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Velasco reabre por tercera vez el caso Banca Cívica para investigar a Caja Navarra

El titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional abraza el criterio del fiscal y ordena seguir investigando a los imputados

Foto: Sucursal de Banca Cívica, en Pamplona. (EFE)
Sucursal de Banca Cívica, en Pamplona. (EFE)

El titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido reabrir el caso Banca Cívica a petición del Ministerio Fiscal. La causa -que investigaba la desaparición de la entidad bancaria promovida por Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, después absorbida por CaixaBank- fue sobreseída provisionalmente el pasado 5 de agosto por el propio juez, que entiende ahora que es necesario reabrirla para hacer nuevas diligencias en torno a Caja Navarra, promotora del proyecto.

Según el fiscal, cuyo criterio abraza ahora el magistrado, es necesario analizar complejas operaciones realizadas en esta última caja por parte de los entonces directivos de la entidad. El representante del Ministerio Público considera necesario "determinar el carácter instrumental de las operaciones" y destaca "la nueva información aportada a la causa, entre la que cabe mencionar la información sobre las tarjetas corporativas que tenían los querellados", que puede ser clave para averiguar cómo se llegó a la situación de quiebra.

"Se trata de esclarecer si la gestión de los denunciados que motivó la asistencia de fondos de terceros para rescatar la solvencia de la entidad se efectuó en beneficio de la misma o de sus patrimonios personales o corporativos y en detrimento de la entidad", valora el fiscal, que añade que "hay que distinguir entre una gestión adecuada a la situación económica del momento y una gestión fraudulenta a favor de intereses económicos propios".

El caso Banca Cívica investiga a los que eran presidentes de las cuatro entidades fusionadas que dieron origen a la entidad -Antonio Pulido (CajaSol), Enrique Goñi (Caja Navarra), Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José María Leal (Caja Burgos)-, a los exsecretarios de estado Rafael Cortés Elvira y Pedro Pérez Fernández y a otros nueve consejeros del grupo resultante, entre los que destacan el expresidente de la Comunidad Foral de Navarra Miguel Sanz. La Fiscalía y las acusaciones les atribuyen delitos societarios, falsificación, maquinacion para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.

Esta es la tercera vez que Velasco abre el caso, después de haber dado carpetazo en falso ya en dos ocasiones. Además de la mencionada del pasado 5 de agosto, el juez decidió archivarlo por primera vez en junio de 2014, pero la Sala de lo Penal le ordenó reabrirlo. Esta es por lo tanto la tercera vez que se activa la instrucción después de la citada decisión de la sala y del inicio de la instrucción, en marzo de 2013, tras denuncias de UPyD y la asociación Kontuz.

En el último archivo, el del pasado 5 de agosto, Velasco argumentó que un informe del Banco de España descartaba la comisión de irregularidades en todas las operaciones denunciadas salvo en dos. "La constitución de Banca Cívica fue una operación fundamentalmente sólida y su proyecto de integración consistente y razonablemente viable, y sus equipos directivos tenían capacidad satisfactoria y experiencia en el sector", afirmó el magistrado, que ahora reabre la causa dando por buenos los argumentos de la Fiscalía.

El Ministerio Público, en concreto, aseguró en su recurso que el informe "no había sido ratificado por la autoridad judicial ni se pronuncia sobre la totalidad de las cuestiones planteadas en el auto del Juzgado Central 6 que admitió a trámite las denuncias" de UPyD y Kontuz. Además, continuó la Fiscalía, se trata de un documento "complejo" que requiere ser sometido a "contradicción entre las partes", por lo que no puede ser archivado de forma tan "prematura".

La Fiscalía también argumentó que "están pendientes de practicarse diligencias acordadas por el instructor, como el análisis de las consecuencias patrimoniales de Caja Navarra". "Se trata de esclarecer si estas operaciones produjeron un quebranto económico en la entidad que obligó a su saneamiento con fondos del FROB, generaron beneficios económicos en los denunciados y en detrimento de las entidades, detrimento que puede ser de magnitud tal que afectara a su solvencia". El FROB ingresó 977 millones de euros para ayudar a sacar adelante la entidad. Todos ellos fueron devueltos posteriormente por CaixaBank.

Según el Ministerio Público, podría haber habido un "falseamiento de la contabilidad de la Caja de Navarra", que se traduciría en una contabilidad confeccionada ad hoc que incluiría plusvalías inmobiliarias que habrían provocado que empresas del grupo que en 2007 valían 772 millones de euros pasaran a ser valoradas al año siguiente en 1.330 millones.

El juez Velasco aprovecha el auto de reapertura de la causa para citar a declarar a los dos peritos del Banco de España que elaboraron el mencionado informe con el fin de que ratifiquen su trabajo y para remitir un oficio a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional para que los agentes presenten un informe que se les solicitó el pasado diciembre y que aún no han enviado al juzgado.

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