Ocupación; Felip Puig i Godes, y al consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.

Las comunicaciones a todos esos cargos les recuerdan "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsablilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", dice el texto de la providencia. Sin embargo, los magistrados no les amenazan con la posible suspensión temporal de sus funciones, incluida en la última reforma del tribunal (artículo 92.4.b de la ley orgánica), en contra de lo que les solicitaba el Ejecutivo.

La decisión del alto tribunal, tomada por unanimidad por los 11 magistrados del TC, suspende la resolución soberanista del Parlamento catalán durante cinco meses. Esa resolución separatista, por lo tanto, es como si no existiera en términos jurídicos durante el mencionado periodo de tiempo. La admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional, además, implica un primer apercibimiento a los altos cargos catalanes.

El recurso del Gobierno basaba su argumentación en que "solo el pueblo español es soberano". El escrito afirmaba que "solo el pueblo español" y no una de sus fracciones, "los ciudadanos catalanes", ostenta el poder constituyente, y solo mediante una decisión conjunta del pueblo español podría llegarse a la independencia de Cataluña. Así, la Abogacía del Estado señalaba que el único medio legítimo para lograr la desconexión de España es el procedimiento agravado de reforma constitucional que prevé la propia norma fundamental en su artículo 168.

Ese trámite puede ser iniciado por el Parlamento catalán, como explica el escrito, pero implica que el Congreso y el Senado aprueben la propuesta por mayoría de dos tercios, la inmediata disolución de ambas cámaras, y que los nuevos parlamentarios elegidos la aprueben por esa misma mayoría antes de que se someta a referendo de todo el pueblo español.

"Solo después, no antes, de un nuevo acto constituyente del soberano pueblo español", es decir, solo después de que se siga todo ese proceso previsto en el artículo 168, "podría el pueblo de Cataluña, de manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo soberano", esgrime el Gobierno. "La resolución, al atribuir al Parlamento catalán la consideración de poder constituyente, vulnera el artículo 23 de la Constitución", el que atribuye a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en asuntos públicos y acceder a cargos representativos, "al privar al resto de los españoles de su derecho fundamental a participar en procesos de reforma constitucional", prosigue el escrito.

El Ejecutivo considera que no existe ninguna posible interpretación de la resolución que pueda acomodarse a la norma fundamental. "Es una clara ruptura unilateral del orden constitucional", afirmaba en su recurso. El texto, según la Abogacía del Estado, "no expresa aspiraciones políticas que puedan ser encauzadas por cauces democráticos o constitucionales" sino que se trata de "una imposición unilateral", como se deduce de que no supedite el proceso hacia la independencia "a las decisiones de las instituciones del Estado" y llame al futuro Gobierno catalán a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados del Parlament.

Con la moción aprobada el lunes, esa Cámara "impone para sí y al Gobierno de la Generalitat unas decisiones que suponen, más que un quebrantamiento particular de un precepto constitucional, la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución española", como la indisolubilidad del Estado y la soberanía del pueblo español, y "la instauración de un principio de legitimidad en contradicción absoluta con ella", concluye.