Imbroda, tras declarar: "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos"

El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos", al preguntarle por su declaración realizada como imputado en el Tribunal Supremo por un presunto contrato fraudulento a un abogado. Durante una hora y cuarto de interrogotorio, ha intentado demostrar que la contratación del letrado se realizó con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos de su gobierno.

"Tengo la conciencia tranquila, está todo explicado", ha señalado a su salida del alto tribunal, donde ha explicado que ha entregado al magistrado instructor Francisco Monterde toda la documentación relativa al abogado en la primavera de 2001. Por el tiempo transcurrido, "he tenido que hacer un esfuerzo para recordar lo que pasó", ha señaldo Imbroda, quien ha insistido en que no tiene "ninguna doblez ni ninguna mala intención para nada"

El presidente de Melilla ha indicado que a pesar de su imputación por prevaricación no tiene intención de dimitir y aclara que está a disposición del presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien deberá decidir qué futuro quiera para él. "Melilla es una ciudad compleja y no le viene bien las inestabilidades", ha añadido. El dirigente 'popular' mantiene que existen informes suficientes para demostrar que no había ninguna intencion de ilegalidad. "Creo que actué en derecho y por supuesto siempre actué en conciencia", recalca.Por eso, ha insistido que está tranquilo y contento por haber declarado y despejar las incógnitas.

Este asunto lo investiga el Tribunal Supremo después de que el juez de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, enviara al alto tribunal una exposición razonada ante la aparición de indicios que a su criterio implican a Imbroda en la contratación supuestamente irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

Dicha exposición alude a una investigación que apunta la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos y sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello. El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de abogados en 2001, cuando la ciudad autónoma contrató al letrado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas.