El juez Velasco pide al Supremo que impute a un senador de Bildu por pertenecer a ETA

El titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que impute al senador de Bildu Iñaki Goioaga por integración en banda terrorista, financiación del terrorismo, fraude a la Seguridad Social, delito tributario y blanqueo de capitales. Según el magistrado, hay indicios de que el aludido está "integrado en el aparato político de ETA"; en concreto, en el denominado Frente de Cárceles de la organización armada "a través de su participación activa en el colectivo de abogados BL".

Velasco recuerda que la Fiscalía entiende "suficientemente acreditado que el senador conocía que sus aportaciones al colectivocontribuyen a las actividades terroristas de la organización", conclusión a la que llega tras analizar "los documentos incautados" al dirigente de Bildu y al resto de miembros del frente de prisiones. "Estaba integrado en el colectivo con carácter permanente", sentencia el juez, quien añade que Goioaga incluso "llevó a cabo actividades propias del cometido encargado por la organización terrorista".

Los abogados, señala el auto de Velasco, se organizaban para realizar "rondas" en las prisiones con el fin de dar instrucciones a los presos en nombre de ETA y "garantizar suhomogeneidad ideológica" con el "fin último de que no abandonen ladisciplina" de la banda.De hecho, las fuerzas de seguridad han encontrado algunas de las"notas" que servían para transmitir órdenes a los reclusos.Instituciones Penitenciarias,añade el escrito del juez, ha facilitado información que “ha permitido la identificación plena de los componentes de esa estructura”, entre los que destaca el senador Goioaga.

Según el auto del Juzgado número 6, el colectivo de abogados BL cuenta con "estructura propia" y tendría la función de "asistir política y jurídicamente" a los miembros del EPPK (presos de la organización terrorista alineados con la dirección de ETA). Los letrados, explica el juez, sirven de correa de transmisión entre la banda y los delegados del EPPK en cada centro penitenciario. Aunque no solo están para eso. Según el mismo escrito razonado, un informe de la Guardia Civil asegura que los letrados "deben superar el papel de meros transmisores de información/directrices y participar activamente en el adoctrinamiento político de sus presos". "Tenemos que vestir a los miembros de elementos políticos y judiciales", insiste el instituto armado.

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El Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, queenvía al Supremo la petición razonada de imputación debido a que el primer tribunal no tiene competencias para investigar al senador, al ser aforado, asegura que el colectivo de abogados habría defraudado a Hacienda 270.000 euros en concepto de IVA en 2012 y 2013, lo que supone para el juez un delito fiscal.

Velasco asegura que esta investigación comenzó tras la puesta en libertad de Arantza Zulueta en septiembre de 2011, acusada de integrarse en ETA para controlar el frente de cárceles. Tras su liberación, explica el magistrado, las fuerzas de seguridad vigilaron sus movimientos ante las informaciones que ya tenían y que apuntaban a su posible participación en la reorganización del mencionado frente. Zulueta, continúa el auto, mantuvo cuatro reuniones con Goioaga que dieron la voz de alarma.

El colectivo de letrados de ETA, argumenta el juez Velasco, “reúne las características de una persona jurídica o cuando menos de un ente sin personalidad jurídica, perfectamente estructurados sus órganos y reuniones, contaría con un órgano de coordinación central (…) desde el que los coordinadores/dinamizadores ejercerían la dirección del conjunto de abogados”. El frente también dispondría de “órganos provinciales denominados gunes dependientes directamente” del núcleo central, que estarían dirigidos por “un responsable provincial encargado de trasladar al órgano central toda la información relacionada con las actividades del colectivo”.

Velasco recuerda que, a través de estos abogados, la banda terrorista “controla hasta la conducta de los acusados en los tribunales”. Según el juez, Goioaga llevaría a cabo una “esencial labor política” que se concreta en “la misión de transmitir a los miembros del EPPK (presos de ETA) las directrices para desarrollar las campañas de movilización y reivindicación o las denominadas jornadas de lucha que éstos realizan periódicamente”, así como su “coordinación entre las diferentes prisiones”.

El juez recuerda que, tras el comunicado de "cese de la actividad armada" que hizo ETA en octubre de 2011, la banda "ha continuado con el resto de sus actividades", dirigidas a su supervivencia como organización. Esto, según el magistrado, "supone que la banda no se ha disuelto ni ha entregado sus arsenales y depósitos".