El toro, animal político en tiempos de cambio

El mundo del toro clama al cielo por su incierto futuro ante la retirada de subvenciones públicas decretada por numerosos ayuntamientos, grandes y pequeños, e incluso comunidades autónomas como Valencia, que planea seguir la estela de Cataluña y Canarias prohibiendo los actos taurinos. La práctica totalidad de las candidaturas de unidad popular y fuerzas progresistas como Podemos o Compromís llevaban esta medida en sus programas, y allí donde han ganado las elecciones se afanan en darle rápido cumplimiento. A Coruña, Valencia, Palma de Mallorca, Gandía o Ciempozuelos han sido los primeros en mover ficha, mientras que en otros territorios como Huesca, Alicante o Sueca se celebrarán referéndums sobre su prohibición.

La tauromaquia siempre ha sido un arma arrojadiza entre partidos de diferente signo, una de esas cuestiones fetiche que enfrentan a idearios conservadores y progresistas. Un imaginario beligerante en el que avanzan posiciones los defensores de los derechos de los animales. Sin eludir la autocrítica, muchos de los que apoyan y participan de esta práctica ancestral reconocen que el enemigo está en casa. “No hemos sabido comunicar, enmarcar la tauromaquia en el terreno económico y no tanto en el político. El problema radica dentro del mundo del toro porque no se ha sabido juntar para informar a la opinión pública del daño económico que causan estas decisiones, más en tiempos de crisis”, explica el periodista y secretario general de la escuela taurina Sevilla-Amate, Antonio Manuel Portillo.

Para los colectivos animalistas, que han celebrado las decisiones institucionales que ponen freno a las celebraciones taurinas, el horizonte pasa por la abolición, después de dar los primeros pasos para evitar las subvenciones públicas y la presencia de menores en las plazas. La sensibilidad mostrada desde numerosos consistorios hacia sus posturas los hace ser optimistas.

Gestos como el de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ya ha anunciado su intención de no acudir al palco VIP reservado en Las Ventas para las autoridades del consistorio. Asimismo, una semana antes de las elecciones firmó un compromiso con colectivos en defensa de los derechos de los animales para desarrollar una ordenanza que haga de la capital una "ciudad amiga de los animales", crear una Oficina de Protección y eliminar subvenciones o ayudas municipales a espectáculos taurinos y escuelas de tauromaquia.

El camino para desprender a España de su piel de toro está encontrando resistencias, derivando en algunos lugares en la confrontación. Las alcaldesas de Sueca, Raquel Tamarit (Compromís), y de Ciempozuelos, María Jesús Alonso (Ciempozuelos en Común), han denunciado amenazas tras anunciar su intención de no seguir apoyando la tauromaquia con fondos públicos, e incluso han tenido que ser escoltadas por la Policía para evitar posibles agresiones de manifestantes contrarios a la retirada de fondos públicos. Asimismo, concejales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes fueron increpados a la salida de un pleno en el que se debatió una moción en contra de las subvenciones que destina este pueblo a la tauromaquia, tras lo que cursaron una denuncia. Las protestas en Ciempozuelos han obligado a los representantes del Ayuntamiento a convocar un pleno extraordinario, el próximo 10 de agosto, con este asunto como único punto en el orden del día.

Menos ruido están generando estas decisiones en A Coruña, donde el regidor, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), canceló el contrato con la empresa promotora de la Feria Taurina, una decisión que justificó por “interés público” al suponer un ahorro para las arcas públicas de alrededor de 50.000 euros. La escasa afluencia a la feria durante los últimos años, unida a la creciente oposición mostrada, visible tanto en los sondeos como en las numerosas protestas que se producían, ha hecho que la oposición a estas medidas haya tenido más eco a nivel estatal que en la propia ciudad.

La protección animal y la lucha contra la “crueldad” y “maltrato” son algunas de las banderas enarboladas por estos colectivos, mientras que desde la arena política se defiende el fin de las subvenciones para priorizar el uso de estos fondos a paliar otras necesidades sociales más prioritarias. Un argumento “poco exacto” y revestido de “populismo”, en opinión de Portillo, para quien la retirada de fondos supone poner palos en las ruedas del desarrollo económico al que empuja la tauromaquia. “Se mueven muchos millones no sólo directamente en el sector del transporte, la crianza de animales, etc., sino también indirectamente con todo lo que supone como impulso del turismo. No tiene ningún sentido suprimir las corridas o cerrar plazas si nos centramos en el aspecto económico, además del empleo que genera”, añade uno de los responsables de la escuela taurina Sevilla-Amate.

Desunión en tiempos de alerta roja

La tauromaquia se ha metido de lleno en la agenda política coincidiendo con las primeras medidas antitaurinas de los Gobiernos locales progresistas que se hicieron con el bastón de mando el 24-M y con el aumento de los eventos taurinos que tradicionalmente tienen lugar en época estival. Entre los partidos de corte estatal todavía no está claro cómo abordarán esta cuestión en sus programas para las generales, aunque si sigue aumentando la polémica podría convertirse en un arma arrojadiza electoral. Podemos, uno de los más afines a la abolición si se toma como referencia el programa con el que se presentó a las elecciones europeas, ha pasado de defender la “prohibición de la tauromaquia” a limitarse a rechazar las subvenciones públicas para las corridas de toros, como coincidieron en señalar sus candidatos durante las pasadas elecciones autonómicas.

Desde el mundo del toro se está reaccionando con protestas en los ayuntamientos, pero se reclama una movilización más general e, incluso, internacional

“Si se mantiene con sus propios ingresos, (la tauromaquia) no sería un problema”, explicó en campaña electoral el ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López. En el programa marco con el que la formación liderada por Pablo Iglesias se presentó a las pasadas elecciones, ni siquiera se abordaba la cuestión de las subvenciones a los eventos taurinos. En cambio, Compromís, grupo con el que posiblemente confluirá Podemos en la comunidad valenciana, sí defiende entre sus ejes programáticos declarar este territorio “libre de espectáculos con animales” y “no subvencionar con dinero público ningún acto donde se maltraten animales”. Todo ello mediante modificaciones legales.

Desde el mundo del toro se está reaccionando con la convocatoria de protestas en los ayuntamientos contrarios a la subvención de corridas, pero se reclama una movilización más general, e incluso internacional a modo preventivo. “Hay que sentar ya las bases para organizarnos, celebrar reuniones sentándonos también con representantes del mundo del toro en Portugal, Francia, y países latinoamericanos. La mentalidad de empresarios, toreros, ganaderos, etc. tiene que cambiar porque estamos en momentos muy complicados y hace falta impulsar una entidad que integre a todo el mundo” para salvar la situación, sentencia Portillo.