El negro horizonte de Roca: tras la Malaya, le piden 24 años más por el caso Terrenos

Las secuelas de Malaya sólo acaban de empezar. A Juan Antonio Roca se le siguen acumulando los procesos. La culminación en el Supremo del caso ha dejado “duramente tocado” al que fuera el cerebro de urbanismo en Marbella durante el periodo gilista. Según ha sabido El Confidencial el exasesorse mostró“iracundo al enterarse en prisión del dictamen del Alto Tribunal”,que elevaba de 11 a 17 años su pena.

Fuentes jurídicas cercanas a Rocaaseguran que“se están ensañando con él, mientras a otros ni se les ha tocado el ojal de la camisa”. Pero esto no ha terminado y Roca lo sabe. No sólo le han negado los permisos carcelariosdesde que entró en prision, sino que, cuando le empiecen a sumar la treintena de procedimientosque aun le quedan, le van a salir las canas en la penitenciaria.

El exgerente de Urbanismo cumplió el 29 de marzo nueve años entre rejas, y ya ha abonado los ocho millones de euros de la responsabilidad civil del caso Saqueo 1. Pero ahora le viene la causa peor de todas: la pieza separada del “caso Convenios”, que está levantando ampollas este verano en Marbella. El recién emitido informe del fiscal Francisco Montijano, en el marco de una de las piezas separadas, es demoledor y le pide 24 años de prisión por los terrenos de la Cañada.

En esta pieza están otros dos conocidos personajes más del caso Malaya, Julián Muñoz y el empresario y dueño del centro comercial La Cañada, Tomás Olivo, que ahora no las tiene todas consigo. El ministerio público sostiene que Olivo adquirió los terrenos de la superficie comercial “mediante sobornos” y pide para él un total de 18 años de cárcelpor los delitos de cohecho continuado, fraude y prevaricación urbanística, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación. El presunto sobornado fue el exasesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca.

El trío Roca, Muñoz, Olivo

Este procedimiento penal se instruye en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y es producto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras los informes de fiscalización del citado organismo contable. La calificación provisional del ministerio público, previa al juicio oral que deberá celebrarse en la Audiencia de Málaga, proviene de los informes elaborados en su día por el Tribunal de Cuentas del Estado, que alertó de numerosas irregularidades en una treintena de convenios urbanísticos, desarrollados durante el gilismo (1991-2006). Olivo, Roca y Muñozno estarán solos en el banquillo de los acusados.

Junto a ellos se sentarán los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano, condenados como testaferros de Roca por blanqueo de capitales en el ‘caso Malaya'. Siete exediles del GIL que formaron parte de las comisiones de gobierno que aprobaron decisiones favorables a Olivo afrontan penas de 2 años de prisión. El escrito del fiscalreclama también la devolución de 50 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella.

En cinco juzgados de Marbella se instruyen más de treinta piezas separadas y todas ellas derivadas del caso Malaya que no diotiempo aanalizar en el proceso matriz. Se estudian posibles delitos de blanqueo, más de una decena de ilícitos contra la ordenación del territorio, numerosos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Estos indicios de delitos están argumentados ante cada instructor por informes policiales y de la Agencia Tributaria. Según algunos juristas consultados por este medio, algunos de estos procedimientos podrían haber prescrito ya.

Ocho años más por el caso de Sean Connery

Roca saldrá de prisión en el próximo año... parasentarse en el banquillo como acusado en otro conocido caso:” El Goldfinger', en el que se investiga la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela donde estaba el chalé del actor Sean Connery en la localidad marbellí. El fiscal le solicita ocho años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude; y por cohecho. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga prevé celebrar de enero a marzo de 2016 el juicio contra 17 personas, además del exasesor.

El acuerdo, aparentemente urdido por Juan Antonio Roca, permitió que la finca Malibú y otra contigua, en la que también había vivido un matrimonio de ancianos millonarios y que también estaba a nombre de una sociedad, ByTheSea, pudiera albergar la construcción de un complejo residencial de lujo. La edificabilidad se multiplicó hasta superar en un 445% lo permitido, y el número de viviendas creció un 3.500% sobre lo que marcaba la norma. En la instrucción se ha calculado en 5,4 millones de euros el perjuicio para el Ayuntamiento.