Chaves sobre los ERE: "Es difícil pensar que en diez años nadie viera nada ilegal"

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha negado la existencia de un plan fraudulento generalizado en las subvenciones sociolaborales que investiga por un lado la juez de Sevilla Mercedes Alaya y por otro lado el Tribunal Supremo respecto de los presuntos implicados aforados.

Chaves ha negado que en sus 19 años como presidente de la Junta conociera ni impulsara ningún plan irregular, El expresidente ha explicado al juez que los presupuestos en el Consejo de Gobierno se aprobaban con la convicción que cumplían todos los requisitos legales y todas las normas y que, por lo tanto, no se discutían partidas ni programas y cuando llegaban las transferencias de financiación se aprobaban sin más dilación.

El diputado socialista, al igual que hizo la semana pasada su sucesor en la presidencia José Antonio Griñán, ha puesto el foco en el Parlamento andaluz, encargado de enmendar las ayudas sociolaborales, “por ello eran perfectamente conocidas y debatidas”, recoge su acta de declaración. Es más, ha insistido que en diez años de debates presupuestarios ningún diputado he hecho observación de ilegalidad de estas transferencias. “La concertación era uno de los ejes claves del Gobierno debido a la situación de crisis de Andalucía en esos años con crisis de empresas importantes” y todos esos acuerdos de concertación fueron debatidos y aprobados por el Parlamento. “Es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias”, recoge el resumen de su declaración elaborado por el funcionario presente en el interrogatorio.

En su descargo, el exministro de Administraciones Públicas ha explicado que el procedimiento habitual para conceder las ayudas investigadas no lo conocía porque él tenía en torno a 200 directores generales en la Junta y partía de la idea de que el procedimiento a partir del cual se concedía las ayudas era “completamente legal”.

Durante su interrogatorio, ha mantenido en todo momento ante el instructor que él desconocía cualquier irregularidad en el sistema porque de ser así no lo hubiera permitido. Además, si se hubiese detectado cualquier ilegalidad, la Intervención General de la Junta podría haber puesto en conocimiento al presidente de la Junta, a través del Consejo de Gobierno, algo que no ocurrió. No significa que el interventor no cumpliera con su obligación sino que si no elevó informe de actuación “sería probablemente porque no advirtió ilegalidad alguna”, recoge el acta.

Su declaración coincide con la de su sucesor en el cargo José Antonio Griñán, quien aseguró ante el juez la semana pasada que no existió un plan fraudulento generalizado desde la Junta. Él como consejero de Economía y Hacienda distribuía los presupuestos aprobados por el Parlamento y después cada consejería era la responsable de dar buen uso a esas partidas, señalando directamente a la Consejería de Empleo.

A su salida del Supremo, Chaves ha querido recordar que fue él quien pidió voluntariamente declarar ante el magistrado después de que se admitiera la exposición razonada remitida por Alaya al encontrar indicios de delito en varios aforados. “Nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, nunca”, ha insistido.

Ha recalcado que durante su presidencia “ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”. Lo que ha hecho siempre a través de su trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, ha sido adoptar decisiones políticas “siempre basadas en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios”.

“Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la Justicia la que determine si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que determinar los tribunales de Justicia”, ha apelado en el Alto Tribunal.