Las elecciones generales aparcan el plan de privatización de la seguridad de las prisiones

La inminente celebración de las elecciones generales -que los últimos pronósticos sitúan a mediados de diciembre- llevará previsiblemente a que el Gobierno evite tomar decisiones que conlleven un coste electoral después de verano. Uno de los temas tabú que se dejarían de lado es el controvertido asunto de la privatización de la seguridad en las prisiones, que provocó -cuando se puso en marcha en 2012- un sonado abucheo al Ejecutivo por parte de la opinión pública, que lo interpretó como un primer paso para ir cediendo competencias de la Policía y la Guardia Civil a las empresas.

La tercera fase del plan de privatización de la seguridad de las prisiones tendría que entrar en vigor el próximo octubre, según los plazos inicialmente previstos por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio del Interior no es capaz de aclarar a estas alturas si cumplirá los tiempos, que ya sufrieron retrasos en las dos primeras fases. Por el momento, desde el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz explican que aún no está decidido si se pasará al tercer estadio antes de las elecciones generales y que, en caso de que se opte por no hacerlo, se prorrogaría el actual momento por tiempo indefinido.

En la práctica, es muy posible que el nuevo Gobierno que salga de las urnas, por lo tanto, se encuentre el plan inacabado y con posibilidades de volver a replantearlo, ya que por el momento no ha salido ningún guardia civil de los centros penitenciarios, como estaba previsto que ocurriera ya en 2015. De hecho, en varios consejos de la Guardia Civil -órgano de encuentro entre asociaciones profesionales y administración- celebrados en 2014 los representantes de la Dirección General y los de los sindicatos abordaron el tema de los nuevos destinos que ocuparían los agentes una vez que abandonasen su plaza en las prisiones. Ambas partes incluso llegaron a pactar que estos funcionarios serían recolocados en la misma ciudad en la que operaban para no alterar su vida familiar.

Por el momento, por lo tanto, el plan únicamente ha conllevado gastos y ningún ahorro, que es la finalidad con la que se puso en marcha, como destacó el 28 de junio de 2012 el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que era necesario tirar de seguridad privada en los centros penitenciarios ante la imposibilidad de asumir los costes del servicio con nuevas plazas de funcionarios. Según calculó entonces el sindicato Acaip, la medida conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.

Sin embargo, el mantenimiento de los guardias civiles y de los vigilantes de seguridad junto a los funcionarios de prisiones en los mismos centros, sin que nadie abandone sus puestos, ha engordado en la práctica el coste global destinado por el Ministerio del Interior a este servicio, y ha supuesto una de las cinco mentiras en torno a este proyecto. El Gobierno desembolsó 33 millones de euros a las empresas de seguridad que se hicieron cargo de la vigilancia perimetral de las prisiones españolas tras la puesta en marcha de la segunda fase del plan el pasado año.

El plan de privatización, por lo tanto, no cumplirá su función de ahorro, pero tampoco aquella para la que también fue concebido inicialmente. El Ejecutivo vendió el proyecto ante la opinión pública justo en el momento en el que ETA había abandonado la lucha armada y, de hecho, utilizó esta excusa para prometer a los escoltas que habían trabajado toda la vida protegiendo a personalidades amenazadas por la banda que pasarían a vigilar ahora los centros penitenciarios. Sin embargo, apenas un 10% de los vigilantes que se dedica a estos menesteres hoy ha sido antes guardaespaldas.

Los profesionales de la protección de personas se sienten defraudados por el Gobierno porque consideran que ha roto su promesa. De hecho, varios centenares se agruparon en torno a la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi para movilizarse contra el Ministerio del Interior y pedir un puesto de trabajo digno, lo que muestra el descontento de este sector con el desarrollo del plan de Interior.