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Interior vuelve a reducir la unidad policial que investiga 30 casos de corrupción
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a pesar del requerimiento del poder judicial

Interior vuelve a reducir la unidad policial que investiga 30 casos de corrupción

El Ministerio insiste en no apostar por la Brigada de Blanqueo de Alicante, el grupo que lleva siete años investigando el caso Brugal y otros asuntos relacionados con la corrupción

Foto: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional. (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional. (EFE)

El Ministerio del Interior no apuesta por la Brigada de Blanqueo de Alicante, un grupo policial que acarrea sobre sus espaldas casi una treintena de investigaciones judicializadas relacionadas muchas de ellas con la corrupción, como el caso Brugal, cuya instrucción -sobre una trama política y económica con ramificaciones en toda la provincia y que se divide en 20 causas judiciales- acumula ya siete años de diligencias atascadas.

Hace quince días, la Comisaría Provincial de Alicante volvió a asestar un nuevo varapalo a este ya reducido grupo de policías que actualmente apenas supera la media docena de agentes. Un inspector y un subinspector especializados en investigaciones anticorrupción, que han trabajado en la zona en los últimos años, abandonaron el grupo para ser trasladados a otros puestos de trabajo. Según fuentes policiales consultadas, ninguno de los dos será sustituido previsiblemente en los próximos días y su salida se une a la que próximamente será anunciada de otro miembro más del equipo, lo que dejará el grupo en cuadro.

La decisión de volver a mermar los efectivos de la Brigada de Blanqueo (perteneciente a la UDEF) -que investigan el presunto amaño urbanístico de los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en beneficio del empresario Enrique Ortiz- ha desanimado por enésima vez a los responsables de las pesquisas, que llevan mas de un año solicitando la ampliación de plantilla para hacer frente a todos los procesos abiertos (Puerta Uno, la supuesta financiación ilegal de una campaña electoral, las investigaciones a políticos, etc.).

Un inspector y un subinspector especializados en anticorrupción abandonaron el grupo. Ninguno de los dos será sustituido en los próximos días

La nueva reducción, además, va en la línea contraria a la señalada por Manrique Tejada, el instructor del caso Brugal. El juez solicitó el pasado marzo al comisario provincial, José Javier Cuasante, que dotara de más medios al grupo. "Visto el estado de las actuaciones y la dilación en su conclusión, remítase oficio al ilustrísimo comisario provincial de Alicante a fin de que informe a este juzgado del estado de la investigación y, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo las conclusiones de su investigación", rezaba el escrito enviado por el magistrado, que también remitió una copia del mismo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva.

El juez aún se encuentra a la espera de dos informes policiales relativos a los registros de la casa y del yate del constructor Ortiz realizados por los investigadores en el verano de 2010. Hace más de cinco años y los agentes aún no han entregado los documentos al juzgado debido, precisamente, a la cantidad de trabajo que tienen que afrontar los componentes de la Brigada Provincial de Blanqueo.

Un mes después de la misiva de Tejada, y en vista de que Cuasante no reaccionaba, el Consejo General del Poder Judicial entró en escena y remitió un escrito al director de la Policía, Ignacio Cosidó, en el que le conminaba a acabar con los "obstáculos" que a su juicio "impiden" la conclusión de la investigación. Este llamamiento del Poder Judicial sí pareció lograr el resultado esperado por el instructor, pues Cuasante acordó pocos días después reforzar el equipo que lucha contra el blanqueo de capitales con tres nuevos inspectores.

placeholder Sonia Castedo en una imagen de archivo. (EFE)

Las incorporaciones, sin embargo, no sirvieron de mucho, pues no se trataba de policías especializados en la materia y apenas duraron unos días en sus nuevos destinos, lo que ponía las cosas como al principio. Las fuentes consultadas recuerdan que la formación es sumamente importante en este tipo de investigaciones que abordan complejos entramados societarios y económicos. En este punto, tampoco la Comisaría Provincial ha hecho los deberes, ya que en los últimos cuatro años los agentes dedicados a rastrear el blanqueo de capitales no han recibido ni un solo curso de formación sobre esta materia.

Las nuevas salidas, por lo tanto, vuelven a acrecentar los problemas de recursos humanos y materiales que tenía el equipo ante la atónita mirada de los jueces, pues llueve sobre mojado en una plantilla que ya había sufrido recortes. El pasado verano, el comisario provincial emprendió una reducción de la plantilla de toda la Policía Judicial que afectó a todas las unidades englobadas en este departamento: la unidad antidroga (UDYCO), la que lucha contra la delincuencia violenta (UDEV) y la que persigue la corrupción económica y política (UDEF), a la que pertenece la mencionada Brigada de Blanqueo.

Cuasante decidió que los efectivos de Policía Judicial sobrantes debían incorporarse a los grupos de seguridad ciudadana, a pesar de que la delincuencia en las calles había descendido un 30% en cinco años y no parecía tan necesario reforzar esas plantillas como las mermadas de Policía Judicial.

El Ministerio del Interior no apuesta por la Brigada de Blanqueo de Alicante, un grupo policial que acarrea sobre sus espaldas casi una treintena de investigaciones judicializadas relacionadas muchas de ellas con la corrupción, como el caso Brugal, cuya instrucción -sobre una trama política y económica con ramificaciones en toda la provincia y que se divide en 20 causas judiciales- acumula ya siete años de diligencias atascadas.

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