Carmena y Aguirre se ponen por fin de acuerdo en algo: una oficina anticorrupción

Las posturas entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la jefa de la oposición, Esperanza Aguirre, parecen estar llamadas a no coincidir en nada. Los mensajes que nada más ganar las elecciones el PP, aunque sin mayoría absoluta, se lanzaban una a otra con ánimo de buscar la gobernabilidad indicaban que iba a haber desencuentro para rato.

Sin embargo, conforme pasan los días y comienza la vida real, el pragmatismo lleva a que haya posiciones comunes y formas de ver la política similares. Al menos en asuntos puntuales. Es el caso de la lucha contra la corrupción, una bandera a la que todos los partidos quieren agarrarse como sea y que podría significar el primer punto de acuerdo entre las dos lideresas municipales. Al menos sobre el papel.

La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors) ha propuesto a cada una de las dos dirigentes por separado la creación de una oficina antifraude o anticorrupción que dependa del pleno municipal y que sirva para evitar comportamientos deshonestos de los ediles, recibir denuncias de funcionarios o de ciudadanos e incluso sugerir políticas concretas para prevenir malas prácticas.

Tanto Carmena como Aguirre han visto con buenos ojos la propuesta y han quedado en que la estudiarán con detenimiento antes de decidir apoyarla de manera definitiva. Quienes sí han dado su respaldo explícito han sido el otrora portavoz del PSOE Antonio Miguel Carmona y la responsable de Ciudadanos en el consistorio, Begoña Villacís, que a finales de junio no dudaron en adherirse a la iniciativa después de mantener sendas reuniones con los impulsores del proyecto.

Desde Accors –organización apolítica que pretende impulsar medidas para atajar el fraude y otros males vinculados con la actividad política– se asegura que la medida debe respaldar al denunciante y mantenerle en el anonimato como modo de preservar su integridad, extremo que en principio no rechazan los partidos municipales.

La agrupación, que no acepta políticos en activo pero que mantiene buena relación con algunos de ellos, ha propuesto a los cuatro grupos del arco municipal crear la oficina antifraude a comienzos de 2016, con lo que habría que reservar una partida para ello en los próximos presupuestos del Ayuntamiento. Además, pretende que la oficina fuerce a los corruptos a devolver el dinero robado y que el montante sea invertido en la institución antifraude.

Por el momento, no hay plazo para que Aguirre y Carmena contesten a la proposición de la asociación, aunque es cierto que el colectivo impulsor pretende que la iniciativa esté activa ya el próximo año. La alcaldesa, por el momento, se limitó a advertir durante su reunión con los representantes de Accors que el proyecto le agrada y admitió que estaba pensando en poner en marcha algo similar.

Carmona –al que la secretaria general del PSM, Sara Hernández, sustituyó por Purificación Causapié el pasado 4 de agosto–, por su parte, abrazó rápidamente la propuesta de la asociación porque entendía que iba en la misma línea que había defendido su partido en la campaña electoral. De hecho, el propio Carmona, en sus primeras conversaciones con Carmena en los días siguientes a la celebración de los comicios, conminó a la ahora alcaldesa a crear una oficina similar a la de la Asociación contra la Corrupción.

“Es una línea roja a la que debe comprometerse todo grupo político que aspire al apoyo del PSOE; será una medida central en la lucha contra la corrupción y por la transparencia”, sentenció el pasado 2 de junio el entonces portavoz del grupo municipal socialista.

Parece claro, por lo tanto, que los cuatro partidos que componen el arco local están de acuerdo en el qué, en la construcción de la mesa; septiembre será un mes importante para ver si todos ellos son capaces de consensuar las cuatro patas que deberán sostener esa oficina y si se sitúan conforme propone la Asociación contra la Corrupción.