Baleares devuelve la sanidad gratuita a 15.000 inmigrantes irregulares

El Govern balear expedirá desde el próximo lunes un documento a los inmigrantes irregulares para devolverles el derecho a atención médica y prestación farmacéutica gratuitas en las mismas condiciones que las disfrutan los españoles y los extranjeros que residen legalmente en las islas.

La consellera de Salud del nuevo Govern de izquierdas, Patricia Gómez, ha explicado hoy que su departamento estima que unos 15.000 ciudadanos del archipiélago sin permiso de residencia podrán recuperar el derecho que perdieron por el cumplimiento del decreto aprobado por el ejecutivo central en 2012.

El portavoz del Govern, Marc Pons, ha resaltado que la retirada de la tarjeta a los residentes irregulares fue una decisión "económicamente ineficaz y socialmente cruel", por lo que la restitución del derecho pera prioritaria para el ejecutivo de coalición formado por PSOE y MÉS, que cuenta con el apoyo parlamentario de Podemos.

Gómez ha incidido en que no hay datos sobre el supuesto ahorro que supuso la supresión de la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles y ha subrayado que, por contra, hay estudios que demuestran que su derivación a los servicios de urgencias como única alternativa para ser atendidos resultaba más caro que asignarles un médico de familia y que se beneficien de los servicios comunes.

Tendrán derecho al documento para acceder a la sanidad pública universal los extranjeros irregulares de países cuyos nacionales no están cubiertos por el sistema español, que no tengan la condición de asegurados o beneficiarios de cualquier otra administración y que carezcan de recursos económicos, para lo que se les hará firmar una declaración jurada.

Las condiciones reseñadas se refieren a mayores de 18 años, puesto que los menores sin papeles no estaban afectados por el decreto estatal de exclusión.

El documento, que tendrá validez solo en Baleares durante 12 meses prorrogables, será gratuito para sus titulares, ha indicado la consellera de Salud, que ha lamentado que, por decisión del anterior Govern, los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que son 1,06 millones, deban abonar 10 euros por su renovación. La tasa será suprimida en la próxima ley de presupuestos, ha anunciado.

Por otro lado, la consellera ha vuelto a ser preguntada por las críticas a que haya nombrado a su pareja, Juli Fuster, director general del Servicio de Salud, ante lo que ha repetido el argumento de que no hay nadie más preparado que él para ocupar ese cargo.