Bárcenas ultima una querella contra el CNI y la Policía por espiarle sin orden judicial

La Fiscalía sitúa a Luis Bárcenas en el epicentro del caso Gürtel y en la pieza separada sobre la contabilidad B del Partido Popular. El Ministerio Público pide para él un total de 47 años y medio de cárcel por su presunta implicación en ambas causas. Pero el exsenador ha decidido que es el momento de convertirse también en acusación. Según fuentes de su entorno consultadas por El Confidencial, Bárcenas está reuniendo pruebas para presentar una querella contra elMinisterio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haberle sometido a seguimientos y escuchas sin la autorización judicial necesaria.

Bárcenas mantiene que, desde que aparecieron sus papeles manuscritos con datos dela presunta contabilidad opaca de Génova, ha sido vigilado de forma continuada por funcionarios de la Policía Nacional y de los servicios de inteligencia. Los controles, que afectaron también a todas sus comunicaciones, se habrían producido incluso durante el año y medio que estuvo cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, según Bárcenas.

Registros en tres inmuebles

Pero el exdirigente del PP añade que, además de esos presuntos seguimientos, también ha sido objeto de registros ilegales. Según ha podido saber este diario, el responsable de las finanzas de Génova durante casi dos décadas ha transmitido a su círculo de confianza que, en agosto del pasado verano, funcionarios de la Seguridad del Estado trataron de acceder a tres inmuebles de su entorno para localizar supuesta documentación sensible que implicaría en el caso de la contabilidad B a altos cargos del Gobierno.

Los presuntos intrusos no lograron su propósito, pero Bárcenas quiere denunciar ahora esos hechos ante la Justicia para tratar de demostrar que ha sido víctima de un complot que pretendeque todo el peso del caso Gürtel y de sus diferentes ramificaciones recaigaúnicamente sobre sus hombros. Su principal objetivo es demostrar que todas las pruebas que existen contra él y que han sido utilizadas para procesarle se obtuvieron vulnerando sus derechos fundamentales.

Los seguimientos habrían sido solicitados ante el juez del Tribunal Supremo encargado de autorizar previamente las operaciones del CNI. Sin embargo, el magistrado no habría llegado a aprobarlos.Fuentes próximas al extesorero aseguran que presentará la querella en las próximas semanas, acompañada depruebas que supuestamente avalarán la comisión de esos delitos.

Datos de internos de Soto del Real

Por lo pronto, el exdirigente del PP ha adelantado a los escasos colaboradores que aún conserva que dispone de las matrículas de varios de los vehículos que habrían utilizado a lo largo de estos dos años tanto el CNI como la Policía Nacional para seguirle, pero también guarda otros elementos para sostener sus acusaciones, como fotografías de los supuestos funcionarios, información sobre internos de Soto del Real que habrían colaborado en los seguimientos y pruebas del intento de acceso a los tres escondites en los que teóricamente guardaba información crucial para el caso. No obstante, está realizando indagaciones para tratar de conseguir nuevos datos con los que reforzar este cambio de estrategia.

La maniobra aún no se producido,pero el revuelo que han generado las gestiones que está realizando Bárcenas para reunir ese supuesto arsenal probatorio han sido suficientes para provocar inquietud en el Gobierno, según fuentes próximas a Moncloa preguntadas por este diario. No sólo por las consecuencias que puede tener la querella en las dos causas a las que se enfrenta el exdirigente popular, sino también por el efecto que sus acusaciones puede provocar en la opinión pública a sólo seis meses de las elecciones generales.

Según personas próximas aBárcenas, estepretendedirigir la querella contra todos los funcionarios que participaron en esossupuestos seguimientos, pero también quiere que respondan por esos hechoslosmáximos responsables de Interior y del CNI, por lo que podría acabar remitiendo esta acción judicial al Tribunal Supremo.