El Gobierno presionó a los grandes bancos para que no financiaran la deuda de Madrid

El Ejecutivo central presionó a las principales entidades financieras para que no regaran de financiación a la Comunidad de Madrid, que se empeñó en conseguir el dinero que necesitaba para cuadrar sus presupuestos en los mercados y no pasar por el Fondo de Liquidez Autonómico(FLA) que puso en marcha el ministerio de Hacienda para ‘tutelar’ a las regiones más endeudadas. Según ha podido saber El Confidencial, Vicepresidencia del Gobierno recomendó a Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y Sabadell que dieran la espalda a Ignacio González y éste no tuviera más remedio que pedir financiación al departamento que pilota Cristóbal Montoro.

González no bajó la guardia y consiguió cuadrar sus cuentas sin pedir ni un solo euro al FLA, aunque el coste del préstamo fuera superior a las condiciones impuestas por Hacienda. Paradójicamente, mientras el Ejecutivo recomendaba a los grandes bancos que dieran la espalda a Madrid, lespedíadinero para financiar esta línea de crédito que el Estado puso a disposición de las autonomías y evitarque tuvieran que financiar su deuda en los mercados. Finalmente, las principales entidades financieras sucumbieron a la petición del Ejecutivo y pusieron 8.000 millones de los casi 20.000 queel FLAconcedió en 2013a nueve autonomías. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros autorizabaal Gobierno madrileño para que pudiera financiar su deuda en los mercados. En apenas 24 horas vendiótodos los títulos que tenía autorizadospara 2013.

En total fueron2.270 millones de euros colocados en tres operaciones financieras: una a través de una operación bilateral de mil millones de euros; otra, a través de una emisión pública de deuda de otros mil millones de euros y los 270 millones restantes se cerraron con otros inversores con un bono con plazo de vencimiento a 2020 y otro a 2026. En enero de 2014, la Comunidad de Madrid volvió a sortear las recomendaciones de Hacienda y realizó otra emisión de deuda, esta vez por un valor de 1.400 millones de euros, más de un tercio de la deuda pública autorizada en el último Consejo de Ministros.

A principios de 2015, el presidente González, que nunca ha negado su mala sintonía con el representante de Hacienda,volvió a colocar otros 1.400 millones de euros de deuda en una emisión pública con un tipo de interés del 1,826%, el más bajo de su historia. En concreto, la operación se realizó a través de un bono a 10 años con una diferencia de 19 puntos básicos por encima del Tesoro.

El pulso entre el Gobierno central y el madrileño de González se recrudeció en 2013, cuando la Comunidad de Madrid encontró fondos y bancos dispuestos a quedarse con deuda a un precio considerado “razonable”. Las negociaciones directas con Hacienda las ha llevado el consejero de Economía, Enrique Ossorio, aunque las ‘quejas’ superiores las daba Ignacio González directamente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Nueve autonomías se acogieron al FLA

En 2013, el Gobierno regó con casi 20.000 millones a nueve comunidades autónomas que necesitaban financiación para pagar los servicios básicos de sus respectivas regiones. Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia consiguieron préstamos que tienen que devolver con un 5,5% de interés. Si la Comunidad de Madrid conseguía no caer en el rescate autonómico,Hacienda se quedaba sin potestad para exigir,como contrapartida, eliminar déficit estructural y exigir información exacta del destino de cada partida que recibía, como hizo con las autonomías que recibieron ayuda pública.

Para 2015, el Gobierno ofreció a las comunidades autónomas nuevos mecanismos de financiación al 0% de interés con elobjetivo de garantizar los servicios públicos que prestan, una medida que fue celebrada por la mayoría de las autonomías menos Madrid, que se volvió a mostrar radicalmente en contra. El consejero de Economía defendía que si Madrid acepta las condiciones propuestas, le supondría que en los años 2015-2017 obtendría unaventaja financiera de 90 millones frente a los 3.700 millones de Cataluña.