Viera, principal imputado en el caso de los ERE, exculpa a Chaves y Griñán

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, ha exculpado a los expresidentes de la Comunidad, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, del fraude de los ERE, en su interrogatorio en el Tribunal Supremo.

Viera ha mantenido a lo largo de toda su declaración la línea de que él se dedicaba únicamente a las cuestiones puramente políticas y delegaba las administrativas en sus subordinados. Así, se ha exculpado alegando que de profesión “soy maestro y no tengo formación jurídica como para adentrarme en el recorrido de los instrumentos presupuestarios”. "Confiaba plenamente en sus subordinados”, ha espetado ante el juez, a quien le ha nombrado en diversas ocasiones a Francisco Javier Guerrero como la persona encargada de esas labores administrativas y este nunca le comunicó la existencia de posibles irregularidades en estas ayudas.

El objetivo de estas ayudas era favorecer a las familias más desfavorecidas sin ánimo de ocultar nada. “Yo tomé la decisión política de ayudar y posteriormente es la Dirección General la que da armadura a esa ayuda”, ha señalado Viera, quien no ha podido concretar si había una delegación formal específica del consejero al director general de Empleo para que formalizara dichas resoluciones, en el periodo 2000 a 2004.

En la Consejería, cada persona tenía su cometido y de cometerse irregularidades, los responsables serían aquellos que fijaban la concesión de ayudas sociolaborales y económicas a distintas empresas de Andalucía así como a personas físicas. De esta manera, habría descargado parte de la responsabilidad en uno de los principales imputados de la causa que lleva Mercedes Alaya, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Respecto a estas acusaciones, sólo con la firma del director General, Viera ha asegurado que desconocía esta mecánica. “Cuando las he conocido ahora me producen sorpresa y vergüenza”. Así, ha indicado que “en absoluto” considera normal que en estos procedimientos no exista ningún tipo de documentación, “lo que no podía imaginar es que se hayan conseguido subvenciones sin ningún tipo de documentación”.

Viera ha declarado como imputado en el Tribunal Supremo al ostentar la condición de aforado por ser diputado nacional. El instructor le ha aclarado, según estas fuentes, que el interrogatorio estaba centrado en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. A lo largo de estos días, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía también tendrán que declarar como imputados en el alto tribunal.

Según la versión de Viera, consejero entre 2000 y 2004, los máximos responsables de la Junta de Andalucía no eran responsables de la concesión de estos ERE porque no se trataba de su cometido, descargándoles así de cualquier responsabilidad penal. Respecto de la firma del documento marco por el que se aprobó este sistema de ayudas, el exdirigente andaluz ha insistido que él firmó lo que le pusieron encima de la mesa. Para Alaya, que no pudo llegar a imputarle por su condición de aforado, Viera es “uno de los creadores” de este sistema de ayudas. En la exposición razonada remitida por la instructora al Supremo por existir indicios contra aforado, Viera figura como uno de los responsables de que la Junta decidiera otorgar las ayudas sociolaborales mediante transferencias de financiación. Este mecanismo es un instrumento de pago habitual de las Administraciones porque agiliza los trámites, pero Alaya considera que la Junta lo utilizó para eludir controles de la Intervención General.

Estas fuentes han señalado que el interrogatorio ha durado cerca de tres horas y ha girado en cuestiones muy técnicas sobre los temas presupuestarios. Su versión contradice lo afirmado por la Guardia Civil, que afirma que Viera “pudo tener una participación esencial” en estas ayudas. “No es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados”.

El exconsejero ha reconocido que ahora es consciente de que pudieron hacerlo mejor, pero ha negado tajantemente que él participara en la estrategia irregular que ha dado origen a la causa de los ERE fraudulentos. “La decisión política con respecto a las ayudas y subvenciones y la búsqueda de un procedimiento ágil y sencillo, todo viene del acuerdo de concertación social que pasaba al Parlamento y se aprobaba y a partir de ese momento las decisiones se basan en la propia propuesta de la Consejería y el Acuerdo del Parlamento”, ha destacado.