La líder del PSOE madrileño tiene como mano derecha a una imputada por corrupción

Sara Hernández es secretaria general de los socialistas madrileños (PSOE-M) desde el pasado 31 de julio. Y desde un mes y medio antes, alcaldesa de Getafe (173.000 habitantes). A su lado, siempre ha permanecido fiel Cristina González Álvarez, y todavía sigue, como su jefa de Gabinete en el partido. Pero González está imputada y procesada por varios delitos de corrupción en el caso aparcamientos, y está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva si se archiva la causa o se abre juicio oral. González tuvo que abandonar incluso su acta de concejal en el Ayuntamiento getafense, junto con otros compañeros de filas —entre ellos, el exregidor Pedro Castro—, pero ello no ha sido óbice para que le retire su confianza. Algo que deploran los grupos de la oposición en el municipio, PP y Ahora Getafe (plataforma de la que participa Podemos). En la dirección regional defienden que se está cumpliendo el código ético, aunque se niegan a explicar si González cobra o no de las arcas del partido y aducen que "puede incluso que colabore voluntariamente" con la líder del PSOE-M, sin percibir ni un euro a cambio.

Reciba o no una nómina de la formación, lo cierto es que González está imputada y procesada desde febrero de 2014. Entonces se conoció el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe contra el exalcalde de la localidad —primer edil durante 28 años—, tres miembros socialistas de su equipo —su hijo, el exconcejal de Hacienda, David Castro; el exresponsable de Urbanismo, José Manuel Vázquez, y la extitular de Obras, Cristina González— y la edil de IU Silvia Uyarra. El auto les acusaba de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, malversación y tráfico de influencias en el llamado caso aparcamientos, que investiga la supuesta adjudicación irregular de las obras de cinco parkings de Getafe en 2007.

González fue precisamente la primera imputada en la causa por otorgar las obras y explotación de uno de estos cinco aparcamientos a la cooperativa Jilguero, presidida por su marido, José Miguel Vieito, y que también integraban el padre y la madre de la edil, que actuaban como secretario y tesorera. El proceso judicial, de hecho, había nacido en mayo de 2009, cuando el PP local —entonces en la oposición— denunció supuestas irregularidades en la concesión de los aparcamientos, subrayando que las cinco cooperativas adjudicatarias de los proyectos se crearon en la misma fecha, compartían domicilio en Getafe y pertenecían a la misma gestora, Roblepark SL. El juzgado imputó a González y le tomó declaración en marzo de 2011. En enero de 2012, el PP madrileño se presentó como acusación por considerar que Castro y su hijo estaban implicados en una trama presuntamente corrupta que había procurado un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings, y en octubre acudieron a los juzgados como imputados.

La Fiscalía pide el archivo de la causa

Cuando se conoció el auto de procesamiento, el 7 de febrero de 2014, los socialistas advirtieron de que la resolución no era firme y la recurrirían, y alegaron que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señalaba que entre los procesados no se habían detectado "incrementos patrimoniales que pudieran tener un ingreso desconocido". Y argumentaron, además, que hasta en tres ocasiones la Fiscalía había solicitado el archivo de la causa al entender que la adjudicación se hizo "conforme a Derecho".

González dejó su acta como edil en 2014, y no está contratada por el Ayuntamiento, pero sí preserva su puesto en la ejecutiva del PSOE getafense

Pero apenas unos días después los cuatro concejales del PSOE y la edil de IU —que en la época era la presidenta de la mesa de contratación— presentaron su dimisión y dejaron sus actas. Los socialistas lo hicieron como un "gesto político" y por "responsabilidad" con el municipio y con sus vecinos.

Sara Hernández ya acumulaba años en el Ayuntamiento de Getafe. Entró en la Corporación en 2003, y en 2007 se convirtió en la primera teniente de alcalde. Tras las elecciones de 2011, en las que Castro perdió el bastón de mando, pasó a convertirse en la portavoz socialista. En 2012, asumió la Secretaría General del partido en la localidad. En su ejecutiva local eligió a Cristina González como secretaria de Política Municipal. "Es la persona de máxima confianza de Sara, desde que se convirtió en concejala", cuentan fuentes de la formación en el municipio que conocen bien a ambas.

El auto del Juzgado de Instrucción número 7 fue recurrido ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, y la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consultadas por El Confidencial, dado que la impugnación se presentó hace meses, lo previsible es que "se resuelva en breve". A favor o en contra de los imputados. La Audiencia puede sobreseer la causa —circunstancia probable pues sólo acusa el PP, no el Ministerio Público— o bien seguir adelante, en cuyo caso se dictaría auto de apertura de juicio oral, que ya no es recurrible.

Un sueldo de unos "1.600 euros brutos al mes"

En los últimos meses, González ha cobrado un sueldo público, procedente del Parlamento Europeo. La delegación socialista en la Eurocámara la fichó como asistente local. O sea, como asesora en el territorio. En este caso, en Madrid, con despacho en la Asamblea regional.

La Eurocámara permite a los eurodiputados elegir a su personal propio dentro del presupuesto que les asigna: 21.379 euros al mes este 2015 y 22.879 en 2016. Con ello puede fichar a asistentes acreditados radicados en Bruselas (o Estrasburgo o Luxemburgo), en las condiciones de empleo que se aplican al personal no permanente de la UE, y también a asesores radicados en el Estado miembro.

La exconcejala ha cobrado de la Eurocámara como asistente local del PSOE. El partido dice que ya la dio de baja, pero su nombre figura aún en la web oficial

Los miembros de la delegación socialista española (aparte queda el PSC) ponen todo el dinero en común y constituyen una agrupación de eurodiputados, de la que dependen los asistentes locales. Ese staff se concentra en Congreso y Senado y uno por federación. Cristina González ocupaba este último puesto, el de asistente en Madrid. Los asesores territoriales no sólo trabajan para el eurodiputado de su comunidad, sino que ayudan en cuestiones sectoriales o en la organización de actos relacionados con la Eurocámara en esa región, según explican a este diario fuentes de la cúpula de la delegación. Los locales "cobran prácticamente lo mismo", "en torno a 1.600 euros brutos, unos 1.200 netos", y sus contratos se ajustan a la legalidad y fiscalidad española. El 65% de los asistentes de los eurodiputados socialistas españoles pertenecen a la categoría de acreditados; el resto son locales. El trabajo de estos, pese a la distancia, está fiscalizado por las autoridades parlamentarias, ya que están obligados a dar cuenta de su actividad "cada tres meses". Su empleo es incompatible con otra dedicación. No obstante, está en marcha una revisión de los contratos de los asesores locales para prevenir abusos como los del Frente Nacional en Francia, ante las sospechas de que los usaba para tareas de partido.

Cristina González sigue figurando en la relación de asesores territoriales en la web de la Eurocámara. En concreto, adscritos al secretario general de la delegación, el manchego Sergio Gutiérrez, de quien dependen todas las cuestiones administrativas. Sin embargo, fuentes del PSOE en Bruselas insisten en que González "ya está dada de baja", "y desde hace semanas", sin poder precisar la fecha exacta, ya que "hubo varios cambios durante el verano", al saltar algunos de ellos a los nuevos Gobiernos autonómicos. "Pero estas cosas burocráticas tardan en actualizarse, y puede que aún le queden vacaciones por liquidar, y esa puede ser la razón por la que aparezca en la web", apuntan fuentes socialistas, que recuerdan que la institución tardó también varias semanas en sacar de la página a Purificación Causapié, cuya salida comunicó el PSOE en cuanto fue nombrada número dos de la lista de Antonio Miguel Carmona al Ayuntamiento de Madrid. Los servicios de prensa del Parlamento Europeo reconocen que puede demorarse la tramitación, aunque ya se haya cursado la petición de baja.

Ahora Getafe pidió su salida

Hernández logró desbancar al PP de la Alcaldía de Getafe gracias a un acuerdo de investidura con IU —que entró en el Gobierno local— y con Ahora Getafe. A la primera reunión de los socialistas con la plataforma municipalista acudió Cristina González en representación de Hernández, como se puede ver en YouTube. Ahora Getafe advirtió de que no se sentaría más con una imputada y procesada a negociar nada. El PP aprovechó la fisura para criticar a la portavoz de la candidatura de izquierdas, Vanessa Lillo, por aceptar hablar con "la mano derecha de Sara Hernández" y por pactar con el PSOE "más corrupto de España". González no fue a más conversaciones.

"Si no hubiera sido por nuestra presión, tal vez Cristina estaría hoy contratada por el Ayuntamiento de Getafe como cargo de confianza", asegura Lillo a este diario. González no fue fichada por la Corporación, en efecto. La jefa de Gabinete de la alcaldesa, según figura en la web municipal, es Silvia Gómez Martín. Tampoco está incluida en la nómina de personal eventual del Consistorio. "Sara Hernández ha forzado la situación al máximo: ha mantenido tres meses sin ocupar el puesto de jefe de Gabinete de la Alcaldía pensando en Cristina González, porque le daba miedo la reacción de Podemos, que le permite gobernar. Cuando se rumoreó la posibilidad, todo se paró", apunta a este periódico Juan Soler, regidor de Getafe el pasado mandato (2011-2015), actual portavoz municipal del PP y diputado en la Asamblea.

El PSOE-M no quiere desvelar si González tiene o no sueldo del partido, y apunta que puede colaborar “voluntariamente“ con su “amiga“, Sara Hernández

Hernández, no obstante, sí tiró de González para otro puesto menos expuesto: como su jefa de Gabinete en el PSOE-M, partido de cuyas riendas se hizo en julio tras ser elegida por los militantes madrileños frente a Juan Segovia y después de un convulso congreso en el que sacó adelante su ejecutiva por sólo un 55,44%. En el partido reconocen que la exedil era y es "la mano derecha de Sara", su persona "de total confianza". "Su amiga y colaboradora", como reconocen fuentes oficiales. Ella le suele acompañar a los actos del partido y estuvo a su lado durante su carrera hacia la cúspide del PSOE-M (antiguo PSM). Se la puede ver, por ejemplo, detrás de Hernández en el único debate que mantuvo con Juan Segovia, y fue en la Ser.

La oposición en Getafe, sin embargo, denuncia que González no ha desaparecido de facto del Consistorio. "No la ha podido contratar, pero es algo así como la consejera áulica, está todo el día allí. A Sara le interesa tenerla en el Ayuntamiento, porque ha salido mucha gente y es cierto que Cristina González conoce bien el terreno y tiene la confianza absoluta de la alcaldesa. Con ella, los concejales se cuadran. La alcaldesa es insegura y necesita ese apoyo", dice Soler. "Esta semana nos convocaron a los portavoces a la Alcaldía y Cristina estaba allí, y me extrañó —cuenta Lillo—. Habrá que estar pendiente". También miembros conocidos de la formación en Getafe constatan que González está "continuamente" en el Consistorio: "Es la que dirige todo el cotarro".

"Ya no ocupa un cargo público"

Fuentes del PSOE-M no entienden que la oposición denuncie la presencia de González —"Ella puede ir al Ayuntamiento como cualquier vecino de Getafe"—, cuando ni siquiera está contratada por el Ayuntamiento, por lo que deduce que sólo busca "hacer daño como sea a la alcaldesa".

Lo que no quiere revelar el PSOE-M es si González mantiene algún tipo de relación contractual y si percibe alguna remuneración. El Confidencial intentó ponerse en contacto en varias ocasiones con la exedil, sin éxito. "Puede perfectamente colaborar con ella sin cobrar nada, como amiga suya que es. Y no está ocupando ningún cargo público. O puede estar trabajando en una oficina unas horas, es una cuestión privada", explican, sin dar más detalles, pese a la insistencia de este periódico. Miembros de la ejecutiva regional con escaño en la Cámara regional apuntan que a González se la ve en el partido, pero ya no en la Asamblea de Madrid "desde el fin de las vacaciones".

Fuentes del entorno de Hernández subrayan que la exconcejala no incumple el código ético del PSOE, porque "ya no ocupa ningún cargo institucional, puesto que dejó su acta de concejala en 2014, en cuanto fue imputada". Pero sí mantiene un cargo orgánico (secretaria de Política Municipal en Getafe), amén de la dirección del Gabinete de Hernández en el PSOE-M.

El código ético del PSOE exige que el cargo público u orgánico deje su puesto y se dé de baja como militante si se abre juicio oral. No es el caso aún de González

El código ético del partido, impulsado por Pedro Sánchez hace casi un año, señala, en su artículo 5. 2, que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria" y, si no, será expulsado. En el punto 5. 3, se faculta a los órganos federales a adoptar "las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y su gravedad" antes de que se llegue al momento de apertura de juicio oral, simplemente cuando haya imputación. Precepto que sirvió para reclamar el escaño a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y al resto de aforados encausados por el caso de los ERE de Andalucía.

Denuncia "política"

A falta de conocerse la resolución judicial, en el PSOE insisten en que la denuncia que interpusieron los populares es puramente "política". "Inquietud ninguna. El PP ya puso 15 denuncias a Pedro Castro y 14 fueron desestimadas. Sólo queda pendiente esta", indican en el entorno del exalcalde, muy enfrentado con Hernández. Castro, si el proceso sigue adelante, hará valer que no estuvo presente en la Junta de Gobierno del 12 de julio de 2007, cuando se aprobaron las adjudicaciones de los aparcamientos, ya que se encontraba de vacaciones. Quien dirigió la reunión aquel día fue su segunda y actual alcaldesa, Sara Hernández, como se puede constatar en el acta de la Junta de Gobierno, publicada en la web. Ella, sin embargo, no está imputada.

Fuentes del PSOE-M señalan que, si finalmente la Audiencia no archiva la causa y se procede a la apertura de juicio oral, el escenario será otro y, probablemente González deberá dejar la ejecutiva local. "Pero eso de momento es un futurible". Por ahora, defienden la relación de Hernández con ella, como "amiga" suya y como máxima colaboradora. Sin querer hablar de dinero o arrojar más transparencia sobre el estatus de la exedil procesada.