La cruzada de un sólo abogado contra los símbolos franquistas en calles e iglesias

El abogado experto en derechos humanos Eduardo Ranz libra una cruzada para reclamar la retirada de los elementos con simbología de exaltación franquista, falangista y de la Guerra Civil de 16 gobiernos autonómicos, así como de 24 diócesis de la Iglesia católica. Este jueves, tan sólo dos días antes de la conmemoración de la sublevación militar del 18 de julio, terminó de presentar todos los escritos de derecho de petición y firmadas las copias de recibo, a la espera de las primeras respuestas que llegarán pasados 45 días hábiles.

Aunque Ranz ha recibido apoyos de asociaciones y algunos políticos a título personal, encabeza esta campaña en solitario, un esfuerzo que tiene precedentes y muchos meses de trabajo para reivindicar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007. “Se trata de abordar este problema que tras cuarenta años de democracia seguimos sin resolver”, ha comentado a modo de leit motiv.

Ya en meses pasados había presentado un derecho de petición ante los ayuntamientos y ante el Arzobispado de la capital pero no había obtenido respuesta. Por eso acogió con optimismo que tras el silencio del consistorio madrileño durante la gestión de la popular Ana Botella la nueva alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, declarara entre sus primeras medidas, aunque no entre las más urgentes, la voluntad de cumplir con la retirada de escudos, insignias, placas y otros elementos de las calles de la capital, donde se estiman en centenares los símbolos franquistas.

“El ambiente está siendo bueno. Donde antes se identificaban problemas, ahora en declaraciones públicas se ven soluciones”, comenta Ranz, para quien la ley no se está aplicando de forma cabal, porque no se está dando acceso a los documentos históricos. “Hasta que no haya una buena regulación, una partida presupuestaria en condiciones y un buen acceso a los archivos de ámbito nacional seguiremos sin resolver este problema”, observó.

Audiencias privadas con el papa

En los últimos días, Ranz ha enviado los escritos a todos los gobiernos autonómicos, con excepción del País Vasco, “que ya ha cumplido con la retirada de los símbolos franquistas”. La solicitud se basa en tres puntos: la elaboración de un catálogo de vestigios en cada una de las comunidades, la designación de un comité de expertos que determinarán si es viable o no la retirada de ciertos elementos y la entrega del listado a las autoridades locales, que según la ley son las encargadas de retirar los símbolos. El cuarto punto pasa por una audiencia privada con cada uno de los presidentes autonómicos.

La iniciativa del joven abogado tiene también un componente canónico. Desde hace meses ha trabajado junto con 24 diócesis para identificar qué unidades territoriales tienen placas, cruces o emblemas colocados por personajes de dicho periodo histórico. En este primer sondeo, Ranz logró las primeras respuestas positivas por parte de los obispados de Segovia, Ciudad Rodrigo, Coria, Tui y Santander, dispuestos a retirar los símbolos que han inventariado.

“La mayoría son cruces de los caídos que nunca ha financiado ni han sido propiedad de la Iglesia, por lo que entienden que son las administraciones locales las que deben proceder a su retiro”, explica el experto en derechos humanos. El abogado completó la diligencia en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde además del desalojo de estos elementos conmemorativos ha pedido una audiencia privada con el papa Francisco “apelando a su carácter progresista”, para que emita un decreto encaminado a retirar la simbología franquista de los templos españoles.

Retirada de cuerpos en el Valle de los Caídos

La batería de propuestas de Ranz también pone la mira en el lugar más emblemático de la simbología franquista: la Basílica y el Monasterio del Valle de los Caídos, construida desde 1940 por orden de Francisco Franco y levantada por represaliados políticos de la Guerra Civil.

En este templo Ranz pide que se saquen los cuerpos de Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, porque el derecho canónico ordena que sólo los restos de obispos, cardenales y papas pueden ser enterrados en basílicas. Precisamente la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos presentará el viernes al Comité para las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en Ginebra un dossier en el que argumenta que no se pueden exhumar los cuerpos de los 30.000 caídos de la Guerra Civil que reposan en los osarios de la Basílica, incluidos los de Franco y Primo de Rivera.