La Infanta se limitó a firmar lo que le pedía su marido "sin pedir explicaciones"

La Infanta Cristina "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmaraen su condición de socio" de la compañía Aizoon, propiedad a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, según el escrito de defensa.

"Desde el día de su constitución el único administrador de Aizoon fue Don Iñaki Urdangarin, estando completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía", tal y como señalan sus abogados, Miquel Roca y Jesús María Silvaen el escrito presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma.

Rechazan así el presunto papel de la hermana menor del Rey como colaboradora necesaria en un presunto fraude del IRPF en 2007 y 2008 a través de esta empresa: "No tuvo absolutamente ninguna intervención en el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de Aizoon".

"Dado que la confianza entre los cónyuges era plena, nunca se celebraron formalmente juntas de socios", argumenta la defensa, que recuerda que el matrimonio constituyó esta sociedad ante notario el 11 de febrero de 2003, con el fin de destinarla a realizar planes estratégicos, dirección de proyectos y compra-venta de inmuebles.

Sostienen que es totalmente inusual en estos delitos inculpar a un mero socio de una sociedad supuestamente defraudadora y recuerdan la incapacidad tanto del juez del caso Nóos, José Castro, como de las acusaciones de "citar un solo precedente en el que se haya condenado a un simple socio (no administrador ni apoderado) por un delito fiscal cometido por la compañía".

Descartan la "ignorancia deliberada"

Admiten que la Infanta pudo haber percibido bienes o servicios que se dedujeron como gastos en Aizoon, pero no ven indicios de que fuera ella quien los adquirió ni diera indicaciones para ello, algo que ven lógico porque la Infanta tiene "múltiples ocupaciones y nulos conocimientos de fiscalidad".

Recuerda que la Infanta "nunca ha cumplimentado personalmente sus propias declaraciones de IRPF", ya que de eso se encargaba el asesor fiscal de la Casa del Rey, y que ni su licenciatura en Ciencias Políticas ni su trabajo en la Fundación La Caixa le presuponen especiales conocimientos en materia fiscal.

"Tan intensa vida personal, institucional y profesional impedía a Doña Cristina estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar", dicen los letrados, que argumentan que, con este escenario, Aizoon tenía un papel marginal para ella y no le prestaba la menor atención, confiando íntegramente la gestión a su marido.

También descartan que haya en ella una ignorancia deliberada sobre la administración de Nóos e insisten en su falta de tiempo par interesarse por estas cuestiones "delegadas completamente a su esposo" y por absoluta falta de capacitación técnica.

El exsocio de Urdangarin se enfrenta a acusaciones de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo por las que la Fiscalía reclama para él penas que suman 16 años y medio de cárcel, mientras que la acusación popular de Manos Limpias solicita 22 años y medio.

Su mujer, responsable de personal de las empresas del entramado Nóos, cometió los mismos delitos que su marido a juicio de Manos Limpias, que le reclama 19,5 años de privación de libertad, mientras que la Fiscalía la acusa de blanqueo de capitales y propone una pena de 2 años de cárcel.

Abono de fianzas

Dos de los 18 acusados que se sentarán en el banquillo en el marco del Caso Nóos, el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, han consignado parte de las fianzas civiles que el juez José Castro decretó para los procesados por un total de 61,3 millones de euros. El plazo para cursar los pagos concluye a las 15.00 horas de este miércoles.

Ballester, exregatista olímpico, ha hecho efectivo a lo largo de esta mañana el pago de 52.601 euros. En concreto, el magistrado le impuso, de forma conjunta con el expresidente del Govern Jaume Matas y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, una caución de 3,5 millones de euros. Por su parte, Coghen presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros, cantidad que el juez decretó para ella.

En el caso de la Infanta Cristina, ésta abonó 587.413 euros de la cantidad global que se le exige, 2,6 millones de euros. En caso que los procesados no hagan efectivos de forma definitiva los depósitos, el juez les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Castro decretó las fianzas a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.

De la cifra total, 14,9 millones de euros corresponden a Urdangarin; 15,8 millones a Torres y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones al excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones al exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones al abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.

En el ámbito balear, restan por hacer frente a sus respectivas fianzas el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet (167.421 euros), y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía (155.421 euros).

Finalmente, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.