Un competidor de Cofely pide personarse como acusación para que pague por el fraude

Según ha podido saber El Confidencial, una de las empresas del sector que habría resultado perjudicada por las presuntas prácticas irregulares de Cofely ha decidido ahora solicitar su personación en el procedimiento como acusación particular para exigir responsabilidades penales para su competidor. Se trata de la compañía valenciana Fulton, especializada al igual que la firma francesa en el sector de la eficiencia energética y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. El juez Velasco ha remitido la solicitud a las partes para que informen sobre la procedencia de la personación.

Fulton acusa a Cofely de haber recurrido a la trama para arrebatarle uno de los concursos de eficiencia que están bajo sospecha, en concreto, la adjudicación que tramitó el Ayuntamiento de Móstoles sólo meses antes de que estallara la primera fase de la operación en octubre del año pasado. Los directivos de Fulton sostienen que su oferta era más competitiva pero, a última hora, el Consistorio decidió anularla y concedió el mantenimiento de 147 edificios públicos y el suministro energético municipal a Cofely por un importe de 73 millones de euros durante un periodo de 12 años.

Concursos amañados y comisiones del 2%

La firma valenciana denunció la victoria de la oferta más cara e insinuó que el concurso había estado en realidad teledirigido para favorecer al gigante galo. El 27 de octubre de 2014, la Guardia Civil confirmó esa sospecha. Como ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción, directivos de Cofely habrían recurrido a Granados y Marjaliza para utilizar su influencia y contactos con el fin de amañar adjudicaciones. La red habría comprado a políticos locales con comisiones que superaban el 2% del importe total de los contratos. Los pliegos de condiciones de Móstoles y de más de una decena de ayuntamientos de toda España fueron redactados por técnicos a sueldo de la trama.

Por esos hechos están imputados cuatro exdirectivos de Cofely. Se trata de Didier Maurice, Pedro García Pérez, Constantino Álvarez de las Cuevas y José Antonio Hernández. La propia compañía, que después de la operación presentó un ERE que afecta a más de 300 trabajadores, también está imputada. Pero Fulton ha decidido solicitar su personación para asegurarse de que su rival no sale indemne del procedimiento.

Responsabilidades en Francia

Una acusación que ya ha sido aceptada en el caso, la que ejerce la Asociación Apedanica, ha ido más lejos y ha decidido presentar un escrito en los tribunales franceses para que el grupo GDF-Suez sea investigado en su propio país por el supuesto pago de sobornos en España. Las legislaciones nacionales también sancionan el pago de comisiones en el extranjero.

Las otras dos sociedades imputadas por ahora formalmente en el procedimiento son Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, propiedad ambas de Alejandro de Pedro Llorca, considerado por el juez otro de los presuntos cabecillas de la red. Los investigadores acusan a varios políticos de haber encargado a Eico y Madiva trabajos para mejorar su imagen y reputación personal en internet y de abonar luego esos servicios con fondos públicos. Al igual que en el caso de Cofely, la investigación se dirige contra ambas sociedades por haber recurrido a la red de Granados y Marjaliza para aumentar su cifra de negocio.