Admitida a trámite una querella contra la inmobiliaria Fergo Aisa por falsear su patrimonio

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra el presidente y el consejo de la inmobiliaria Fergo Aisa, que se encuentra en fase de liquidación. El Juzgado número 22 de Barcelona ha citado al presidente, Carlos Fernández, para el próximo día 28, en el que tendrá que asistir con abogado. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado aclara que con lo que declare el querellado se procederá a la citación como imputados del resto de miembros del consejo que aparecen en la querella, como Joan Hortalá Vallvé, hijo del presidente de la Bolsa de Barcelona.

En la querella, presentada por el abogado Felipe Izquierdo como pejudicado personal, se explica que Fergo Aisa "presentaba una imagen económica y patrimonial del grupo muy distante a la realidad". Además, recuerda que Fernández anunció contratos como la construcción de 20.000 viviendas en Colombia y 18.000 pisos más en Irak, cuando la empresa ya no tenía ninguna actividad.

La querella fue presentada en la Audiencia Nacional pero por falta de competencia se remitió a un juzgado de la capital catalana. Hace unos días. el administrador concursal de Fergo Aisa solicitó que el concurso se declarado culpable y que se reclame un total de 133 millones de euros para Carlos Fernández y el resto del consejo. El déficit concursal se sitúa en 221 millones de euros.

En la querella, el abogado afirma que "no nos hallamos ante centenares de accionistas que han sufrido su inversión a causa de la crisis mundial y la caída de los mercados, sino ante una estafa monumental orquestada por el presidente de la sociedad y el resto de querellados, como pone de manifiesto el informe de la administración concursal".

Así, el juez recoge en su auto, fechado el 21 de julio, que el querellante adquirió 600.000 acciones el 12 de febrero de 2012 de la sociedad Fergo Aixa, "en un momento en el que la sociedad estaba, según recoge la querella, inactiva y en situación de insolvencia". Por los hechos denunciados, el juez considera que se podría estar hablando de delitos de falsedad de la información económico-financiera y "la incidencia que ellos tuvo en la formación de la base objetiva y subjetiva del negocio jurídico que suscribió el querellante".