Una confesión de Christie's acerca a Jaime Botín a la imputación por el 'picasso'

Una confesión realizada ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por un portavoz de la casa de subastas Christie's ha puesto al expresidente de Bankinter Jaime Botín al borde de la imputación en la causa que se sigue contra él en el Juzgado número 4 de Pozuelo por el 'picasso' 'Cabeza de mujer joven', interceptado en Córcega el pasado 31 de julio cuando el acusado trataba de sacarlo de España.

La declaración del representante de Christie's ante los investigadores del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO revela que el cuadro estuvo en Madrid al principio, cuando fue adquirido por Botín. El testimonio desmontaría la argumentación de la defensa del exbanquero, cuya estrategia se basa en que el cuadro “fue pintado en el extranjero, se compró en el extranjero y allí ha tenido siempre su domicilio permanente”, como refirió en un comunicado el pasado agosto.

Los datos desvelados por Christie's han sido presentados por la UCO ante el Juzgado número 4 de Pozuelo junto a un informe de los investigadores en el que se solicita, con base en el mencionado testimonio, la declaración como imputado del expresidente de Bankinter, extremo sobre el que ahora debe posicionarse el instructor de la causa. Botín ya se negó a declarar ante los investigadores en la Comandancia de la Guardia Civil, pero no podría hacerlo si es el juez el que le cita.

Los agentes investigan si el exbanquero trataba de exportar ilícitamente el cuadro cuando este fue interceptado el pasado 31 de julio en la isla de Córcega por el servicio de aduanas francés. La obra estaba considerada como no exportable por España, por lo que la Guardia Civil se desplazó hasta el puerto deportivo de Calvi, donde estaba amarrada la embarcación -de bandera británica-, para devolver el cuadro a su país de origen.

El 'picasso' se encuentra en estos momentos en el Museo Nacional Reina Sofía a la espera de que el Juzgado resuelva qué ocurre con él. 'Cabeza de mujer' está valorado en más de 26 millones de euros y sacarlo de España sin permiso podría constituir un delito de contrabando o tráfico de bienes de patrimonio nacional.