El juez desvela que un topo del círculo más cercano de González ayudó a espiarle

Los detectives que espiaron en Colombia en 2009 al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González –entonces vicepresidente–, y al por aquella época responsable del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, se sentarán previsiblemente en el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que instruye las diligencias, cerró la instrucción del caso el pasado octubre con la firma del auto de transformación del caso en procedimiento abreviado, que aún está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto por los tres detectives imputados.

En su escrito, Carretero considera "acreditado" que González "fue objeto de grabaciones ilegales" durante el viaje "público privado" que hizo a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. El juez entiende que los detectives Mariano Ortiz Álvarez y Julio Gutiez Cuevas, "por encargo de terceros cuya identidad no ha podido ser acreditada", espiaron al presidente madrileño. En concreto, explica el mencionado auto, los instigadores últimos no identificados por la investigación "encargaron –el seguimiento– al detective privado Julio Gutiez, quien a su vez encargó (el trabajo) al también detective Mariano Ortiz" porque este último conocía bien Colombia.

Ortiz se desplazó hasta Cartagena de Indias, relata Carretero, con todos los datos relativos al itinerario del viaje que iba a seguir el presidente madrileño: fechas, horarios, hoteles. El detective conocía incluso los cambios que se iban produciendo en la agenda de la comitiva casi en directo. Para el juez, esto último resulta especialmente llamativo, ya que se trata de datos a los que únicamente tenían acceso personas del entorno más cercano de González. De hecho, el propio titular del Juzgado número 47 insinúa que el presidente tenía un topo en casa. Esta información, explica, "solo se pudo obtener por el acceso de un tercero a la agenda privada del señor González", argumenta el magistrado.

Uno de los detectives conocía todos los datos del viaje de González a Cartagena de Indias

El auto entiende que el detective necesariamente tenía que saber que esos datos habían sido robados, por lo que "ni podía ni debía utilizarlos" en el encargo. Era "materialmente imposible que Julio Gutiez los hubiera conseguido por medios lícitos", remacha el escrito judicial, que añade que ni siquiera las agendas podían ser conocidas, dado que el viaje no se había hecho público. "Y mucho menos los cambios de itinerario", añade el instructor, que también critica que ninguno de los dos investigadores privados anotara en su libro de registro el nombre de quien encargaba el asunto y el objeto del mismo, como exige la Ley de Seguridad Privada.

Las imágenes grabadas por Gutiez –y posteriormente hechas públicas por la Cadena SER– reflejaban a González hablando con otras personas en bares, saliendo de coches y otras acciones que, según el juez, "pudieron hacer sospechar la existencia de alguna actuación ilegal" por parte del entonces vicepresidente regional, lo cual –continúa el titular del juzgado en su escrito– "contribuyó al descrédito" del hoy jefe del Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, aunque en el mismo proceso, Carretero también imputa al detective Francisco Marco Fernández, empleado de la controvertida agencia Método 3, a quien acusa de redactar un dossier de 69 páginas –que sacó a la luz el diario Público– "calumnioso contra Ignacio González y su familia". El documento, continúa el magistrado en el mismo auto de transformación en procedimiento abreviado, contiene "informaciones relativas a las cuentas privadas" del hoy presidente regional.

"Todo ello por encargo de terceros que pudieran ser o no los mismos que encargaron el seguimiento a Gutiez", considera el instructor, quien afirma que "no se ha podido probar una conexión clara" entre el caso de Método 3 y el de las grabaciones ilegales de Gutiez, "salvo su inmediatez en el tiempo".