La UDEF pide a la Intervención que aclare si la Junta desvió dinero público de los cursos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado la ayuda de la Intervención General de la Junta de Andalucía para aclarar qué ocurrió realmente con las partidas presupuestarias de las que salió el dinero malversado en el fraude de los cursos para trabajadores. Los investigadores quieren averiguar si los fondos se gastaron en subvencionar este tipo de programas formativos, como defiende la Junta de Andalucía, o si, como sospechan los agentes, parte del dinero fue desviado para otros fines.

La solicitud de la UDEF se enmarca en el rastreo del dinero evadido por la trama Edu, un caso que ya suma más de 250 detenidos por presuntas irregularidades relacionadas con esos fondos. Hasta ahora, la mayor parte de las pesquisas se han centrado en los beneficiarios de las subvenciones, entre los que figuran academias, asociaciones, fundaciones, sindicatos, patronales e instituciones de capital público, entre otras entidades. Pero los expertos en delitos económicos de la Policía han comenzado a dar los primeros pasos en su siguiente objetivo: localizar el dinero para formación que presuntamente habría sido desviado en la cúspide de la red corrupta que habría operado durante más de una década en Andalucía.

Primeros informes del periodo 2009-2012

El pasado verano, tras conocerse que la UDEF tenía en marcha esta investigación, la Intervención General decidió realizar un estudio sobre los procedimientos administrativos que habían aplicado los diferentes Gobiernos socialistas de la Junta entre los años 2009 y 2012 para repartir el dinero de la formación en cada una de las ocho provincias.

La Intervención concluyó que el organismo autonómico encargado de gestionar esas partidas, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había cometido continuas irregularidades en la adjudicación de las ayudas, así como en su supervisión y en los mecanismos para recuperar el dinero que presuntamente se había utilizado para un fin distinto al que buscaban las subvenciones. En algunos casos, como en la provincia de Huelva, la Intervención detectó incluso una “falta de seguimiento de los procedimientos establecidos” por parte de la administración regional.

Esas conclusiones, que ya han sido incorporadas a los juzgados ordinarios que investigan por separado los cursos en cada una de las ocho provincias, refuerzan las tesis de la UDEF. Sin embargo, a pesar de su relevancia, tienen un peso reducido en el procedimiento. La Intervención seleccionó al azar los expedientes de ayudas en los que centró sus trabajos y sólo algunas de las empresas estudiadas por ese organismo coinciden con las que también son objeto de las averiguaciones de la Policía.

Un decreto que propició el fraude

Por este motivo, la UDEF ha solicitado a los jueces que instruyen la causa en cada una de las provincias que autoricen la petición de un nuevo informe a la Intervención que se concentre únicamente esta vez en los expedientes que están siendo analizados en la Operación Edu.

Los expertos en delitos económicos de la Policía quieren que el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa presupuestaria se pronuncie sobre las presuntas irregularidades en los cursos que ya se han detectado durante los tres años que se prolonga ya el caso. Pero el principal objetivo de la UDEF es que la Intervención determine qué ha ocurrido con las partidas presupuestarias concretas de las que se nutrieron los expedientes de ayudas fraudulentos.

La Policía sospecha que los responsables de la Junta pudieron sustraer dinero público del circuito legal aprovechando las modificaciones que aprobó el Gobierno de José Antonio Griñán en 2009 en la normativa de concesión de estas ayudas. El decreto estableció que el 75% de la cuantía de la subvención se entregaría por adelantado y que el 25% restante se transferiría después de comprobar que el programa había cumplido con todos los requisitos legales.

El mecanismo buscaba supuestamente agilizar el reparto de los fondos. Pero la UDEF sostiene que la falta reiterada de controles que ha detectado en los expedientes pudo pretender en realidad que el 75% adelantado nunca fuera reclamado por la Administración y, sobre todo, que nadie se preocupara por el otro 25% que se había quedado pendiente de una revisión final.

No aparecen 1.000 millones

El Gobierno de Susana Díaz asegura que ese 25% de las ayudas que no llegaron a entregarse fueron reabsorbidos por el presupuesto. Sin embargo, los agentes de la UDEF sostienen que ese dinero, que ascendería a 1.000 millones de euros, pudo acabar en los bolsillos de los responsables políticos de la Junta. Por lo pronto, los investigadores aún no han conseguido localizar esos fondos. Esperan que la Intervención General de la Junta aclare cuál fue su verdadero destino.