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La Fiscalía: “Cofely se infiltraba en los ayuntamientos y conocía antes las ofertas”
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"ESTÁ COORDINADO CON SUS SUPERIORES"

La Fiscalía: “Cofely se infiltraba en los ayuntamientos y conocía antes las ofertas”

El Ministerio Público acusa a José Antonio Hernández, jefe de centro operacional de Cofely, de coordinarse con sus jefes para preparar concursos a los que iban "con absoluta seguridad"

Foto: Sede de Cofely, filial de GDF Suez. (EFE).
Sede de Cofely, filial de GDF Suez. (EFE).

Cofely, cuyos principales ejecutivos en España se encuentran imputados en la Operación Púnica, obtuvo grandes contratos para implantar programas de eficiencia energética en diversos municipios de la comunidad, como Parla (66 millones) o Collado-Villalba (47 millones). Sin embargo, la Fiscalía denunció ante el juez Eloy Velasco que la compañía, que ahora prepara un ERE para despedir a 345 empleados, se infiltraba en los ayuntamientos para conocer las ofertas de sus competidores antes de que se abrieran oficialmente los sobres.

En el interrogatorio, el juez pidió a José Antonio Hernández, jefe de centro operacional de Cofely, que admitiese o desmintiese las acusaciones vertidas por la representante del Ministerio Fiscal, pero se amparó en su derecho a no declarar para evitar manchar todavía más su delicada imagen. Sin embargo, la Fiscalía fue implacable ante el juez y acusó a Hernández de ser “el eslabón” entre Cofely, cliente principal de la trama, y Eduardo de la Peña, el administrador del grupo de David Marjaliza, socio de Granados, vinculado a la generación de facturas falsas para la consecución de efectivo para el pago de cohechos.

La Fiscalía acusó también a Hernández de “estar coordinado con sus superiores” a la hora de preparar los concursos públicos a los que Cofely se presentaba. Según el testimonio de la acusación popular, los representantes de esta compañía acudían “con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas”, incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. “Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely”.

El Ministerio Público pidió al juez más tiempo para estudiar toda la documentación que incautaron durante las doce horas que estuvieron en la sede de la multinacional francesa y advirtió de que Hernández podría alterar pruebas incriminatorias. “Hay que analizar todas las facturas que tramitó, analizar la transformación de los pliegos, los informes...”.

Un ERE en marcha

Desde que estalló el escándalo, Cofely se encuentra en una situación tan insostenible que ha lanzado un expediente de regulación de empleo sobre 345 de sus empleados. Como adelantó este periódico el jueves pasado, desde que la compañía energética quedó señalada por estar en el epicentro de esta trama de corrupción, las instituciones públicas han dejado de contratarla.

La solución para salvar las cuentas de la compañía pasa ahora por despedir al 14% de la plantilla. Los dirigentes de Cofely enviaron un comunicado interno a todos sus empleados el 7 de abril y se escudaban enlas dificultades que están atravesando para respaldar la decisión. El entorno económico del país, unido a los “acontecimientos ocurridos a final del 2014” ha provocado que se plantee “la necesidad de abordar una reestructuración de las diferentes líneas de negocio”, recoge textualmente el documento, en poder de este diario.

Los trabajadores consultados por El Confidencialse quejan de ser ellos los que paguen los platos rotos de sus jefes, “que tienen blindados sus puestos”. Dos días después de conocer las intenciones de la empresa, los trabajadores se interesaron por el futuro laboral de los directivos que fueron detenidos en octubre y que siguen trabajando para la sociedad: el director general, Didier Maurice; el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva; el jefe comercial, Pedro García Pérez, y el propio Hernández.

Cofely, cuyos principales ejecutivos en España se encuentran imputados en la Operación Púnica, obtuvo grandes contratos para implantar programas de eficiencia energética en diversos municipios de la comunidad, como Parla (66 millones) o Collado-Villalba (47 millones). Sin embargo, la Fiscalía denunció ante el juez Eloy Velasco que la compañía, que ahora prepara un ERE para despedir a 345 empleados, se infiltraba en los ayuntamientos para conocer las ofertas de sus competidores antes de que se abrieran oficialmente los sobres.

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