Varapalo a Lozano: la Comisión de Garantías tumba su denuncia y avala que hubo 'traición'

Aunque el proceso podía durar dos meses, la Comisión de Garantías de UPyD ha emitido esta tarde su resolución sobre la denuncia que Irene Lozano y otros tres miembros del partido, Luciana Miguel, Rodrigo Tena y Félix Ortiz, interpusieron contra Rosa Díez y el resto de la dirección magenta por haber “rastreado su correspondencia electrónica”,acusándolos de estar desarrollando una “política de acoso” contra todos ellos. El caso se refiere a la revelación de una cadena de e-mails que habrían puesto de manifiesto una estrategia coordinada para “desarticular las listas de UPyD de cara a las elecciones autonómicas y converger con Ciudadanos”, según el Consejo de Dirección.

Lozano solicitó al Comité la apertura de un expediente disciplinario contra la líder, la suspensión inmediata de su ejercicio y otras medidas cautelares como “la organización del proceso electoral” o el nombramiento de una Gestora. Sin embargo, los dos integrantes de la Comisión, el diputado Rafael Calduch y Carmina Madrigal –el tercero era Félix Ortiz y, al estar implicado, decidió inhibirse voluntariamente–, consideran “improcedente” la denuncia presentada y proceden a “su archivo sin que proceda ulterior recurso”, además de incidir en que algunas de las peticiones exceden de las competencias de la Comisión, por lo que “en ningún caso se pueden admitir y mucho menos aplicar”.

Por otro lado, la Comisión 'echa en cara' a los críticos haber denunciado que el informe elaborado no recogía íntegramente los correos electrónicos, dando una versión sesgada, cuando cualquier miembro del Consejo Políticopuede tener acceso total al informe pericial y, con ello, al texto completo de los e-mails.

El dictamen no deja lugar a dudas: el control ejercido por la cúpula magenta sobre los correos“cumplió plenamente el criterio general de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”al haber recurrido a un control pericial realizado por expertos ajenos al partido, atendiendo a la “necesidad” dado que había una situación de amenaza clara para la actividad de UPyD en Asturias.

Además, la Comisión de Garantías insta a los demandantes a dirigirse a los tribunales penales si consideran que existen esos delitos en la conducta de los miembros del Consejo de Dirección por violar derechos fundamentales tales como el secreto de las comunicaciones y la intimidad, al haber accedido y difundido el contenido de la cuenta de correo de Ignacio Prendes –ahora perteneciente a Ciudadanos–, ya que la Comisión en ningún caso tendría potestad para pronunciarse al respecto.