Querella por estafa contra la presidenta del Hipódromo de la Zarzuela y Javier Revuelta

El Juzgado número 2 de Madrid acaba de admitir a trámite una querella contra el Hipódromo de la Zarzuela, su presidenta, Faina Zurita Ussía, y otras cuatro personas, entre ellas el empresario Javier Revuelta Peral, exvicepresidente de Telefónica y presidente de la Real Federación de Hípica Española (RFHE), por los delitos de estafa, falsedad documental y coacciones, por un presunto “contrato fraudulento” sobre los derechos de imagen, que ha generado un enfrentamiento que ha provocado el aplazamiento indefinido de esta temporada.

El juez ha decidido iniciar una investigación a raíz de la querella interpuesta por la Sociedad de Fomento de Cría Caballar de España (SFCCE), que denuncia que la presidenta del hipódromo, sobrina de Margarita de Borbón (hermana de Juan Carlos I), les ha arrebatado los derechos de explotación al vender sin autorización esos derechos de imagen a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Lo hizo a través de un “contrato fraudulento” por un fijo anual de 5,5 millones de euros, más variables, “sin ser el Hipódromo legítimo titular de los mismos”.

Según el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez acuerda admitir a trámite la querella “pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de estafa, falsedad documental y coacciones y reuniendo la querella los requisitos establecidos por ley”. Así, recoge que para investigar lo ocurrido se llevarán a cabo la práctica de las actuaciones necesarias “para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.

De esta manera, el magistrado rechaza el escrito de la Abogacía del Estado que en nombre del Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y de los propios querellantes había solicitado la inadmisión de la querella al sostener que los hechos no eran constitutivos de ningún ilícito penal. Tanto la Abogacía como la Fiscalía tienen tres días para recurrir la resolución. Los otros presuntos implicados son el director financiero del Hipódromo, David Pasamontes; el director de Carreras, Gerardo Torres; y el presidente de la Asociación de Hipódromos y consejero independiente de HZ, Carlos Rodulfo.

El siguiente paso que deberá dar el instructor, una vez que los querellantes ratifiquen su escrito, será acordar las peticiones solicitadas, como la citación en calidad de imputados de todos ellos. También han requerido que el Hipódromo de la Zarzuela entregue al juzgado el contrato de cesión de derechos audiovisuales y de imagen, suscrito con Loterías y Apuestas, así como la declaración como testigos del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, y del expresidente y actual presidente de SELAE, José Miguel Martínez e Inmaculada García, entre otros.

Zurita “actuó fraudulentamente”

Los querellantes denuncian que, a pesar de ser el regulador de las carreras de caballos en España y representante de este sector, Zurita actuó fraudulentamente para vender los derechos de las carreras y de los jockeys, cuando es la SFCCE la única entidad legitimada para ello. Esta sociedad denuncia que por estos hechos tuvo que declarar el concurso voluntario de acreedores, asegurando la administración concursal que el ente puede ser viable siempre que mantenga su actividad como regulador.

“La confirmación de que los derechos de imagen le corresponden a la querellante, y no al Hipódromo, laha venido a realizar el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid,el cual, con fecha 12 de enero de 2015, ha dictado sentencia desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal del Hipódromo de la Zarzuela S.A., acordando mantener dentro del inventario de bienes los citados derechos de imagen”, recoge la querella.

Asimismo, denuncian que la SFCEE se ha visto sometida por parte de las distintas entidades y asociaciones que conforman el sector de la competición de carreras de caballos“a una serie de presiones e imposiciones que le están impidiendo ejercer sus legítimas funciones como órgano regulador y le están produciendo graves perjuicios económicos, tanto a la propia asociación como a los distintos colectivos (profesionales, criadores, jockeys, etc.) que viven de la competición de las carreras de caballos”. Dichas actuaciones, recoge la querella, “han sido instigadas por parte de la dirección del Hipódromo de Zarzuela, en la persona de su presidenta, Faina Zurita Ussía, y su director, Gerardo Torres, los cuales han desarrollado una intensa actividad tendente a conseguir la liquidación de la SFCCE”. Para todas estas actuaciones, contaron con la colaboración del presidente de la FFHE, Javier Revuelta.

“La única finalidad de 'eliminar' de la regulación de la competición a la SFCCE, por cuanto a ser legítima titular de los derechos audiovisuales –que sin autorización ni consentimiento, y de forma totalmente fraudulenta se cedieron por los querellados, a la SELAE–podría hacer suyos y/o reclamar los pingües beneficios que, por medio de dicho contrato, ha obtenido ilícitamente la entidad Hipódromo de la Zarzuela S.A”, insiste el escrito.

Amenaza de cierre

Los querellantes también exponen en su escrito, analizado por el juez, que tanto Zurita como Torres mantuvieron diversas conversaciones con profesionales y propietarios en las que les anunciaron que si la SFCCE no admitía la nueva regulación, el hipódromo se vería en la obligación de cerrar y no daría carreras tal y como estaba previsto a partir del 23 de febrero.

Desde las propias oficinas del hipódromo se redactó un comunicado, “cuya firma es prácticamente impuesta a todos los profesionales”, en el que se apoyaba la disolución de la SFCCE.“No cabe duda de que sin la presión y amenaza de la suspensión de la competición nunca se habrían producido estas firmas. Incluso el tenor literal de los comunicados lo deja claro: 'Tomamos esta iniciativa con el objetivo de conservar los puestos de trabajo'”.

Y concluye: “La más grave de las actuaciones coactivas llevadas a término por los dirigentes de HZ y de la asociación de hipódromos, como es la suspensión de la competición, ha buscado generar un clima de intimidación, a los rectores de la SFCCE, con la indisimulada intención de forzarles a realizar actos en perjuicio de la concursada y de sus acreedores y en concreto a ceder su principal activo a un tercero o a renunciar a su legítimo derecho de defender sus intereses judicialmente”.