La Policía destituye al jefe de sus arquitectos por la trama de las comisiones ilegales

El Ministerio del Interior sufre un nuevo terremoto interno con epicentro en el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Policía. Tras conocer la imputación de tres empleados públicos del departamento por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras, el director de la corporación, Ignacio Cosidó, ordenó hace dos semanas el cese del jefe de la sección, Luis L.S., que ha sido sustituido por la comisaria Carmen Solís, bióloga experta en ADN que viene de gestionar una comisaría de distrito en Aragón y que ayer mismo se incorporó a su nuevo cargo.

Durante las últimas dos semanas, el puesto ha estado vacante a la espera de que la nueva jefa se incorporara. Temporalmente, la plaza ha sido ocupadainterinamente porel comisario Amador Madejón, que vino desde el municipio madrileño de Coslada para hacerse cargo del Área de Telecomunicaciones de la misma Subdirección, pero que tuvo que compatibilizar este cometido con el de jefe de Patrimonio y Arquitectura hasta la llegada de Solís.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, imputó al jefe de los arquitectos después de que este permaneciera 27 años como responsable del departamento presuntamente azotado por la corrupción. La juez también imputóa lamujer de Luis L. S.y a dos empleados públicos del Área de Patrimonio. En concreto, se trata del arquitecto laboral contratadoSantiago Herradory del también arquitectoGonzalo Riaño, ambos vinculados con la trama de corrupción investigada por la instructora. Existe una quinta imputación que podría haber recaído sobre alguno de los constructores que habitualmente contrataban obras con el departamento bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción, que observa al menos los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos en el marco del proceso de instrucción,solicitó la imputación de todos ellos el pasado abril, pero no ha sido hasta hace dos semanas cuando la instructora ha dado su visto bueno en el marco de unas pesquisas que tuvieronsu origen en 2012, cuando un anónimo remitido ala Intervención Delegada de Hacienda desvelaba la existencia de distintas irregularidades en la concesión deadjudicaciones por parte del área en cuestión.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de todos ellos el pasado mes de abril

El mismo escrito –enviado también al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que a su vez lo adjuntó a una denunciaque interpuso antela Fiscalía Anticorrupción–asegurabaque, desde hace "bastante tiempo", el Área de Patrimonio viene adjudicando obras sin publicidad, fraccionando el coste de los trabajos para evitar que estostengan que salir a concurso, entregando honorarios a los conseguidores vinculados con el departamento o concediendo reformas a empresas que aparentemente eran distintas pero que en realidad son propiedad de la misma persona.

El anónimo adjuntado a la denuncia del SUP pone, como "pequeño ejemplo" de un comportamiento que se remontaría años atrás,"unas pocas" de estas adjudicaciones. En concreto, el escrito presenta ellistado de más de una treintena deconcesiones "amañadas" que suman un montante de 1,5 millones de euros y que hacen referencia únicamente a las anualidades de 2010 y 2011. Fuentes policiales aseguran que este modo de funcionar se extendería durante un tiempo indeterminado previo y posterior a los mencionados años. No en vano, el destituidojefe del departamento llevaba casi 30 años en el cargo.

El escrito, que ha servido de base para la investigación dirigida por la Fiscalía y Asuntos Internos, hablaba del reparto de honorarios entre los que amañaban las concesionesde una "adjudicación indiscriminada" –acentuada tras la Ley de Contratos del Sector Público, que incrementaba las cuantías de los contratos menores de 50.000 a 200.000 euros–odel fraccionamiento de obras mayores –como todo un edificio policial–en varias adjudicaciones menores para conceder todo el proyecto a la misma empresa y al mismo tiempo evitar la publicidad.

"Es tal la grosería queuna misma persona física esadministradorde varias empresas situadas en la misma dirección fiscal", aseguraba el anónimo, que denunciaba el amiguismo y la contratación de obras que "no servían para nada a la Policía" o que en algunos casos ni siquiera se ejecutaban.

Los cinco imputados declararán ante la juez Jerez el próximo 9 de abril. Por el momento, la práctica totalidad del departamento afectado ya ha prestado testimonio ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.