Alaya ordena la detención de varios altos cargos por el fraude de la formación

Operación Barrado en marcha. La juez Mercedes Alaya ha lanzadouna redada contra altos cargos de la Junta por el fraude de los cursos de formación. Se han producido ya 16 detenciones en las ocho provincias andaluzas, con los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el punto de mira. Entre los detenidos están los actuales delegados de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano. El Gobierno autonómico los ha apartado de sus funciones a pesar de considerarlos personas "honestas e íntegras".También han sido detenidos el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, implicado en el caso ERE, y la exdirectora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, asimismo imputado en la trama y uno de los empresarios más beneficiados por el presunto fraude. En la misma operación han sido arrestados los ex delegados de Empleo en Cádiz, Granada y Almería.

La Guardia Civil registra además el consorcio andaluz de formación integral para las industrias del ocio en Mijas (Málaga). Los altos cargos serán interrogados por delitos de prevaricación y malversación por el supuesto descontrol de los fondos públicos, según confirmaron a El Confidencial fuentes de la investigación. Las detenciones de responsables del SAE en las ocho provincias están relacionadas con los informes de la Intervención General de la Junta que alertaron de numerosas irregularidades en el control de los fondos públicos destinados a la formación.

El caso está bajo secreto de sumario desde el pasado enero. Aunque se esperaban detenciones desde entonces, esta vez Alaya sí que ha dejado pasar las elecciones andaluzas para reactivar las investigaciones. La juez, que espera su traslado a la Audiencia Provincial en los próximos meses, advirtió en un auto que había abierto varias líneas de investigación y apuntaba directamente al corazón de la Junta de Andalucía. Las últimas detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en otras investigaciones en paralelo sobre el mismo fraude tuvieron a los empresarios organizadores de los cursos como protagonistas.

Alaya asume que hay “varias bolsas de fraude” y la Guardia Civil eleva a“950 millones de euros”la cantidad sin justificar en acciones formativas. La magistrada apunta a “entramados empresariales”, con acceso a un importante volumen de subvencionesdestinadas a la formación y cuyos cabecillas estarían relacionados con “altos cargos” de la Junta de Andalucía. Ordena asimismo investigar lo ocurrido con estas ayudas en los consorcios públicos, rastrea las subvenciones otorgadas a la empresa Delphi en la bahía de Cádiz y apunta directamente a la extintaFundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En un auto del pasado enero apunta a la ya desaparecida fundación Faffe, dependiente de la Consejería de Empleo, que asegura que llegó a convertirse en “uninstrumento de la Consejería de Empleo de dimensiones extraordinarias”, que contaba con “varios miles de empleados con sueldos muy elevados en comparación con otros trabajadores similares de la Administración”. Recuerda además el auto que estos trabajadores pasaron a ser empleados públicos al extinguirse este organismo y se integraron en el SAE. La “única fuente de financiación” de esta fundación eran las subvenciones y en éstas se han detectado “graves irregularidades”.

En sede policial el exalto cargoCarlos Cañavate, tras tomar posesión como director general de formación en octubre de 2013, informó de“950 millones sin justificar en acciones formativas”. Cañavate fue cesado de su puesto un año más tarde, en noviembre de 2014.

La juez se ampara además en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que desveló“importantes irregularidades” en siete subvencionesque sumaban 35,9 millones de euros a la fundación pública Faffe, cuyo presidente, remarca el auto, era el consejero de Empleo. Por “contratación” se concedieron además “70 millones de euros” aempresas que están bajo sospecha. Las investigaciones de la Guardia Civil constatan “numerosas deficiencias” en la adjudicación de las ayudas y en el desarrollo y la ejecución de los cursos de formación.

Alaya asume la declaración del testigo protegidoTeodoro Montesy las declaraciones de varios funcionarios como piedra angular de su instrucción. Apunta a “determinados fraudes” en los consorcios públicos gestionados por la Junta, que señala que recibieron directamente subvenciones de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo sin concurrencia competitiva.