Porsches, Mercedes, Audis, mansiones en La Concha: así vivían los capos de la prostitución

Los responsables de la docena de prostíbulos intervenidos por la Policía y la Agencia Tributaria llevan un tren de vida que pocas personas pueden sostener. Y más en tiempo de crisis. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en colaboración con la Agencia Tributaria ha tenido acceso a coches de alta gama y viviendas de lujo propiedad de los empresarios de los clubes de alterne rastreados por la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Porsches Cayenne, Hummer, Mercedes 500 o Audis S8 son algunos de los vehículos en los que habitualmente se movían los capos de la prostitución arrestados en el marco de la denominada Operación Pompeya. A los dueños de los clubes les gustaba figurar, pero también vivir a lo grande. No en vano, disponían de viviendas de lujo en los barrios más caros de las ciudades en las que operaban, como la playa de La Concha, en San Sebastián, donde se concentra el metro cuadrado más caro de España.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acarreó la detención durante la madrugada del domingo al lunes y a lo largo del día de ayer de más de 60 personas vinculadas con la Operación Pompeya, en la que han participado más de un centenar de agentes de varios departamentos de la Policía y un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria.

Tras esta investigación, es la primera vez que la Policía pone el foco en la parte financiera de los negocios de la prostitución en España

La Policía rastrea las cuentas corrientes de los responsables de los prostíbulos con el fin de determinar con exactitud el montante defraudado –que a estas alturas se calcula en más de 150 millones de euros–, así como el destino del dinero, que habría sido blanqueado a través de sociedades utilizadas por los empresarios relacionadas con otros negocios distintos al de la prostitución; entre ellos, varios del sector inmobiliario.

Es la primera vez que la Policía pone el foco en la parte financiera de los negocios de la prostitución en España, que hasta el momento han sido investigados principalmente por la comisión de delitos contra el derecho de los trabajadores, la explotación o la trata de seres humanos, cuestiones que no se dejan de lado en la Operación Pompeya, pero que no centran el trabajo de los funcionarios de la UDEF y de la Agencia Tributaria.

Para estas labores complementarias, como se consideran en esta operación, la UDEF ha contado con el apoyo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y de Falsedad Documental (UCRIF) y otros departamentos del cuerpo. Sin embargo, la columna vertebral de la actuación policial, y esta es la principal novedad respecto a otros operativos, son los delitos fiscales y de blanqueo de capitales. De hecho, es la Brigada de Blanqueo de la UDEF la que lleva la batuta, coordinada judicialmente por Andreu.

La investigación conllevó la detención durante la madrugada del domingo al lunes y a lo largo del día de ayer de más de 60 personas en la operación Pompeya

La Policía y la Agencia Tributaria continúan hoy rastreando locales en Alicante, Murcia, Gerona, Madrid y Guipúzcoa, aunque las pesquisas también se extienden a otras comunidades autónomas como Navarra. La UDEF se ha incautado de numerosa documentación durante el registro de los establecimientos y, tras su análisis, no se descartan nuevas detenciones. A última hora de ayer, la cantidad estimada defraudada por los clubes de alterne objeto de la investigación ascendía a 150 millones de euros, según la Policía, que lleva dos años preparando la operación con el más absoluto de los sigilos.

Los prostíbulos rastreados no pertenecían al mismo dueño ni conformaban un entramado de delincuentes asociados, sino que todos ellos mantenían el mismo modus operandi, motivo por el cual fueron agrupados en la actuación policial.

Los detenidos acumulaban dinero en metálico, que es una de las formas de pago más frecuentes en estos locales, ya que no deja rastro, y no lo declaraban. Luego lo introducían en el curso legal a través de otros negocios paralelos que montaban: inmobiliarias, empresas de venta de distintos productos, etc. Además, Policía y Agencia Tributaria han detectado una empresa con sede en San Sebastián que facilitaba los terminales de punto de venta para cobrar a los clientes que decidieran pagar con tarjeta y que no querían dejar rastro en sus cuentas corrientes sobre el destino del dinero.