ESTUVO ENTRE 1995 y 2011 en la COMUNIDAD

El viceconsejero de la trama eólica de Castilla y León manejó una firma en Panamá

Un socio de Rafael Delgado admite que recibió 315.000 € desde el país centroamericano. El ex alto cargo de la comunidad aprobó los parques eólicos denunciados por Hacienda y recibió dinero de Suiza

Foto: Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva. (EFE)
Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva. (EFE)

Rafael Delgado, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y el hombre clave de la trama eólica en esa comunidad, tenía una sociedad en Panamá. Según su socio Carlos Marqueríe, Delgado utilizó la empresa panameña Cider Trade para comprarle en 2013 una licencia comercial para Francia por 315.000 euros. La Agencia Tributaria denunció a Anticorrupción que Delgado recibió pagos desde Suiza mientras aprobaba parques eólicos y le sitúa en la trama de comisiones para aprobarlos, pero en el informe no se menciona la empresa de Panamá. Marqueríe se desliga completamente de Delgado: “Confiaba en él, pero bastante me ha fastidiado”, explica a El Confidencial. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Delgado.

Marqueríe, licenciado en Derecho y MBA por el IE y por la London Business School, e Inversiones Finanzas en Sostenibilidad por Harvard University, ha tenido cargos de responsabilidad en Unión Fenosa, Indra, CapGmini, KPMG, Arthur Andersen o Coopers and Lybrand. En 2012, su empresa 4i lanzó Sunn Innovation, una especie de Linkedin de la innovación para poner en común por primera vez a 'startups', empresas, universidades e inversores.

“En 2012, Delgado me dijo que quería invertir un millón de euros en una empresa en Delaware para empezar una ronda de inversión en EEUU”, explica por teléfono. Delgado, mano derecha del durante lustros todopoderoso consejero de Economía de Castilla y León Tomás Villanueva, había dejado la política un año antes.

El asunto comenzó torcido cuando Delgado se enfrentó a otro socio y Marqueríe les recompró las acciones. Así que, según explica, volvió a adquirir todas las acciones y, meses después, Delgado pidió volver a entrar. En abril de 2013, Delgado adquirió el 49,9% de la compañía y Marqueríe mantuvo el control con el 50,1%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. (EFE)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. (EFE)

Unos meses después, en noviembre, Delgado compró a 4i, con presencia en Singapur, Israel y Latinoamérica, la licencia para la plataforma Sunn en Francia por 315.000 euros. Para el pago utilizó la empresa Cider Trade, registrada en Vía España 122 con el número fiscal 556948/1090441 y representada por Faifax Invest Corp, según el contrato privado, en poder de El Confidencial. Desde 2011, España dejó de considerar a Panamá un paraíso fiscal, pero sigue siendo uno de los territorios más opacos para las finanzas.

Marqueríe accede a dar su versión para dejar claro que no tiene nada que ver con la gestión de Delgado. ”Le dimos la licencia para la explotación de Sunn en Francia pero no hizo nada. Le pedíamos seguimiento pero no nos daba nada. Decía que no tenía tiempo. Dejé de hablar con él en 2014”, señala desde Colombia por teléfono.

Delgado es un personaje central del informe de la Agencia Tributaria que denunció la trama el pasado mes de enero. Era Delgado quien firmaba la autorización de los parques eólicos bajo la lupa de Hacienda del periodo 2004-2007. Su firma llegaba al expediente a menudo solo días después de que las eléctricas se hubieran asociado con otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con empresarios locales. A menudo los expedientes llevaban años paralizados antes de que la entrada de la sociedad con Esgueva los desbloqueara.

Delgado era un hombre muy relevante en la Junta de Castilla y León que preside el popular Juan Vicente Herrera. Ocupó cargos ininterrumpidos entre 1995 y 2011, siempre junto a Tomás Villanueva, que durante años fue poderoso consejero de Economía y que no se presentó a las pasadas elecciones. En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de 2011 "a petición propia”. Cuando Delgado deja el cargo, se termina el sistema de apropiación.

Los principales implicados en la trama figuran también en el caso de la Perla Negra en Valladolid

El informe de Hacienda destapa pagos a Delgado desde Suiza y otros movimientos extraños. Un amigo suyo de la infancia y sin apariencia de gran emrpesario recibía en su sociedad unipersonal pagos desde Suiza. Esas cantidades eran "distribuidas el mismo día o en días próximos” a sociedades de Delgado, a veces para abordar gastos corrientes como la luz o el teléfono.

La empresa de su amigo se llama Tough Trade, y además de canalizar los pagos desde Suiza, canceló en 2008 una hipoteca de Delgado y pagó la reforma de su chalé en Valladolid. Fuentes que conocen a Delgado explican que llevaba un alto ritmo de vida y que conducía el Renault de más alta gama que se fabrica en Valladolid, además de poseer pisos en el barrio de Salamanca de Madrid. Cider Trade y la relación con Panamá no aparecen en el informe de la Agencia Tributaria.

Delgado está también salpicado por el caso de la Perla Negra, en el que un juzgado de Valladolid investiga la compra con sobrecostes de un edificio a las afueras de Valladolid por parte de la Consejería de Economía. Los nombres se repiten: Esgueva y Delgado bajo el mando de Villanueva. Este último declaró en las Cortes regionales que desconocía todo sobre la trama eólica. El edificio bajo investigación es del estudio Lamela, el mismo que posteriormente contrataba Esgueva para levantar edificios de lujo en Varsovia, donde reside actualmente.

A pesar de que los nombres se repiten, la Fiscalía decidió enviar esa parte del informe de Hacienda a Anticorrupción en Madrid. El resultado es que la Fiscalía de Valladolid participa en la investigación de Delgado y Esgueva por el caso de Valladolid y Anticorrupción, por la trama eólica. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, sí decidió dejar en Valladolid la investigación que afecta a los populares Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte, que tenían un papel colateral en el informe, ya que durante la investigación, la Agencia Tributaria descubrió que una constructora les pagaba un fijo al mes (entre 3.000 y 5.000 euros) sin que estos entregaran informes a cambio, solo por asesoría verbal.

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