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El juez acusa a Victoria de utilizar empresas que ponen micros para los pagos a la Púnica
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para los trabajos de reputación 'online'

El juez acusa a Victoria de utilizar empresas que ponen micros para los pagos a la Púnica

Una de estas sociedades se llevó en cinco años contratos de la comunidad por valor de 374.000 euros. El Confidencial tiene acceso a la declaración del exconsejero Salvador Victoria, imputado

El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, cree que el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria se sirvió de dos pequeñas empresas tecnológicas, que se dedicaban a poner micrófonos y altavoces en los actos institucionales, para hacer pagos en negro al empresario Alejandro de Pedro, que se había encargado de la campaña de reputación 'online' del entonces presidente del Gobierno autonómico, Ignacio González, y que reclamaba 140.000 euros que el Ejecutivo regional le debía por estos servicios. El juez reveló durante la declaración de Victoria, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que la comunidad adjudicó en cinco años contratos por valor de 374.000 euros a una de estas empresas, que a su vez subcontrataba a la otra. Victoria lo niega todo y afirma que a lo mejor pecó "de exagerado" en las promesas que le hizo a De Pedro para que pudiera cobrar. Salvador Victoria y Alejandro de Pedro están imputados.

Hasta ahora, las líneas de investigación seguidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el propio juez indicaban que Victoria maniobró para que De Pedro cobrara sus deudas a través del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid (presidida por Victoria), y a través de Indra (una empresa semipública participada por el Ministerio de Defensa), que es contratista del Gobierno regional a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (cuyo consejo de administración también presidía Victoria). Pero durante el interrogatorio, celebrado el 25 de septiembre de 2015, el juez Velasco reveló una nueva línea de investigación: Victoria también pudo canalizar esos pagos, siempre en negro, a través de estas dos empresas tecnológicas, muy beneficiadas por contratos públicos.

Una de esas firmas es Imagen de Síntesis Digital, administrada por Sergio Ortega Hernando. Esta sociedad subcontrataba a su vez a Mercamicro, administrada por Víctor Torres Martínez. Ambas se dedicaban a poner micrófonos y altavoces en los actos institucionales de la comunidad. "¿Conoce usted al señor Ortega Hernando?", le preguntó el juez. "Creo que sé quién es, un señor de pelo blanco. Debo haber tenido algún contacto ocasional", respondió Victoria. "¿Y al señor Torres Martínez?", le volvió a preguntar el magistrado. "No lo he visto en mi vida", aseguró el exconsejero.

Detención y confesión

La Guardia Civil detuvo a Víctor Torres Martínez el pasado 9 de junio y este declaró a los agentes que a través de Ortega Hernando había recibido sobres con dinero de parte de Salvador Victoria. Sobres con 3.600 euros que luego Torres Martínez entregó a Alejandro de Pedro en un céntrico hotel madrileño. Según el juez Velasco, Torres Martínez declaró que sabía que esa entrega no era legal, pero que lo hizo porque quien se lo pidió, el señor Ortega, le daba mucho trabajo y "al parecer era amigo personal de Victoria".

Victoria lo niega, asegura que todo es falso y que desconoce si la Comunidad de Madrid ha dado muchos contratos a Imagen de Síntesis Digital. Es en ese momento del interrogatorio cuando el magistrado decide refrescar la memoria del exconsejero. "En 2009 la comunidad facturó con esta empresa 30.000 euros, en 2010 unos 53.000 euros, en 2011 unos 42.000 euros y en 2012 unos 65.000 euros. Y me he puesto a mirar el Canal de Isabel II, y solo en 2014 facturó 184.000 euros. Para ser una empresa que pone los altavoces…", se sorprende el juez, que le recuerda a Victoria que ya es la segunda persona que declara que "usted ordenó pagos".

La primera fue José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones y también imputado, que confesó ante la UCO que Victoria le pidió que intermediara ante Indra para que esta firma pagara 10.000 euros a De Pedro. Victoria asegura que Martínez Nicolás miente y que su relación con él era mala, "de desconfianza". Los investigadores tienen acreditado que Indra entregó 10.000 euros a Alejandro de Pedro. Cuando fue detenido, el propio De Pedro confesó que un alto directivo de Indra le entregó 10.000 euros en metálico en el interior de un coche sin mediar palabra. Entre el más del centenar de imputados del caso se encuentran el expresidente del gigante informático Javier de Andrés y su exdirector general Santiago Roura, el hombre que presuntamente estaba aquel día al volante.

"Lo desconozco"

"Desconozco lo que usted me está contando". Fue la frase más repetida por Victoria, en una declaración que duró tres horas. En su defensa, el exconsejero asegura que oyó hablar por primera vez de Alejandro de Pedro en mayo de 2014 porque se lo comentó Isabel Gallego, directora de Comunicación primero de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. También está imputada. "Isabel Gallego me comentó que tenía problemas de pago con Alejandro de Pedro y me pidió que intermediara para tranquilizarle. Pero yo nunca le he contratado y desconocía la existencia de sus trabajos. Me dijeron que hacía seguimiento de las noticias de la comunidad en internet. Pero yo nunca encontré esos trabajos, solo localizé un estudio preliminar hecho por él y unos correos”. Tras su primera reunión, Victoria asegura que De Pedro le agobiaba telefónicamente para cobrar, "se puede decir que me hacía 'mobbing' telefónico".

El juez Velasco tiene en su poder las facturas que remitieron las dos consultoras de De Pedro (Eico y Madiva) al Gobierno de la Comunidad de Madrid y que acabaron acumulándose por los problemas de tesorería que en esos momentos padecía la Administración autonómica. Los documentos especifican que los costes responden a supuestas labores de seguimiento ('clipping') y difusión de informaciones oficiales generadas por el departamento de Comunicación del Gobierno madrileño. Sin embargo, el instructor de la causa sostiene que se trata de facturas falsas que tenían como objetivo ocultar el uso de fondos públicos en la campaña de reputación 'online' del presidente del Ejecutivo.

El juez también cree que el plan de pago a De Pedro por estos servicios consistía en entregas en metálico, primero por parte de Indra y luego un contrato "más permanente" con el Canal de Isabel II. El ente autonómico del agua le abonaría los 1.813 euros mensuales que hasta ese momento De Pedro había facturado a la Comunidad de Madrid por la campaña de reputación de González y que no había cobrado. La operación Púnica se desencadenó antes de que pudiera producirse el primer pago.

El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, cree que el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria se sirvió de dos pequeñas empresas tecnológicas, que se dedicaban a poner micrófonos y altavoces en los actos institucionales, para hacer pagos en negro al empresario Alejandro de Pedro, que se había encargado de la campaña de reputación 'online' del entonces presidente del Gobierno autonómico, Ignacio González, y que reclamaba 140.000 euros que el Ejecutivo regional le debía por estos servicios. El juez reveló durante la declaración de Victoria, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que la comunidad adjudicó en cinco años contratos por valor de 374.000 euros a una de estas empresas, que a su vez subcontrataba a la otra. Victoria lo niega todo y afirma que a lo mejor pecó "de exagerado" en las promesas que le hizo a De Pedro para que pudiera cobrar. Salvador Victoria y Alejandro de Pedro están imputados.

Operación Púnica
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