La UDEV arranca el 'caso Volkswagen': exige a los ingenieros un informe sobre el fraude

La investigación de la rama española del presunto fraude masivo en las emisiones atmosféricas de los vehículos del grupo Volkswagen ya está dando los primeros pasos. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional acaban de ponerse en contacto con las plantas que el fabricante alemán tiene en Pamplona (Volkswagen) y Martorell (Seat) para tratar de determinar el papel que pudieron jugar esas instalaciones en la trama del supuesto engaño.

Según han asegurado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los funcionarios de la UDEV se han reunido en los últimos días con ingenieros de ambas fábricas para comunicarles oficialmente que se ha abierto una investigación penal y solicitarles que les envíen cuanto antes toda la documentación sobre los propulsores diésel que estarían afectados por la estafa.

Volkswagen ya ha admitido que ha comercializado en España 683.629 vehículos equipados con motores EA 189 Euro V, el modelo que está bajo sospecha después de que Estados Unidos descubriera hace un mes que las emisiones reales de partículas y dióxido de nitrógeno de los propulsores diésel que estaba montando el grupo automovilístico de Wolfsburgo en su territorio multiplicaban hasta 40 veces la cifra que previamente había declarado a las autoridades.

Colaboradores en España

Las fuentes próximas a las diligencias consultadas detallan que los investigadores de la UDEV han remitido a los ingenieros de Volkswagen un exhaustivo cuestionario para que los profesionales elaboren un informe sobre los motores que están en el origen del escándalo. Por un lado, los agentes quieren aclarar cuántas unidades trucadas se habrían montado en suelo nacional y, por otro, si el diseño del fraude o su ejecución contaron con la ayuda de profesionales de alguna de las dos factorías del grupo en España.

Las pesquisas son similares a las que se han abierto en otros países para tratar de aclarar las ramificaciones de la estafa en sus respectivos territorios. En Italia, por ejemplo, se han registrado esta semana dos fábricas del grupo alemán, una de ellas, de la marca Lamborghini, otra de las que integra el hólding que ha protagonizado este timo de dimensiones planetarias. En el caso de España, como adelantó este diario, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo encargó hace dos semanas a la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente y Dopaje adscrita a la Brigada de Investigación de Delitos contra las Personas de la UDEV que se hiciera cargo de las indagaciones.

Se trata de un grupo de la Policía con experiencia en investigaciones similares. Esa misma sección acaba de culminar, por ejemplo, un caso que se ha saldado con ocho responsables de talleres imputados por un engaño casi idéntico de falsificación de emisiones. Los agentes descubrieron que esos mecánicos estaban retirando filtros antipartículas y modificando el software de motores diésel para incrementar artificialmente la potencia de los coches, con el consiguiente daño medioambiental.

Informe de conclusiones

El caso Volkswagen aplica la misma lógica, aunque los ingenieros del fabricante alemán habrían utilizado métodos mucho más sofisticados para engañar a las decenas de organismos supervisores. Los sistemas informáticos de los motores reducían drásticamente las emisiones justo en el momento en el que estaban siendo sometidos a pruebas. La contaminación real no se activaba hasta que el coche empezaba a circular con normalidad.

Una vez que reciban la información de los ingenieros, los agentes pueden solicitar a la Fiscalía la práctica de nuevas diligencias. Cuando todas sus pesquisas concluyan, la UDEV remitirá al Ministerio Público un informe de conclusiones que detallará si se aprecian responsabilidades penales en la vertiente española del fraude. En caso afirmativo, será entonces cuando la Fiscalía remita a los tribunales una denuncia reflejando los hechos concretos por los que, a su juicio, debe abrirse un procedimiento judicial contra el fabricante germano.