La Guardia Civil identifica a otro conseguidor en los 'pelotazos' de Púnica con la electricidad

El caso Púnica está permitiendo descubrir que la privatización del suministro y mantenimiento eléctrico de instalaciones municipales se ha convertido durante los últimos años en un suculento negocio que atrae a grandes compañías de todos los sectores, incluso de la construcción. Una de esas firmas, la multinacional francesa Cofely, del grupo GDF-Suez, está acusada de haber recurrido a la presunta trama corrupta para amañar contratos de ahorro energético que suman 250 millones de euros. Pero las pesquisas han servido para averiguar que otras empresas también habrían utilizado las prácticas de Cofely para garantizarse contratos energéticos por importes millonarios. Una de esas nuevas firmas, Asproener SL, está vinculada con licitaciones en una decena de consistorios de la Comunidad de Madrid que hasta ahora habían conseguido librarse de la investigación.

El modo en que operaba Asproener es casi idéntico al que se esconde tras las adjudicaciones irregularidades a Cofely. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sostienen que la firma francesa utilizó los contactos políticos del exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y de su socio y amigo constructor David Marjaliza para lograr que diferentes consistorios sacaran a concurso la licitación para el suministro de la energía eléctrica municipal.

La decisión se camuflaba argumentando que la privatización supondría un ahorro en la factura energética de la localidad y mejoraría sus parámetros medioambientales, pero el momento clave del amaño tenía lugar a continuación. Los pliegos del concurso se redactaban siguiendo las recomendaciones que había elaborado previamente una supuesta consultora independiente de eficiencia eléctrica llamada Ruta Energética. Sin embargo, los investigadores han confirmado que Ruta Energética formaba parte de la red societaria de Granados y Marjaliza, y que sus supuestas orientaciones sólo tenían como objetivo teledirigir los concursos para garantizar la victoria de Cofely.

El pago de las comisiones

Ruta Energética también cumplía otra función relevante en el amaño. Púnica habría utilizado el pago de esas falsas auditorías para canalizar las comisiones que recibieron los alcaldes y la propia red a cambio por su implicación en el fraude. Incluso después del concurso se aprobaban pagos anuales a Ruta Energética por hasta el 3% del importe de la licitación con la excusa de contratar a la consultora como oficina técnica independiente para la vigilancia del servicio.

El rastro de Ruta Energéticaaparece en los contratos adjudicados a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Parla, Valdemoro, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Collado Villalba y Móstoles, y por el consistorio pacense de Almendralejo, todos ellos investigados en laprimera fase de Púnica.

La aparición de otra consultora

Sin embargo, la UCO puso el foco por primera vez en una nueva consultora de eficiencia energética el pasado junio, dentro de la segunda fase de la operación. Los agentes detuvieron al ya dimitido alcalde de Moraleja de Enmedio (Madrid), Carlos Estrada, y a una técnico municipal que resultó ser su mujer por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a Cofely de 3,6 millones de euros.

A diferencia del resto de casos, la firma que intervino en la licitación de Moraleja de Enmedio no fue Ruta Energética, sino Asproener, una sociedad de proyectos energéticos constituida en 2011. Sin embargo, el trámite que precedió a la licitación señalada ahora por la UCO fue exactamente el mismo. El consistorio elaboró los pliegos del concurso utilizando como base las recomendaciones que había formulado previamente Asproener. Y, al igual que en otros consistorios, el coste de la auditoría de Asproener fue abonado por Cofely tras llevarse la licitación, aunque los fondos procedían en realidad de las arcas municipales.

Denuncia de UPyD

La aparición de Asproeneren Púnica confirma las sospechas de UPyD, que en septiembre de 2013 ya denunció que esta sociedad estaría en el centro de otra presunta trama de corrupción relacionada con la eficiencia energética que afectaba a una decena de municipios madrileños, todos ellos gobernados por el PP cuando se firmaron los contratos.

La formación magenta se refirió, entre otras localidades, a Arroyomolinos, Humanes, Torrejón de la Calzada, Griñón, Cubas de la Sagra, Algete, San Lorenzo del Escorial, Navalcarnero, Quijorna, El Álamo, Chinchón y Moraleja de Enmedio. Sin embargo, la detención del alcalde de este último pueblo confirmaría que Asproener no constituiría una trama independiente, sino que estaría vinculada con el núcleo de Púnica. La sombra de la sospecha se extiende, por tanto, a todos esos otros municipios que también privatizaron el suministro de energía empleando pliegos elaborados por esa otra consultora.

Tras la denuncia de UPyD, Asproener eliminó de su página web todos los datos sobre los ayuntamientos con los que había trabajado. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la firma, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio también ha declinado comentar los trámites que siguió para adjudicar el contrato de 3,6 millones de euros a Cofely tras la auditoría de Asproener.