Servini: la peculiar relación con Garzón de la juez que persigue al franquismo

La juez que pretende llevar a la cárcel a Rodolfo Martín Villa y a otros ex ministros de Franco y de la Transición, cubrió y sirvió a los intereses del expresidente Carlos Menem a comienzos de 1991. Para ello, tuvo que enfrentarse a Baltasar Garzón, entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigaba un asunto de blanqueo de capitales que afectaba a la familia política del mandatario argentino. Ahora, 25 años después, la magistrada argentina vive una luna de miel con Garzón en la investigación del genocidio franquista. El juez español es, desde 2012, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina.

María Romilda Servini de Cubría se convirtió en juez nacional en noviembre de 1990 gracias a los favores del entonces presidente Menem. Servini, que llevaba en la magistratura desde los años 60, pasó directamente de la instrucción penal a la Justicia Federal, algo que nunca había ocurrido en su país. Ya disfrutaba el rango de ser la primera juez en ingresar en la Justicia Penal pero aquel salto era demasiado escandaloso por lo que la prensa bonaerense lo tildó de decretazo presidencial.

Garzón ante el 'Yomagate'

Nadie dudaba de que a Servini de Cubría le había ayudado su condición de mediadora en el proceso de separación entre Menem y su esposa Zulema Yoma, que pertenecía a una familia muy influyente en la región argentina de La Rioja, donde el presidente había sido gobernador. Y, como Menem, tenía ascendencia siria. La titular del Juzgado Federal número uno de la Capital Federal, nacida en la provincia de Buenos Aires en 1937, debía su segundo apellido, Cubría, a su esposo, un brigadier militar que llegó a ocupar el puesto de agregado militar en la Embajada argentina en Brasil.

Nada más aterrizar en la Corte Federal, la magistrada se encontró con el peor caso de su vida. Un juez español, llamado Baltasar Garzón, hasta ese momento desconocido y sin proyección mediática, se atrevía desde Madrid a pedirle asistencia jurídica para investigar el entorno familiar y político del presidente Menem en un asunto de blanqueo de dinero. Garzón disponía de la declaración del narco arrepentido, Andy Iglesias, en la que acusaba a la secretaria de Presidencia y cuñada de Menem, Amira Yoma, al esposo de ésta y a otros colaboradores presidenciales, de transportar maletas con dinero entre Buenos Aires y Nueva York para una organización de narcotraficantes suramericanos. El caso fue conocido internacionalmente con los nombres de 'Yomagate' o 'Narcogate', pero Amira Yoma fue, finalmente, exonerada por la Audiencia Nacional de cualquier responsabilidad en la red de blanqueo.

La jueza argentina se desplazó a Madrid en los 90 para entrevistarse con Garzón, pero sus intenciones eran torticeras

Pero Garzón, desde el inicio de la investigación, se encontró con un bloqueo judicial, personalizado en la juez Servini de Cubría. Según el periodista argentino Roman Lejtman, que publicó el libro Narcogate, historia inédita de las relaciones de la familia del Presidente y sus amigos con el lavado de dólares, la juez Servini de Cubría actuó desde que se hizo cargo del caso 'Yomagate' al dictado de los hombres de confianza de Menem. Incluso, llegó a asesorar a los abogados de los imputados, a aceptar la estrategia de la defensa y a dilatar todo lo que pudo la información que Garzón le demandaba desde la Audiencia Nacional.

Finalmente, la jueza argentina se desplazó a Madrid para entrevistarse con el magistrado español, pero sus intenciones eran torticeras: conocer si el presidente aparecía involucrado en la causa, las denuncias que pesaban sobre su familia política, el contenido de la declaración del arrepentido y las medidas que pensaba tomar el juez español. Incluso, en otro vuelo distinto al de María Romilda, llegaba a Madrid un agente de los servicios secretos argentinos, enviado por Menem, con quien la magistrada se llegó a entrevistar en secreto en la capital de España. Los periodistas argentinos que cubrieron la información delataron en sus crónicas las verdaderas intenciones de la jueza federal: "Viaja a Madrid para hacer honor a su apellido: va a servir y a cubrir".

La juez 'Servir y Cubrir'

Por todo ello, por la proximidad de la jueza a la Casa Rosada durante los mandatos de Menem, llevó a los argentinos a denominarla en tono humorístico como la juez 'Servir y Cubrir', que servía y cubría los intereses del presidente. Tal fue el enojo de la magistrada que, en 2008, interpuso unademanda contra Google y Yahoo para que bloquearan cualquier imagen o información sobre ella sin su consentimiento previo. No lo consiguió ya que los tribunales argentinos se opusieron a sus pretensiones.

Servini de Cubría, a la que en un programa humorístico de la televisión argentina llamaban "la jueza Burí Burú Budía", se quejaba años después de haber sido objeto de una conspiración de los funcionarios judiciales y que había grabado una de sus conversaciones con Garzón para poder demostrar que el magistrado de la Audiencia Nacional nunca le había requerido la detención de la cuñada de Menem. El contenido de una conversación telefónica de la magistrada con Garzón, grabada con la ayuda técnica de la Policía Federal argentina, cuya cinta acabó en el despacho del presidente Menem, fue difundido por los medios de comunicación y provocó un escándalo internacional. Dejaba en claro cuáles eran los intereses de la juez.

- Escúcheme, doctor: ¿Si esta gente estuviera en territorio español, con auto de prisión, quedan detenidos?

- Sí, sí. Inmediatamente.
- Eso era lo que yo quería saber. ¿Karim Yoma no está en ese auto de prisión?

- No. Está siendo investigado. Hay referencias al mismo de posibles actividades ilegales, pero para mí no son suficientes.

- Perfecto. ¿Y contra Emir Yoma no hay nada?

- Contra Emir Yoma aquí no hay nada.

A la juez, a la que familiarmente sus allegados la conocen con el sobrenombre de Chuchi para diferenciarla de su madre que se llama como ella, sólo le interesaba poder trasladarle a Menem que los demás miembros del clan Yoma quedaban fuera de la investigación. Karim y Emir, cuñados del mandatario argentino, habían sido durante años sus valedores en la región de La Rioja. Tras su amarga experiencia en el 'Yomagate', un caso que marcó a la jueza de por vida, los pasos de Servini de Cubría se cruzaron con los de Garzón en las investigaciones sobre el genocidio franquista.

De Cubría, sólo tres años menor que Martín Villa, había sido magistrada durante la Dictadura Militar argentina

La denuncia presentada en Argentina por un grupo de españoles allí residentes, valiéndose del concepto de Justicia Internacional, recayó en su juzgado federal. Paradójicamente, el magistrado del 'Yomagate', el primer caso judicial que le había facilitado proyección internacional -su nombre apareció en el New York Times y Washington Post- y después que había sido expulsado de la Audiencia Nacional, entre otros, por sus pesquisas sobre las fosas de la Guerra Civil, unía sus intereses a los de quien había sido su antagonista años atrás.

Proceso contra Martín Villa

Los demandantes de la memoria histórica le pedían a Servini de Cubría que solicitara a España los nombres y domicilios de los ministros de los gobiernos españoles entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. También querían saber las identidades de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española. Tras meses de indagaciones, la juez Servini de Cubría actuaba contra Rodolfo Martín Villa, que había sido ministro de la Gobernación entre el 5 de julio de 1976 y 5 de abril de 1979 durante el mandato del primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez. Antes había sido ministro de Relaciones Sindicales en los gobiernos de Carlos Arias Navarro y con Juan Carlos I ya como Rey de España.

Se daba la circunstancia de que Servini de Cubría, sólo tres años menor que Martín Villa, había sido magistrada durante la Dictadura Militar argentina. Servini, ordenó en octubre de 2014 la detención del exministro y exvicepresidente con Calvo Sotelo por la represión de la concentración de los trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fallecieron cinco personas y resultaron heridas más de cien. La magistrada encuadraba el suceso dentro de sus investigaciones por los casos de crímenes franquistas, cuando Franco había fallecido un año antes. El exministro español no tenía la suerte de quien lo sirviera y cubriera.