El juez de Púnica no encuentra los informes que facturó la trama al Gobierno de González

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, imputado desde junio en la operación Púnica, declaró voluntariamente el pasado viernes ante el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, para tratar de demostrar que no tiene ninguna vinculación con la trama corrupta dedicada al amaño de contratos públicos. Pero Victoria no solo no convenció al magistrado, sino que abrió frentes que salpican a otros imputados en el procedimiento, según han confirmado fuentes conocedoras de la declaración.

El número dos del expresidente Ignacio González reveló a preguntas del juez que, después de que estallara el caso en octubre de 2014, decidió efectuar una auditoría para tratar de localizar los trabajos de seguimiento de noticias en internet y redes sociales que Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, dos de las compañías implicadas en el caso, habían realizado supuestamente para la Comunidad de Madrid desde 2012.

Según ha podido saber El Confidencial, la investigación interna fue asumida por técnicos de la Agencia Informática y de Comunicaciones de Madrid (ICM), un ente público que dependía de Victoria y cuyo antiguo director, José Martínez Nicolás, también está involucrado en el caso.

Las facturas de esos servicios de seguimiento de información, que fueron avaladas por la Intervención General, suman un total de 65.175,50 euros y aparentemente no se diferencian de las de cualquier otro proveedor, ya han sido incorporadas al sumario. Sin embargo, como adelantó El Confidencial en diciembre del año pasado, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el propio instructor de la causa sospechan que en realidad los trabajos recogidos en los documentos oficiales nunca llegaron a ejecutarse. Las facturas solo habrían servido, según los agentes, para encubrir el pago con fondos públicos de servicios de imagen y reputación 'online' de los que se habría beneficiado personalmente Ignacio González.

Solo aparecieron dos documentos

Fuentes cercanas al procedimiento aseguran que casi un año después de su inicio, esos trabajos siguen sin aparecer. El juez reclamó a Victoria que aclarara en qué consistieron exactamente, pero el exdirigente del PP solo aportó nuevos indicios que refuerzan esa hipótesis.

Victoria, imputado por prevaricación, cohecho, fraude y malversación, confesó que tuvo que dar por concluida la auditoría sin haber localizado ninguno de los dosieres de seguimiento informativo que supuestamente realizaron Eico y Madiva para el Gobierno madrileño, a pesar de que ordenó un exhaustivo rastreo informático en todos los ordenadores del departamento de Comunicación del Ejecutivo autonómico. Fuentes cercanas al exconsejero de Presidencia añaden que solo se localizaron dos documentos relacionados con esas empresas pero ninguno de ellos guardaba relación con los servicios que indicaban las facturas avaladas por la Intervención. Con todo, ambos documentos fueron remitidos al juzgado para que se valorara su contenido.

La exdirectora general de Comunicación de la Comunidad de Madrid que avaló la contratación de Eico y Madiva, Isabel Gallego, se encuentra imputada por ello en la causa. Gallego ya admitió en sede judicial que no podía aportar los informes de seguimiento vinculados a las facturas de la Comunidad de Madrid porque los borraba después de leerlos. Velasco, sin embargo, no lo ve del todo claro después de Victoria sembrara el pasado viernes nuevas interrogantes sobre la existencia de los trabajos ante la insistencia del juez, que fue especialmente pertinaz en su interrogatorio.

Los trabajos, en los ordenadores requisados

Desde el entorno de Eico y Madiva, administradas ambas por el también imputado Alejandro de Pedro, restan valor al testimonio de Victoria y afirman que los servicios contenidos en las facturas se entregaron a la Comunidad de Madrid tal y como se había pactado. Reconocen a El Confidencial que, después de que estallara el escándalo, el Ejecutivo madrileño se puso en contacto con ambas firmas para pedir un duplicado de los informes pero no pudieron remitírselo porque, según aseguran, la Guardia Civil se llevó todos los ordenadores de sus oficinas en Valencia en la primera fase de la operación.

No obstante, estas fuentes insisten en que los trabajos que aparecen en las facturas se realizaron, y remarcan que estaban dirigidos a seguir las informaciones y el posicionamiento 'online' de la Comunidad de Madrid. Aseguran que en ningún caso pudo beneficiarse de sus servicios el expresidente autonómico.

El juez Velasco acusa a Victoria de haber intervenido para que Indra y otros contratistas de la Comunidad de Madrid abonaran a De Pedro hasta 120.000 euros para asumir la deuda que tenía con este el Gobierno de González. El exconsejero de Presidencia negó esos hechos en su declaración y aseguró que, ante las tensiones de tesorería que existían en la Administración madrileña como consecuencia de la crisis económica, solo se puso en contacto con el propietario de Eico y Madiva para pedirle que mantuviera la calma y garantizarle el pago de 21.000 euros en facturas atrasadas.